Los fiscales de Roma han ordenado el registro de la cooperativa representada por el hermano del cardenal defenestado por Francisco Angelo Becciu quien es sospechoso de «malversación» por el supuesto desvío de fondos destinados a la ayuda a necesitados a esta sociedad.
Hace ahora nueve meses, el papa Francisco lo llamaba a su habitación de la Casa Santa Marta. Era 24 de septiembre. De allí, el cardenal Angelo Becciu salía apesadumbrado: Bergoglio le había exigido su renuncia como prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y, sobre todo, le había retirado todos los privilegios de un cardenal: no podría participar en un cónclave, ni ejercer como tal. Una decisión dura, la más grave referente a un purpurado en el último siglo, junto a la expulsión del sacerdocio del pederasta McCarrick (también tomada por Francisco).
¿Por qué? Por haber –presuntamente– utilizado el dinero del Óbolo de San Pedro y sus contactos como Sustituto de la Secretaría de Estado para comprar y vender edificios de lujo en Londres y otras capitales europeas, crear una ‘diplomacia paralela’ a la de la Santa Sede y financiar irregularmente empresas propiedad de su familia. Ahora, entra en juego la Justicia italiana, que ve indicios de «malversación de fondos» en el ‘caso Becciu’ y ya ha comenzado los registros.
Y es que este miércoles la Fiscalía de Roma, a petición del Promotor de Justicia del Vaticano, ha ordenado el registro de las oficinas jurídicas, administrativas y operativas de Spes, cooperativa representada legalmente por Antonino Becciu, hermano del purpurado sardo defenestrado por el Papa hace algo más de medio año.
Quien fuera Sustituto de la Secretaría de Estado está siendo investigado «por varias hipótesis de malversación de fondos, cometidas como funcionario público del Vaticano, mediante la transferencia de fondos públicos del Vaticano a la cooperativa social de responsabilidad limitada Spes». A su vez, la Justicia ha ordenado registros en la diócesis de Ozieri (Cerdeña) y en la Cáritas diocesana, a la que supuestamente se derivaron parte de los fondos de Secretaría de Estado y el Óbolo de San Pedro investigados dentro de una trama que tiene como telón de fondo la compra-venta de edificios de lujo en Londres y otros enclaves estratégicos, y una supuesta ‘diplomacia paralela’ promovida por Becciu y gestionada por la que se considera ‘dama del cardenal’, Cecilia Marogna.
La defensa de la ‘dama de Becciu’
Una Marogna que, por cierto, ha escrito al embajador italiano para pedir su intercesión ante las autoridades vaticanas y que, de una vez, se defina si se la procesa o no. La empresaria está siendo investigada por la Oficina del Promotor de Justicia del Vaticano bajo la acusación de haber gastado 575.000 euros en artículos de lujo que le habían sido confiados por la Secretaría de Estado en virtud del encargo –recibido del propio Becciu, como atestigua la carta de presentación firmada por el entonces cardenal– de prestar «servicio profesional como analista geopolítico y consultor de relaciones exteriores para la Secretaría de Estado Sección de Asuntos Generales».
Ocho meses después de su detención, Marogna denuncia la «inacción voluntaria de las autoridades vaticanas» que le impide «buscar otros puestos de trabajo» a pesar de que se ha visto privada, «precisamente gracias a la labor» de las autoridades vaticanas, de «cualquier forma y posibilidad de sustento».
En la carta, revelada por AdnKronos, los abogados vuelven a relatar la historia, señalando que Cecilia Marogna «ha sido ilegalmente detenida, y limitada su libertad y deslegitimada, denigrada» también a través de informaciones publicadas en la prensa «atentando contra la dignidad, el honor y el decoro de la misma (por lo que ahora, y a pesar de ello, la señora Cecilia Marogna en el imaginario colectivo se transfigura como ‘Lady Becciu’ o la ‘Señora Cardenal’).
Volviendo a Becciu, el fiscal de Roma subraya «la existencia de relaciones económicas entre estos sujetos, así como un informe de operaciones sospechosas relativas a las mencionadas transferencias de dinero»,por lo que es preciso «adquirir toda la documentación contable y fiscal relativa a las relaciones económicas que se produjeron en el periodo de interés entre la cooperativa social de responsabilidad limitada Spes y la Diócesis de Ozieri, ya que el examen de dicha documentación es imprescindible para demostrar la existencia de la hipótesis de malversación de fondos públicos por la que Becciu está siendo investigado».
