La asociación Derecho a Morir Dignamente ha hecho públicos algunos extractos de una carta que Ángel Hernández —detenido por dar una sustancia para ayudar a morir a su esposa Mª José Carrasco, enferma terminal de esclerosis múltiple— les hizo llegar, en la que les explicaba cuál era su situación.
Desde la asociación explican que Carrasco, de 61 años, vecina de Madrid, padecía esclerosis múltiple desde 1989. En 1994 le reconocieron una discapacidad del 82%. De profesión secretaria judicial, se jubiló en 1996, declarándose en ese año, en palabras de su marido, «una gran invalidez por esclerosis múltiple, con brotes repetidos, con una frecuencia de una o dos veces al año, marcha inestable, así como, incontinencia vesical y en ocasiones rectal. Precisa la ayuda de terceras personas para realizar las actividades cotidianas (deambulación, aseo, alimentación, vestirse, etc.)».
Según DMD, en 2007 la mujer solicitó una plaza en el Centro de Esclerosis Múltiple Alicia Koplowitz, entrando en lista de espera. En 2009 se le reconoció el grado máximo de dependencia (III), continuando en lista de espera para residencia.
Ángel Hernández Pardo, de 69 años, su marido, se jubiló anticipadamente a los 61 años para cuidarla, padeciendo por ello secuelas osteomusculares. Ante la necesidad de operarse de una hernia umbilical, en febrero de 2018 solicitó plaza temporal en una residencia, pero se vio obligado a aplazar la intervención en dos ocasiones, hasta el 11 de diciembre de 2018 en que, por fin, es intervenido el mimo día que Mª José ingresa en la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Santa Cristina, en Madrid, con una permanencia máxima de 15 días.
En este periodo, debido a su empeoramiento, Mª José acude en dos ocasiones a su hospital de referencia, recibiendo desde entonces la asistencia de cuidados paliativos en su domicilio.
A finales de marzo de 2019, Ángel envió una carta a la Asociación DMD en la que, tras exponer detalladamente los antecedentes citados, escribe: «Los cuidados paliativos y de buena calidad como los que ha recibido María José deben ser un derecho de todos aquellos que los necesiten y demanden, pero también tiene que existir el derecho al suicidio asistido cuando una persona como María José así lo pida».
Y continúa: «Los cuidados paliativos no son una alternativa a la eutanasia, los dos deben coexistir, y por libre elección decidir por uno de ellos. Que nadie piense o crea al leer este relato que si el trato por parte de la Comunidad de Madrid hubiera sido distinto -como era su obligación- al que recibimos eso nos hubiera hecho cambiar en nuestro posicionamiento respecto a lo que pensamos sobre la eutanasia. Somos defensores de que la eutanasia sea considerada como un derecho de libre elección de toda persona que arrastre una enfermedad irreversible en la que le produzca una existencia de dependencia y sufrimiento que no desea»
«Esta historia quedará concluida cuando María José en su derecho a poner fin a su malvivir y en uso de su libertad decida seguir adelante con su suicidio. Es evidente que el deseo de María José a fin de que se cumpla necesita que se le ayude, por su incapacidad a realizarlo por ella misma, y como es una constante en ella demandar ese auxilio no habrá más remedio que proporcionarle esa ayuda para que su deseo se cumpla».
La asociación Morir Dignamente pide en su comunicado de prensa a los diputados que sean conscientes del dolor que ocasionan a todos aquellos que como María José y su familia sufren no haberse legislado sobre la eutanasia.