Los nuevos discursos antigénero del AKP de Erdoğan son una continuación de sus políticas para limitar el empoderamiento de las mujeres.
El 20 de marzo de 2021 las mujeres y las comunidades LGBTQI+ de Turquía se despertaron con un temido anuncio. A través de un decreto presidencial promulgado a medianoche, Turquía se retiraba unilateralmente del Convenio de Estambul, un tratado internacional histórico para la prevención de la violencia de género. Al día siguiente, se publicó una breve declaración en el sitio web de la Dirección de Comunicaciones del presidente. Decía: “El Convenio de Estambul, originalmente destinado a promover los derechos de la mujer, ha sido secuestrado por un grupo de personas que intentaban normalizar la homosexualidad, lo cual es incompatible con los valores sociales y familiares de Turquía. De ahí la decisión de retirarnos”.
Miles de mujeres y miembros de la comunidad LGBTQI+ salieron a las calles para protestar contra la decisión del presidente Erdoğan. Las organizaciones que defienden los derechos de la mujer, ONG y los partidos de la oposición interpusieron diversas demandas ante el Consejo de Estado, la máxima instancia judicial de Turquía, argumentando que el decreto presidencial era inconstitucional porque el presidente carece de autoridad para invalidar un acuerdo internacional adoptado en el parlamento. Funcionarios de la Unión Europea condenaron la decisión e instaron a Turquía a reconsiderarla. Como era de esperar, ninguno de los esfuerzos tuvo éxito. El 1 de julio se ejecutó oficialmente el edicto de Erdoğan y Turquía, que en 2011 había sido el primer país en firmar el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, más conocido como el Convenio de Estambul, se convirtió también en el primer país en abandonarlo.
¿Qué ha cambiado en la última década? El texto del Convenio en sí no se ha modificado desde su redacción. Y el grupo de personas con intenciones homosexuales secretas al que se refiere la declaración oficial de retirada tan solo es imaginario. El texto de la Dirección de Comunicaciones ofrece algunas respuestas tras el anuncio inicial de retirada: “Turquía no es el único país que tiene serias dudas acerca del Convenio de Estambul. Seis miembros de la Unión Europea (Bulgaria, Hungría, Chequia, Letonia, Lituania y Eslovaquia) no ratificaron el Convenio de Estambul. Polonia ha tomado medidas para retirarse del Convenio alegando un intento de la comunidad LGBT de imponer sus ideas sobre el género en toda la sociedad”.
Turquía, que en 2011 había sido el primer país en firmar el Convenio de Estambul, se convirtió también en el primer país en abandonarlo
El Gobierno turco es muy consciente de que no es el único país que instrumentaliza la homofobia para limitar el empoderamiento de las mujeres. Tampoco presenta el Convenio de Estambul como una amenaza a los valores sociales y familiares de Turquía en particular. Existe un movimiento global contra el género que trabaja mano a mano con la derecha populista y que ha demonizado un tratado internacional que lucha contra la violencia de género en varios países. Al coincidir de un modo significativo con estos movimientos, comprender la decisión de Turquía de retirarse también requiere examinar el giro autoritario que tomó el país después de 2015 hacia un régimen kayyum (que en turco significa “fideicomisario”) donde los mecanismos democráticos de toma de decisiones fueron usurpados y eludidos por personas designadas por el gobierno, llamadas kayyum, o por el propio presidente.
Ataques al Convenio de Estambul en Europa
Polonia ha ido más allá de lo que menciona la Dirección de Comunicaciones, es decir, la retirada de Turquía del tratado. Un documento filtrado en marzo de 2021 mostraba que el Gobierno polaco no se limitaría simplemente a retirarse del Convenio de Estambul, sino que planea reemplazarlo con un “convenio alternativo sobre los derechos de la familia”, y ha invitado a la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia y Croacia a que se unan. El tratado alternativo, que se conoce como el Convenio de Varsovia, está diseñado para “proteger” a la familia contra las constantes “amenazas” planteadas por la llamada “ideología de género”.
En la República Checa, la Unión Cristiana y Democrática se ha organizado para oponerse al fomento de roles de género no estereotipados alegando que es una amenaza para los niños
En julio de 2018, en Bulgaria, una intensa ola de presión protagonizada por grupos como Sociedad y Valores (SAV) –una organización conservadora que es miembro de la coalición del Congreso Mundial de Familias (WCF, por sus siglas en inglés) dirigida por Estados Unidos– provocó que el tribunal superior del país decidiera que el Convenio de Estambul no se ajusta a la Constitución búlgara debido a su definición del género como un modelo social. Según dicho tribunal, tal concepción del género “relativiza la línea divisoria entre los dos sexos: masculino y femenino determinados biológicamente”.
