La cultura de la intolerancia religiosa se estableció en México desde la conquista española. En España el Estado se había cohesionado en torno de la religión católica, con la expulsión de musulmanes y judíos. La Inquisición se erigió para perseguir al que pensara diferente. La alianza entre la corona española y la iglesia católica se selló mediante el establecimiento del Regio Patronato.
La iglesia, como aliada del imperio español, condenó a la insurgencia; excomulgó a sus miembros y se negó a reconocer la Independencia, hasta quince años después de consumada. Los papas Pío VII, León XII, Pío VIII y Gregorio XVI siguieron increpando al pueblo de México, para que aceptara el dominio español, hasta 1836. Después, el Pontificado se negó a firmar un concordato con los gobiernos mexicanos, no obstante que todas sus Constituciones, desde la de 1814, la federalista de 1824 reestablecida en 1847 y las dos centralistas (1836 y 1843), establecían un Estado confesional e intolerancia religiosa y por tanto reconocían a la iglesia como un poder constitucional.
Después de luchar por la independencia de España, el liberalismo mexicano buscó la independencia del Estado mexicano respecto de la iglesia. En 1833 una segunda generación de liberales quiso asumir el Patronato que había ejercido la corona española sobre la iglesia católica, por considerarlo un derecho de todo Estado soberano en el territorio bajo su jurisdicción. El pontificado lo rechazó por considerarlo una concesión que no iba a otorgar a un país cuya independencia no reconocía.
Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora intentaron someter a la iglesia convirtiéndola en órgano del Estado. Al mismo tiempo quisieron sustituir al ejército pretoriano por guardias cívicas. Las corporaciones eclesiástica y militar se unieron al grito de “¡Religión y fueros!” y el intento reformista fracasó. Una tercera generación del liberalismo emprendió una segunda reforma social y logró la creación del Estado laico mexicano.
Fue un largo y conflictivo proceso que inició en 1855 con leyes moderadas. La primera de ellas fue la ley de administración de justicia conocida como la ley Juárez por el apellido de su autor. La ley tenía el objetivo de establecer la igualdad jurídica de los mexicanos, razón por la cual limitó los fueros sin suprimir ni a los tribunales eclesiásticos ni a los militares, sólo se evitó que ventilaran delitos del orden común. No obstante, fue condenada por el papa Pío IX. El obispo de Puebla, Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, financió el levantamiento armado de Antonio Haro y Tamariz contra el gobierno. Ello provocó que se pasara de la secularización de los bienes del clero planteada desde 1833, a la nacionalización de los bienes del obispado de Puebla.
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La Constitución de 1857 incorporó las leyes reformistas, facultó al Estado para legislar en materia de culto y dio un paso trascendental al superar la intolerancia religiosa y dejar implícita la libertad de cultos. La iglesia sacó su arma más poderosa: la excomunión ipso facto a quienes juraron la Constitución. Estalló la guerra civil. En la parte más cruenta de la guerra se decretaron las leyes de Reforma. La legislación fue presidida por un manifiesto en el que el gobierno constitucional explicó que la iglesia había promovido la guerra civil. Por tal razón procedió a nacionalizar los bienes del clero para indemnizar a la República.
El corpus que conocemos con el nombre de leyes de Reforma consta de cuatro leyes y cuatro decretos. Dos son producto de la guerra: la ley de nacionalización de bienes del clero y el decreto de supresión de las corporaciones religiosas, y tres leyes son esenciales para la laicidad del Estado: la del matrimonio y el registro civil y la de libertad de cultos, así como los decretos de secularización de cementerios y de hospitales y el de días festivos, que evitó que los funcionarios asistieran con carácter oficial a actos religiosos. La ley de libertad de cultos significó la culminación de la reforma liberal. Acababa así la mezcla de la política y de la religión, que había prevalecido durante las cuatro primeras décadas de la vida independiente de México, separándose los asuntos civiles de los eclesiásticos.
