De nuevo al cabo de la calle, hay una curiosa polémica y un debate social, a tres bandas; uno representado en los medios de comunicación con las posiciones de insignes catedráticos que invocan el derecho social de la iglesia a estar ahí, en plena sociedad y con todos los derechos que le otorgan diversos acuerdos Estado –Santa Sede, y en el campo contrario los defensores de una laicidad para España como un estado de la cuestión para el siglo XXI.
Otro en los ámbitos escolares, el debate está servido con el conflicto libertad religiosa y presencia de la religión en los Centro públicos de Enseñanza, que ha vuelto a la palestra con los despidos de diversos profesores por no ajustarse sus comportamientos a la ética cristiano-católica.
Y como parangón a todo ello, el asunto de Gescartera y la inversión por parte de diversas organizaciones eclesiales de diverso pelaje que han metido sus “ahorrillos” unos 2.500 millones en la marrullería económico-política del nuevo estado liberal del Sr. Aznar.
Ello ha denotado también la variada y diversa vara de medir y de juzgar de la iglesia española que representa su alta jerarquía, que ante la primera de las posiciones invoca la obligación del Estado a sostener a dicha institución eclesial en base a que ella ayuda a difundir su doctrina sobre el hombre, la patria y la familia, valores que contribuyen notablemente al desarrollo y al bienestar social de nuestro suelo patrio y por tanto ante ello pide y reclama contraprestaciones y una cualificada protección.
Cuestión que no deja de causar alguna que otra risa en tanto como decía el catedrático Dionisio Llamazares “baste recordar la intolerancia religiosa y sus funestas consecuencias en la historia. Las creencias religiosas o no, son ambivalentes. Benefician y perjudican la convivencia dependiendo de su grado de dogmatismo y consecuente sectarismo”. Por lo tanto si la Carta Magna define al estado como laico, lo cual debe llevar necesariamente a éste a una estricta y escrupulosa neutralidad, no se entiende bien esa defensa de los valores y el derecho social que parece invocar la iglesia para mantener sus prerrogativas, y sean tan bien atendidos por parte del Estado, como tampoco se entiende aún el mantenimiento de los viejos acuerdos de 1979.
Y menos aún, se entiende, la presencia dentro de esa estricta neutralidad (evitando toda discriminación negativa o positiva) de los profesores- catequistas dedicados a dar clases de religión en los Centros Públicos de Enseñanza que son, y así han de ser considerados como partícipes de la normas y dogmas que maneja la jerarquía católica y por tanto portadores de unas directrices sociales cuyo control en cuanto a contenidos no parece ejercer nadie, salvo los obispos que piden, y ahí si están en su derecho, y exigen que tales profesores-catequistas, sigan unas pautadas conductas con arreglo a las exigencias canónicas, y que cuando éstas se crean vulneradas se proceda rescindir el contrato. Queda claro que no se puede entrar en el sistema educativo por la puerta trasera, como fue el acuerdo de 1979 y el convenio que en 1993 firmó el MEC con la Conferencia Episcopal que vulnera la Ley de Función Pública y la propia LODE, como ha sucedido con los profesores de religión, (hoy unos 14.000) y luego querer pasar por modernos exegetas de la teología de la liberación y apóstoles del más ecléctico laicismo, como les ha pasado a los profesores despedidos por el respectivo Sr. Obispo.
Y a todo ello se une la iglesia como poder económico, que se nutre de abundantes fondos debido a un mal entendido “derecho social” de ésta, que le reporta unos 24.000 millones por unos vergonzante acuerdos de 1979, y que parte de ellos han sido invertidos buscando altas rentabilidades enfrascadas en una cultura de ambición y avaricia, para que luego venga el obispo de turno a decirnos y a exigirnos que no miremos a estas sociedades inversionistas como sujetos de especulación sino como víctimas. Ahí también debería la jerarquía católica ser exigente en materia ética, juzgando tan severamente como juzga a aquellos que deben imponer en los colegios sus directrices, y se saltan a la torera ciertos preceptos. Y es más, también ser el Estado un fiel cumplidor y garantizador de esa neutralidad que se debe auto-exigir todo estado laico y fiel fiscalizador de esos miles de millones que tan generosamente suelta a unos, que tan cicateramente niega a otros.
La defensa del laicismo, en estos tiempos y en estas tesituras es difícil, pero debe ser no ya una cuestión u opción personal, sino una bandería de las propias instituciones del Estado y como no, de los propios partidos políticos, y sindicatos (muy mediatizados por el clientelismo) junto con el resto de la sociedad civil, los que debieran apuntar al máximo de libertad por medio del máximo rigor intelectual y moral, lo cual exige un pensamiento libre y como decía Cl. Nicolet en su trabajo sobre la república en Francia: ¿Que hay más difícil que el pensamiento auténtico y la auténtica libertad?
En eso estamos