Mientras continuaba la presión para ratificar el Convenio, los líderes de las comunidades cristianas de Lituania emitieron una declaración conjunta a principios de este año en la que afirmaban que la legislación basada en “nociones preconcebidas y la oposición entre hombres y mujeres” negaba la naturaleza humana y ponía en peligro el bien común. En la República Checa, la Unión Cristiana y Democrática (KDU-ČSL) se ha organizado para oponerse al fomento de roles de género no estereotipados alegando que hacerlo es una amenaza para los niños.
En Letonia, los líderes religiosos afirman que el Convenio contradice la Constitución y “permite imponer a Letonia un proyecto de cambio de la sociedad basado en la ideología de género”. El Tribunal Constitucional tuvo que intervenir, y recientemente decidió que el Convenio cumple con la Constitución. Asimismo, el Parlamento de Eslovaquia ha votado en contra de la ratificación del Convenio dos veces poniendo el foco en la “amenaza” de los matrimonios entre personas del mismo sexo.
El Partido Fidesz que gobierna en Hungría se ha expresado en contra del Convenio no solo por su “ideología de género destructiva”, sino también porque podría “acelerar o simplificar la inmigración hacia Europa”, negándose en la práctica a la obligación que marca el Convenio de acoger a los refugiados perseguidos por orientación sexual o género.
En toda Europa, ya sea en los tribunales constitucionales o en las cartas abiertas de los líderes religiosos a los parlamentos, hay tres artículos del Convenio, que consta de 37 páginas, que destacan como motivo de controversia: el artículo 3 (c) que define el género como los roles, actividades y comportamientos socialmente establecidos; el artículo 4 (3) que aboga por que se garanticen los derechos fundamentales sin discriminación por ningún motivo, incluida la orientación sexual y la identidad de género; y el artículo 12 (1) que describe la necesidad de luchar contra “roles estereotipados para mujeres y hombres”. Todas las partes involucradas en el debate afirman que la violencia contra la mujer –el único objetivo del Convenio– debe terminar. A lo que se oponen es a enmarcar la erradicación de la violencia contra la mujer en estos artículos en el contexto de “lograr la igualdad de género de jure y de facto”, que es lo que diferencia al Convenio de Estambul de todos los esfuerzos legislativos anteriores.
El fantasma del género y la derecha populista
La cuestión de cómo se ha llegado a politizar tanto un tratado internacional redactado para luchar contra la violencia de género –miles de personas salieron a las calles en su defensa, las acaloradas protestas de quienes se oponen a él, los debates públicos, parlamentarios y legales sobre la palabra “género”, los titulares repetidos en varios países durante varios años– requiere un análisis más exhaustivo del fantasma que acecha a Europa, así como al mundo: el fantasma del género.
Desde la reciente ley que entró en vigor en Texas, que prohíbe los abortos después de unas seis semanas de embarazo, hasta la retirada de Turquía del Convenio de Estambul; desde el cierre de las facultades de estudios de género en Hungría en 2019 hasta la movilización de la derecha contra el histórico referéndum de paz en Colombia en virtud de la “ideología de género” y los esfuerzos para eliminar el Ministerio de Igualdad de Género y Familia en Corea del Sur; o desde la campaña peruana ‘Con mis Hijos no te Metas’ contra la imposición de la llamada “ideología de género” en los planes de estudio escolares de 2018 hasta las “zonas libres de LGBT” de Polonia que hasta la fecha incluyen más de 100 municipios, un tercio del país, una alianza impía de grupos conservadores y religiosos de todo el mundo buscan revertir los principales logros legales y sociales en materia de igualdad de género y libertad sexual para preservar el orden patriarcal heteronormativo.
Los movimientos globales contra las mujeres y los derechos LGBTQI+ son cada vez más transnacionales y pueden originar movilizaciones públicas y callejeras masivas
Las reacciones antifeministas negativas no son nuevas. La oposición y el contraataque a lo que hoy se conoce como la “segunda ola” del feminismo ya había cobrado impulso en la década de 1970. Sin embargo, los movimientos globales contra las mujeres y los derechos LGBTQI+ que se han intensificado en la última década son diferentes tanto en alcance como en movilización. En primer lugar, son cada vez más transnacionales en la medida en que diferentes grupos en todo el mundo –desde grupos a pequeña escala en defensa de los derechos de los hombres en Facebook hasta corporaciones multimillonarias, gobiernos e instituciones religiosas– están aprendiendo unos de otros, unen fuerzas, hacen alianzas. En segundo lugar, estos movimientos pueden originar movilizaciones públicas y callejeras masivas –ya sea en Francia, Perú o Puerto Rico– al sembrar el pánico en torno a los valores tradicionales, las familias, los niños y, por consiguiente, el futuro de las naciones.
