Hace unos días fue presentada en el Senado de la República una iniciativa sobre la laicidad del Estado. Para comprender la trascendencia de tal propósito, es importante saber, en primera instancia, que, en su acepción más simple, laicismo significa que no existe dentro de las actividades del Estado ningún poder, autoridad o dominio impuesto por alguna autoridad religiosa o secular ajena al propio Estado. Como una seguridad que protege los derechos como ciudadanos, el laicismo nos garantiza que nunca veremos la imposición de una sola verdad religiosa o de índole dogmática como una política de Estado.
Por otra parte, es fundamental precisar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos recoge principios, reglas y valores que marcan la pauta de conducta y el modelo de organización del Estado mexicano; es decir, en la Carta Magna se determina el ser o modo de ser del Estado, se define su esencia y se reconoce el pacto social a través del cual se funda y se da estabilidad a nuestro modelo de organización social.
Entre los principios históricos que recoge nuestro elenco constitucional, encontramos el contenido en el artículo 130 constitucional, que se puede identificar como "Separación del Estado y las Iglesias" y que fue, sin duda, un triunfo histórico del modelo liberal impulsado por Benito Juárez y otros grandes pensadores del Siglo XIX, quienes nos legaron su determinación por una sociedad libre de dogmas religiosos y de cualquier otra índole.
Aunado a todo lo anterior, es importante destacar que se acaban de cumplir 150 años de la expedición de la Ley sobre Libertad de Cultos (4 de diciembre de 1860), enmarcada en la promulgación de las Leyes de Reforma en la época juarista. Dicho evento nos lleva a reflexionar sobre el momento que vive la laicidad del Estado mexicano.
Lo anterior viene a cuenta porque se tiene que concientizar que a pesar de que los principios de democracia, federalismo y representatividad se han tornado realidades en México, recientemente se han suscitado hechos que nos obligan a defender la laicidad de nuestra República. Resulta vergonzoso que no aprendamos de nuestra historia, que olvidemos que para acceder a las transformaciones sociales y políticas que se han alcanzado en este país, históricamente se ha requerido contar con un Estado libre de imposiciones dogmáticas y de creencias con pretensión universal.
Debido a la actualidad y realidad que vivimos como sociedad y como país, es indispensable incorporar de manera expresa, transversal y eficiente el carácter laico del Estado a nuevas disposiciones constitucionales que regulan aspectos como la educación, la salud sexual y reproductiva, la libertad de creencia y de culto, el modelo de organización del Estado y hasta el mismo principio histórico que recoge el laicismo. La iniciativa presentada en el Senado pretende hacer más eficientes las normas que contemplan esas figuras y llevar de manera expresa al texto constitucional el carácter laico del Estado; es decir, se busca inaugurar una nueva etapa en la laicidad del Estado mexicano.
En lo fundamental, la iniciativa propone fortalecer la laicidad de manera transversal en nuestra Carta Magna. En este sentido, se proponen reformas para que esta laicidad exista como garantía de libertad en las creencias religiosas y como realidad de una educación libre de dogmas (Art. 3º); como un derecho a la libertad sexual y reproductiva (Art. 4º); como una libertad en las convicciones filosóficas (Art. 24); como una característica fundamental de nuestra República (Art. 40); como un elemento sustantivo en los gobiernos estatales (Art. 115); como una obligación de los ministros religiosos de no oponerse al propio laicismo (Art. 130).
Con las reformas a los citados artículos se busca fortalecer los rasgos de laicidad que están contenidos en la Constitución e incorporarlos de manera transversal a todos los artículos que tengan relación, de manera tal que las instituciones democráticas no vean amenazada su pluralidad y tolerancia.
No debemos olvidar que la laicidad es una idea central que diversas repúblicas han sabido defender y mantienen vigente, pues se entiende que toda renuncia a la libertad, aún sea con riesgo de exponer la vida, es una oprobiosa condición para la ciudadanía.
