Un tribunal francés demuestra, de esta manera, que en la vocación religiosa también existe una relación laboral.
El despido improcedente también existe en el ámbito eclesiástico. Al menos, así lo demuestra una sentencia de un tribunal de Lorient, en Bretaña, que ha condenado al Vaticano a pagarle 200.000 euros a una monja dominica por exclaustrarla de manera irregular.
Se trata de una sentencia prácticamente inédita que demuestra que la vocación religiosa no excluye el hecho de que cualquier congregado o miembro de las diferentes jerarquías de la Iglesia mantiene, al fin y al cabo, una relación laboral con la institución.
La víctima es sor Marie Ferréol, quien desde 1987 vivía en Pontcallec. Allí pertenecía a la Comunidad de Hermanas Dominicas del Espíritu Santo, cuyas integrantes habitaban un monasterio en el que se dedicaban a la oración y la enseñanza, según publica el diario Le Monde.
Los condenados son, particularmente, la propia comunidad, un excardenal canadiense llamado Marc Ouellet, así como dos de sus colaboradores, Jean-Charles Nault, padre abad de la abadía de Saint-Wandrille (Sena Marítimo), y Emmanuelle Desjobert, madre abadesa de Notre-Dame de Boulaur (Gers).
“Graves sucesos” en el monasterio
Todo comenzó en 2011, cuando sor Marie Ferréol denunció ante el Vaticano “graves abusos y sucesos” en el monasterio. El reclamo de la monja no se atendió hasta nueve años más tarde, cuando, al parecer, la relación entre las hermanas de la Comunidad había empeorado.
En 2020, el papa Francisco envió a Pontcallec al cardenal Marc Ouellet en una misión apostólica para que investigase lo ocurrido. El cardenal, que recientemente ha sido acusado de abuso sexual y ha solicitado al pontífice dejar su cargo “por motivos de edad”, se llevó consigo a Jean-Charles Nault y Emmanuelle Desjobert.
No ha trascendido lo que ocurría en el monasterio, pero meses más tarde Ouellet ordenó la expulsión temporal de sor Marie Ferréol y más tarde la convirtió en definitiva por sus “mentiras y simulaciones”, por “mal espíritu” y por haber creado un “clima de sospecha y de miedo” en el monasterio. No obstante, por razones de “confidencialidad”, no se le explicó de qué se la acusaba exactamente.
Su expulsión se ejecutó de manera abrupta: sin previo aviso y en mitad de la noche. Acto seguido, fue trasladada a un monasterio de Le Mans. La dominica trató entonces de denunciar lo ocurrido ante la institución eclesiástica, pero, como no le hacían caso, decidió acudir a un tribunal civil.
Ahora, la hermana dominica deberá recibir más de 200.000 euros que deberán aportar entre todos los condenados. Por un lado, la Comunidad de Hermanas Dominicas del Espíritu Santo deberá pagarle 33.622 euros por incumplir sus propias reglas de expulsión y no ayudarle cuando esta se produjo.
Por su parte, Marc Ouellet, Jean-Charles Nault y Emmanuelle Desjobert habrán de indemnizarla con 182.400 euros por “daños materiales”, así como con 10.000 euros por “daños morales”.