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A la guerra civil siguió la guerra contra la intervención francesa y el segundo imperio. El jefe del ejército francés, Forey, lo primero que hizo al tomar la ciudad de México fue declarar que Napoleón III vería con buenos ojos el establecimiento de la libertad de cultos, principio esencial a los Estados modernos. Maximiliano ratificó las leyes de Reforma de Juárez, aunque declaró a la religión católica la religión oficial del Estado y por tanto quiso ejercer el Patronato.
Al triunfo de la República, Juárez intentó dar rango constitucional a las leyes de Reforma, pero las heridas estaban aún abiertas. Aplicó la legislación con indulgencia. Los propios conservadores como Francisco de Paula Arrangoiz consideraron que la iglesia gozó de más libertades con Juárez que con Maximiliano. En efecto, Juárez ya no buscaría hacer uso del Patronato al establecerse la completa separación entre Estado e iglesia. Fue en el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada en 1873, cuando se dio nivel constitucional a las leyes de Reforma. No obstante, fue hasta la Constitución de 1917, que reformó a la Constitución de 1857, que ya no se otorgó protección especial a la religión católica y no fue jurada por Dios. La jerarquía de la iglesia católica había apoyado a la contrarrevolución huertista, razón por la cual la revolución constitucionalista fue anticlerical. Después, el alto clero se enfrentó a los gobiernos emanados de la Revolución y promovió la rebelión cristera.
La cristiada concluyó con una negociación con el gobierno de Emilio Portes Gil. Dio inició una entente cordial, con base en la cual la iglesia fue retomando nuevamente fuerza política a ciencia y paciencia de los presidentes en turno, hasta que en 1992 se reformó la Constitución para otorgar personalidad jurídica a las asociaciones religiosas, y se establecieron relaciones diplomáticas con la cabeza de la iglesia católica.
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Al llegar el Partido Acción Nacional al poder, la jerarquía eclesiástica católica se está convirtiendo en un desiderátum de la política nacional; en un poder fáctico que busca abiertamente acabar con el Estado laico mexicano y restablecer un Estado confesional. El papa Pío IX condenó al liberalismo y el principio de soberanía del Estado en el Syllabus de 1864.
Fue hasta el Concilio Vaticano II en 1965, inspirado por el papa Juan XXIII, que la iglesia católica aceptó la separación de la iglesia y el Estado. Sin embargo, el papa Benedicto XVI alienta hoy un movimiento integrista que busca la unión de religión y política, de Estado e iglesia, mediante el restablecimiento de Estados confesionales. Ratzinger ha dado su bendición al movimiento de neocatecúmenos que encabeza en España Kiko Argüello y que pretende acabar con lo que llaman laicismo negativo del siglo XIX, para establecer un “laicismo positivo” que propicie la religiosidad, en particular el catolicismo. Es una nueva cruzada.
Lo anterior confirma lo señalado por Ernesto Renan de que la nación es el plebiscito de todos los días, que nada se da de una vez y para siempre. Hubo quienes pensaron que la separación del Estado y de la iglesia, como principio propio de todo Estado democrático, era irreversible, ya que también favorecía a la institución eclesiástica al respetar su autonomía. Se creyó que el Estado laico no tenía enemigos sino sólo malquerientes. Sin embargo, la abierta campaña de la iglesia contra la laicidad del Estado demuestra lo contrario. Las relaciones Estado-iglesia han vuelto al centro de la vida política mexicana.
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El episcopado ha planteado la necesidad de hacer una reforma constitucional para establecer una “verdadera libertad religiosa”, no de convicciones éticas y filosóficas. Quiere que se imparta religión en las escuelas públicas y que el Estado la subvencione. O sea, volver al Estado confesional anterior a las leyes de Reforma del periodo juarista. El propio cardenal Tarsicio Bertone, brazo derecho del papa Ratzinger, se manifestó en contra del “laicismo decimonónico” mexicano desde el teatro de la República en Querétaro. Aunque la Constitución vigente sólo mencione la palabra laica textualmente una sola vez, al señalar en el artículo 3 que la educación que imparta el Estado será laica, la laicidad del Estado está implícita en la Constitución, de otra manera no podría impartir educación laica un Estado que no lo fuera.
