Francia, un país con tradición y cultura política que siempre ha sido muy celoso del laicismo que define su sistema democrático, asiste desde hace tiempo a la creciente intromisión del islamismo en la política. El incremento de personas de religión musulmana, unido a su insistencia en persistir en sus tradiciones sin respetar los principios laicistas con los que tienen que convivir, ha causado alarma.
Cada vez más, los inmigrantes -que ya rebasan los seis millones- no solo intentan practicar su fe -que es algo que nadie les impide- sino valerse de su condición de grupo diferente para, lejos de integrarse en la sociedad que les acoge, hacer valer su condición de grupo de presión e intentar lograr unos derechos que se atribuyen olvidando que no están reconocidos en el país donde han establecido su residencia.
Agrava la situación el juego de algunos partidos políticos minoritarios que les brindan su apoyo y estímulo de esta exigencia en un intento por atraer sus votos cada vez más disputados. El presidente Emmanuel Macron es consciente de este problema y ha anunciado una campaña en defensa de la laicidad que forma parte de los principios sobre los que se asienta la República.
Unos principios que otras religiones respetan -empezando por la católica, que es mayoritaria- y para los cuales no deben existir excepciones. Este miércoles el Consejo de Ministros estudiará una ley que garantice la pervivencia de estos principios. El argumento es salvar la libertar religiosa respecto a los poderes públicos, pero sin intromisiones.
En definitiva, se trata de una medida expresa contra la obstinación islamista de continuar ignorando unas reglas obligatorias para todos.
