COMENTARIO: La reforma va en la línea de extender los privilegios de la iglesia católica a otras confesiones religiosas, especialmente evangélicas, más que a una verdadera libertad de conciencia, que tenga en cuenta todas las convicciones, religiosas o no, y no conceda privilegio a ninguna de ellas, a fin de mantener la neutralidad que elo Estado debe mantener en este campo.
De acuerdo al Comunicado del 17 de Octubre del 2011, de la Dirección Nacional de Asuntos Inter-Confesionales, despacho adscrito a la Dirección Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia, se informa de manera implícita, la voluntad política de derogar el actual Reglamento de la Ley de Libertad Religiosa, el cual consagraba la desigualdad de trato entre el Estado con las entidades religiosas no-católicas, en el marco de su trato preferencial con la Iglesia Católica.
Cabe precisar, que el impulso de derogar dicho reglamento, se inicia en el espacio del Concilio Nacional Evangélico del Perú (CONEP), en el marco de sus principios y misión institucional. Este proceso fue acompañado por otras confesiones religiosas no-católicas, quienes coincidieron en compartir esta preocupación y aspiración.
Como consecuencia a este conjunto de impulsos, el equipo de trabajo de la Dirección Nacional de Asuntos Inter-Confesionales (del actual gobierno) elaboró un nuevo Ante-Proyecto de Reglamento de la Ley de Libertad Religiosa, en donde -según ellos- atiende las observaciones planteadas por las entidades religiosas no-católicas (revisar Comunicado). Además, precisan que existe un plazo de 5 días útiles, a partir de su publicación en el diario oficial El Peruano para que las entidades y personas interesadas ofrezcan su opinión al respecto. El plazo referido, se inicia el día Viernes 28 de Octubre (hoy) y concluye el Viernes 4 de Noviembre del 2011.
Es necesario y urgente, que las entidades religiosas no-católicas analicen el texto con el objeto de ir afinando su contenido en el marco de un proceso conciliar; es decir, las entidades interesadas aborden a un consenso a fin de afirmar un proceso institucional inclusivo; con el objeto de no construir un reglamento sobre soluciones pragmáticas (toma y daca) y acuerdos de mayorías, que solo expresan, un desarrollo normativo que se aleja de los principios de la equidad y de la inclusión social.
Este ante-proyecto de reglamento, supera en mucho al actual reglamento; no obstante, no refleja la totalidad de aspiraciones de las confesiones religiosas no-católicas; lo que significa, que estamos próximos a un avance en la construcción social de la libertad religiosa en el marco de la diversidad de manifestaciones religiosas; este proceso, no implica, que haya empezado la construcción de la igualdad religiosa, tanto en la dimensión privada como en la dimensión colectiva de quienes confiesan una religión distinta a la católica; este, es un asunto que seguirá pendiente en la agenda nacional, mientras subsista el Art.50 de la Constitución Política del Perú (actual). (JesúsLavado)