La violación reiterada a la laicidad del Estado por autoridades de los tres niveles de gobierno aliados a la institución eclesiástica y que han permitido su injerencia en los asuntos públicos, ha hecho necesario promover reformas constitucionales para reiterar explícitamente que la República mexicana es laica. La laicidad debe extenderse a todos los ámbitos del Estado mexicano como el sector salud. Hace falta también reformar al artículo 24, sustituyendo el concepto decimonónico de la libertad de cultos, un gran paso en el siglo XIX, pero que es insuficiente en el siglo XXI, donde no solamente debe haber libertad para profesar una religión sino para no tener ninguna.
Debe garantizarse tanto la libertad de conciencia, o sea la de profesar en forma privada cualquier culto, como la religiosa que implica exteriorizar su religión en actos de culto externo, y también el respeto a quienes no tienen religión y sí tienen derecho a sus convicciones éticas y filosóficas. El que en nuestro tiempo se haya criminalizado en 18 estados a las mujeres siguiendo la agenda dictada por la iglesia, que impone sus concepciones religiosas privando a las mujeres de su derecho a decidir sobre su cuerpo; el haber desatado la homofobia social al calificar de anormales y perversas a las personas homosexuales, violando lo establecido por la Constitución en cuanto a no discriminar a nadie por razón de su sexo o ninguna otra condición; el que se declare por las autoridades de la iglesia mayoritaria que no hay que obedecer a las leyes de los hombres sino sólo a las de Dios; nos habla de la crisis en que se encuentra el Estado laico en México y por ende nuestra democracia.
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Quienes nos formamos en la historiografía liberal, de la que la Revolución mexicana se hizo heredera, nunca pensamos que en el inicio del siglo XXI, fuera necesario defender al Estado laico mexicano, cuyo establecimiento costó tanta sangre. En este contexto cobra mayor significación el 150 aniversario de las Leyes de Reforma, que crearon al Estado laico mexicano. Los aniversarios son momentos propicios para la reflexión, pero en este caso la celebración pasa de ser un tema de efeméride histórica para convertirse en tema del debate político actual. De ahí la importancia de releer el manifiesto, las leyes, y circulares de la reforma liberal.
Tanto en el manifiesto firmado por Benito Juárez, Melchor Ocampo, Miguel Lerdo de Tejada y Manuel Ruiz, como en los considerandos y artículos de cada ley, así como las circulares de sus autores, se hace manifiesta la acción de la iglesia en contra del Estado mexicano y la razón que asistió a éste para asumir la soberanía a plenitud, terminando con la delegación de funciones que habían quedado en manos de la iglesia y sometiendo a la institución patrocinadora de la guerra a la autoridad soberana del Estado. El mayor legado de la generación juarista fue la independencia del Estado de la iglesia. La mezcla de los asuntos políticos y religiosos causó una guerra civil y la ocupación extranjera más prolongada y sangrienta que ha sufrido nuestro país desde su independencia.
La efeméride del sesquicentenario de las leyes de Reforma se presenta en el momento en que se requiere defender al Estado laico, por ello la lectura de estos textos fortalecerán no sólo la cultura histórica y jurídica, sino la política. Una ciudadanía informada lleva a una vida democrática. Sin laicismo no puede haber democracia.
Por ello, después de releer los textos de las leyes dados en plena guerra civil de Reforma en Veracruz, consideramos que la mejor forma de preservar el legado de la reforma liberal juarista es modificar el artículo 24 constitucional para establecer la libertad de conciencia y no solamente de cultos, y reformar la Constitución para señalar explícitamente que el Estado mexicano es laico.
