Iglesia en México respalda proyecto de reforma de ley de asociaciones religiosas que limitaría el Estado laico

Normal que los obispos de México, igual que han hecho iglesias evangélicas, apoyen una reforma de la Ley que supondrá un retroceso en la laicidad del Estado y un incremento de los privilegios de las confesiones religiosas. Ayer se comentaba el alcance de esta reforma (AQUÍ)


El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Mons. Rogelio Cabrera López, expresó su respaldo por un proyecto de ley que busca reformar la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público.

En diálogo con la prensa local este 22 de diciembre, el también Arzobispo de Monterrey dijo que “me gusta mucho la propuesta, porque queda encuadrada dentro de los derechos humanos”.

El Prelado destacó que en México “los ciudadanos tienen derecho a creer y a no creer, derecho a pertenecer o a no pertenecer a una iglesia o religión. Este es el punto de partida y es muy importante”.

La reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto fue presentada recientemente por la senadora María Soledad Luévano Cantú, de Morena, el partido del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El proyecto fue derivado para su estudio en comisiones del Senado.

En México, donde los conflictos del Estado contra la Iglesia han sacudido al país desde mediados del siglo XIX, el proyecto de reforma ha sido recibido con críticas, por supuestamente afectar el “Estado laico”.

La separación de Iglesia y Estado se remonta a mediados del siglo XIX, cuando una serie de gobernantes, entre ellos Benito Juárez promulgaron las leyes conocidas como “de reforma”. Estas nuevas normas hicieron que, entre otras cosas, se nacionalizaran los bienes eclesiásticos.

Las tensiones se intensificaron a inicios del siglo XX, con la promulgación de la Constitución de 1917 y con la ley de tolerancia de cultos, conocida como “Ley Calles”, de Plutarco Elías Calles, que llevaron a prohibir la existencia de las congregaciones religiosas, así como a una serie de restricciones a los sacerdotes y el culto público.

La Ley Calles disparó la Guerra Cristera en 1921, que causó decenas de miles de muertes tanto en el bando del Estado como en el de los insurgentes que defendían la libertad religiosa, conocidos como “cristeros”.

La Guerra Cristera culminó oficialmente en 1929, aunque la persecución religiosa se extendió durante algunos años más.

No fue sino hasta las reformas constitucionales de 1992 y la promulgación de la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público, ese mismo año, que la Iglesia Católica pudo tener personalidad jurídica en México, y se dejaron de prohibir las “órdenes monásticas”.

Los templos católicos construidos antes de 1992 aún son considerados propiedad federal y la Iglesia tiene prohibido poseer canales de televisión y radioemisoras.

Para Mons. Cabrera López esta modificación a la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público le daría “libertad a los ciudadanos, pero también al Estado le da la libertad de ser autónomo, de ser independiente, contra cualquier lectura que puede hacer de que se rompe la laicidad”.

“Creo yo que no hay una ley tan laica como esta que se ha presentado, porque para nada aparecen los privilegios ni los amiguismos entre los gobernantes y los pastores”, aseguró.

Sin embargo, en días recientes el propio Presidente de México se manifestó en contra de la reforma propuesta.

El 18 de diciembre, en conferencia de prensa, López Obrador dijo que “ese tema no debe tocarse”.

“Considero que eso ya está resuelto desde hace más de siglo y medio, creo que eso se resolvió, la separación del Estado y de la Iglesia. A Dios lo que es Dios y al César lo que es del César”.

Para López Obrador, la mayoría de los mexicanos “está de acuerdo en que prevalezca el Estado laico, lo que establece la Constitución. Y el Estado laico, también hay que decirlo, significa garantizar la libertad religiosa”.

El Presidente de México expresó que “no debemos auspiciar nada que signifique confrontación”.

Para el Presidente de la CEM, la reforma de la ley no afecta el Estado laico.

“Ningún sacerdote, ningún obispo, pueden pretender tener poder en el país”, dijo, y destacó que el proyecto “está muy bien, aunque no dice expresamente que debe mantenerse la separación Iglesia-Estado es suficientemente clara que ya no puede haber privilegios, y por supuesto ya sería trasnochado imaginar un gobierno en maridaje con alguna religión”.

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