El grupo municipal pide al Ayuntamiento de Salamanca que elabore una lista con los bienes que la Iglesia pudo registrar a su nombre por una ley de Aznar que ha sido anulada, y que se devuelvan aquellos que no le correspondan. El Gobierno central se ha comprometido a lo mismo en el Congreso.
Ganemos Salamanca va a llevar al pleno el cumplimiento de un compromiso, iniciativa del PSOE, al que el Gobierno de Mariano Rajoy ya ha manifestado su intención de acogerse, con lo que será interesante ver la postura que toma el grupo municipal del PP en el pleno del viernes. Una medida que se ha tachado de ‘anticlerical’ cuando se limita a cumplir la legalidad actual y un mandato aprobado en el Congreso de los diputados, aunque con los votos en contra de PP y C’s.
En concreto, la agrupación de electores solicitará que el Ayuntamiento elabore un listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, procedimiento que favoreció la modificación de la Ley Hipotecaria aprobada por Aznar en 1998 y que fue anulada en 2015. Esta ley permitió a la Iglesia inmatricular inmuebles, registrando a su nombre bienes que estaba usando y sobre los que se desconocía la titularidad al no estar registrados, muchas veces, por ser propiedades de antigua construcción. La ley fue, como se dice, anulada en 2015 y hace unos meses el Congreso aprobó una moción del PSOE para censar las propiedades inscritas por la iglesia aprovechando esta legislación ya nula.
La portavoz de Ganemos, Virginia Carrera, asegura que solicitan “un registro de los bienes inmatriculados por la Iglesia para que, en caso necesario, se devuelva la titularidad al Estado, como dicta la Propuesta no de Ley aprobada por el Congreso”. Algo que el Gobierno central de Mariano Rajoy ya se ha comprometido a hacer. En una respuesta por escrito al Grupo Socialista en el Congreso, el Ejecutivo afirma que el Ministerio de Justicia, de acuerdo con sus competencias, se están impulsando las actuaciones necesarias en lo relativo a la elaboración de un estudio en el que se recojan todos aquellos bienes que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica.
