Concretamente, el senador cordobés quiere que el Gobierno aclare si prevé revisar la legislación hipotecaria para suprimir el "anacrónico privilegio" por el cual los obispos de la Iglesia Católica pueden actuar como fedatarios y emitir certificaciones de dominio sobre bienes inmobiliarios para "adueñarse de ellos" mediante su inmatriculación –inscripción por primera vez– en el Registro de la propiedad.
En la formulación de su pregunta el senador recuerda que el Obispado de Córdoba se valió de la Ley Hipotecaria franquista, de 1946, para registrar a su nombre la Mezquita, pese a que el reglamento hipotecario del año siguiente puso coto a la ley y excluyó los templos destinados al culto religioso de la posibilidad de registrar a su nombre propiedades sin dueño.
En la misma prosigue indicando que con la reforma de 1998, el PP retiró esa excepción del reglamento permitiendo a la Iglesia "apropiarse" de edificios de dominio público "aunque sean patrimonio de todos los españoles, simplemente alegando que una propiedad les pertenece "desde un tiempo inmemorial" y que el obispo dé fe y certifique que pertenecen a la Iglesia.
En ese sentido, Mariscal señala que para esa certificación por parte de un obispo no es necesario que ningún poder público o notario dé su visto bueno "dado que a estos miembros de la Iglesia católica se le supone que actuaran bajo el criterio de la rigurosidad" y entiende que de ese modo "la Iglesia mantiene un poder que le fue otorgado en la posguerra y que le da un rango equiparable a un organismo público".
El senador recuerda que es posible revocar el título de la propiedad en los diez primeros años desde la inmatriculacción del bien, con lo que a la Mezquita le faltarían dos años, hasta 2016, para pasar a ser "propiedad eterna" de la Iglesia Católica, por lo que considera que "urge" que una administración pública reclame la titularidad del monumento y que se modifiquen sendos artículos de la ley hipotecaria y del reglamento para que la edificación, que es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, pueda tener titularidad pública.
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