Aunque históricamente no han sancionado a altos jerarcas de la Iglesia Católica, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó anoche que abrió el procedimiento respectivo por las denuncias del PRD y el Gobierno del Distrito Federal contra el cardenal Juan Sandoval, por sus declaraciones relacionadas al aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a los matrimonios entre personas del mismo sexo y su posibilidad de adoptar hijos.
Gobernación determinará conforme a derecho y en su caso, explicó, “las posibles infracciones” a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
En un comunicado, la dependencia a cargo de José Francisco Blake Mora, informó anoche del curso que dio a las denuncias presentadas por el presidente del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Ortega, y el secretario de Gobierno del Distrito Federal, José Ángel Ávila, por las declaraciones vertidas por “diversos ministros de Asociaciones Religiosas”, respecto al fallo emitido por los Ministros de la Suprema Corte de Justicia recaída en la acción de inconstitucionalidad numero 2/2010, asunto en manos de la Dirección General de Asociaciones Religiosas.
Las denuncias son contra el cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval, y el vocero del arzobispado de la ciudad de México, Hugo Valdemar.
“Una vez recibidas las denuncias en mención, la Secretaria de Gobernación a través de la Dirección General de Asociaciones Religiosas, sustanciará el procedimiento administrativo de acuerdo a los términos y plazos legales correspondientes, a fin de analizar los hechos motivo de las denuncias presentadas y, en su caso, determinar conforme a derecho las posibles infracciones a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y, por ende, del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, señala el comunicado.
La Secretaría de Gobernación subrayó que “el carácter laico del Estado mexicano y el principio de separación entre el Estado y las iglesias, garantizan la libertad de expresión de todas las ideas y exige reconocimiento y respeto a las instituciones y leyes del país”.
Además, la dependencia refrendó “su compromiso de velar en todo momento por el fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho”.
Al respecto, el Instituto Federal Electoral (IFE) rechazó la solicitud del PRD de aplicar medida cautelar a la Iglesia católica para que cese sus declaraciones contra ese partido, su dirigente nacional Jesús Ortega, y hacia el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard.
El IFE consideró que con ello se incurriría en limitar la libertad de expresión de la Iglesia, pero informó que inició la investigación correspondiente para definir sin con tales pronunciamientos violó o no la norma electoral.
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