En nuestro país, la educación privada eclesiástica avanza desde hace años de la mano de la política de todos los gobiernos. La iglesia católica concentra el 64% del sector educativo privado. El Estado paga multimillonarios subsidios, desfinanciando la escuela pública.
En la Ciudad más rica del país, miles de familias no consiguen lugar en la escuela pública porque faltan más de 22.000 vacantes. Caen en escuelas privadas religiosas, las únicas a las cuales pueden acceder pagando una cuota “modesta” en comparación a las escuelas laicas. Es que estas escuelas, las confesionales, son las que mayor subsidio del Estado reciben. A su vez, las estudiantes terciarios y docentes nos vemos obligados a recurrir al sistema privado para poder trabajar donde terminamos, muchas veces, en las manos de los mismos empleadores: la escuela confesional, en especial, la católica.
Estas patronales de la educación privada son de las más beneficiadas por el Estado. En la ciudad de Buenos Aires, del total de 691 escuelas religiosas, 363 reciben el 100% del subsidio y 191 reciben el 80%. Dicho de otra manera, más de 550 escuelas privadas religiosas reciben más del 80% del subsidio estatal.
Sumado a los beneficios económicos, estos actores tienen una verdadera injerencia en la elaboración de políticas públicas: no solamente en sus instituciones en donde deciden no enseñar determinados contenidos (como la ESI) o bien contraponerlos a sus creencias en virtud de un supuesta “pluralidad” y “diversidad”, como si diera lo mismo la teoría del big bang que “enseñar” que “Dios creó el cielo y la tierra”. Pero además, fuera de sus instituciones, instalan campañas masivas en contra de los derechos conquistados por las y los docentes como la que se dio en el marco del debate sobre el aborto legal en el 2008 “con mis hijos no te metas”.
¿Cómo llegamos a esta situación?
La influencia religiosa en la educación se remonta a la conquista de América donde todas las órdenes católicas (especialmente la jesuita) participaron de la ocupación de continente y de la destrucción de la cultura de los pueblos originarios en base a su “evangelización”.
Con el nacimiento del Estado argentino, a pesar a la sanción de la ley 1420, la Iglesia católica combatió a liberales, “reformistas” y socialistas, haciendo lobby para que se mantenga la enseñanza religiosa en las escuelas públicas.
Su alianza con los distintos gobiernos militares desde el golpe del 30 en adelante llegó a su consolidación cuando el primer gobierno de Juan D. Perón convirtió en ley el decreto 18411/43 que hacía obligatoria la enseñanza de religión en las escuelas y legitimando a la educación privada (mayormente católica) con la ley 13.047, que además establecía la obligación de estado de pagar subsidios al sector.
Con los distintos gobiernos se profundiza la participación de los representantes de la educación privada religiosa en los organismos públicos, se establecen escalas para el pago de subsidios que llegan al 100% del salario docente y se llega a establecer con Onganía a la educación “pública de gestión privada”.
Con el golpe del 76 el vínculo de la dictadura y la iglesia se hace estrecho, casi simbiótico. El gobierno militar hablaba de combatir a la “subversión” y defender los valores de la “familia cristiana y occidental”. La perspectiva educativa se hace totalmente religiosa y se avanza, por ejemplo, en emitir 5 decretos (aún vigente) para pagar sueldos y jubilaciones a curas, obispos, arzobispos y aportes a las diócesis.
Con el gobierno de Menem se sancionan la Ley Federal de Educación (LFE) en 1993 y la Ley de Educación Superior (LES) en 1995. Los representantes de la educación privada participan en la elaboración de ambas leyes, así como en la ley que transfiere las escuelas nacionales a las provincias, lo que fragmenta en 24 subsistemas educativos, degradando la educación pública y permitiendo el avance de la escuela privada, que recibirá cada vez más subsidios de gobiernos nacionales y provinciales.
Este esquema se continúa durante los 12 años del gobierno Kirchnerista, con la sanción de la Ley de Educación Nacional que reconoce al sector privado sosteniendo la distinción de educación “pública” de “gestión estatal y gestión privada”, poniendo al estado en un rol subsidiario y manteniendo aspectos muy negativos de la LFE como la fragmentación del sistema educativo.
Luchemos por un sistema único de enseñanza estatal laico
Queda claro que el avance de la privatización en la educación encuentra en las iglesias (particularmente la católica) como sus principales agentes e impulsoras. Con el apoyo del Estado y la integración de los representantes confesionales a distintos organismos públicos, el sector privado confesional viene siendo parte de la elaboración de políticas públicas para la educación la elaboración de programas educativos y acaparando fondos estatales que faltan para escuelas que se caen a pedazos, con bajos salarios docentes y con la entrega de comida de mala calidad para niñeo y familias que están siendo golpeadas por la crisis.
Por todo esto se hace necesario la separación de la iglesia y el Estado. Tenemos que luchar para:
- Derogar toda ley que establezca la “obligatoriedad” de sostener al culto religioso.
- Basta de subsidios a la Iglesia y sus escuelas. En esta crisis necesitamos mas presupuesto educativo para fortalecer a la escuela pública
- Que los curas no decidan los contenidos de la educación pública.
- Que se aplique la ESI en todos los niveles del sistema público y privado.
- Que no haya ningún despido ni rebaja salarial o pago en cuotas de los sueldos o el aguinaldo del personal de la escuela privada.
- Incorporar al sistema público de toda escuela privada que cierre. Nacionalización bajo un sistema único de todos los niveles educativos.
- Vacantes para todos en la escuela pública.
Esta es la única forma de terminar con la influencia religiosa en la educación. Pero la única salida de fondo es unificar el sistema público con el sistema privado, para terminar con el negocio de la educación privada y ponerla al servicio de la mayoría trabajadora.