El concepto de género, que más o menos se creó desde que en 1949 Simone de Beauvoir declarara “No se nace mujer, sino que se hace”, sigue siendo fundamental en la generación y práctica del conocimiento feminista, desempeña un papel principal en estos nuevos movimientos. Al estar en contra del proyecto feminista de emancipación, su concepto de género es el de una fuerza demoníaca, una conspiración destructiva.
Esta idea de la “ideología de género” como una amenaza a los valores familiares tradicionales surgió por primera vez en el Vaticano en la década de 1990. En respuesta al reconocimiento oficial de los derechos reproductivos y sexuales como derechos humanos en las Conferencias de las Naciones Unidas de El Cairo (1994) y en Beijing (1995), el Vaticano tomó una serie de medidas para alarmar a sus seguidores con la amenaza de la destrucción de los roles naturales y tradicionales de la mujer y el hombre en los que se basa su concepto de familia y sociedad. A medida que las mujeres lograban introducir la palabra género en los tratados internacionales y documentos de la ONU, “ideología de género” gradualmente se iba convirtiendo en el término mediante el cual el Vaticano organizaba su respuesta negativa contra los logros de los movimientos feministas y LGBTQI+.
Sin embargo, mientras que el Vaticano, algunos Estados católicos y ONG conservadoras fueron los principales actores en la lucha contra los derechos de las mujeres en las Naciones Unidas en la década de 1990, en la actualidad, con “los Estados musulmanes y los que formaron parte del bloque soviético, Estados Unidos, a los que a veces se les unen grupos como la Organización para la Cooperación Islámica, la Liga de los Estados Árabes, el Grupo Africano de la ONU y el G77”, la alianza transnacional contra el género es más grande que nunca. El eufemismo de la protección de las “familias naturales” esconde la agenda misógina, homofóbica y transfóbica. El Congreso Mundial de las Familias de la coalición de la Derecha Cristiana, con sede en Estados Unidos, comenzó a organizar conferencias mundiales para convocar a estos grupos en 1997. En 2004, se empezó a conmemorar el Día Internacional de la Familia de las Naciones Unidas y el Año Internacional de la Familia. Las ONG conservadoras formaron el Comité por los Derechos de la Familia de la ONU en 2008 y 25 miembros de la ONU establecieron el Grupo de Amigos de la Familia en 2015.
Al mismo tiempo, las movilizaciones masivas contra la “ideología de género” se han avivado con el surgimiento de gobiernos y partidos políticos populistas de derechas desde América Latina hasta Estados Unidos, desde Europa central y oriental hasta el sur de Asia, que necesitan inventar amenazas constantes para crear un “nosotros” situado frente a un “ellos”. Estos movimientos populistas operan a través de los discursos divisorios y polarizadores de la gente común contra la élite, los verdaderos patriotas contra los traidores o los piadosos desvalidos contra los laicos degenerados. Las diferentes minorías étnicas y religiosas dentro de los países se posicionan como el enemigo común. Los musulmanes para Occidente, Occidente para muchos países musulmanes, los migrantes y refugiados son demonizados en cualquier contexto. Cada vez más intelectuales, activistas, defensores de los derechos humanos, líderes de la sociedad civil, aquellos que nos recuerdan la promesa perdida de la democracia liberal, se posicionan como “ellos” y son el objetivo. Las mujeres que defienden sus derechos reproductivos, que quieren igualdad salarial, que luchan por la no discriminación y las comunidades LGBTQI+ que exigen libertad e igualdad son arrastradas a este grupo de “ellas”, a menudo como degeneradas que envenenan a la nación con sus ideas importadas de sexo, género, identidad y libertad. El bando “nosotros” de la dicotomía enfatiza incesantemente los roles sagrados de las mujeres como madres y esposas.
Esta idea de la ‘ideología de género’ como una amenaza a los valores familiares tradicionales surgió por primera vez en el Vaticano en la década de 1990
De este modo, las académicas feministas, en su mayoría de países de Europa del Este, buscan el origen del reciente aumento global de la ideología antigénero no solo como una simple continuación de la respuesta negativa antifeminista, sino más bien como una parte esencial de una nueva configuración política donde las instituciones religiosas (inicialmente dirigidas por el Vaticano) han unido fuerzas con los movimientos neoliberales de derecha, populistas y autoritarios. En esta nueva configuración, el género se utiliza a menudo como aglutinante en el discurso populista para “movilizar a la gente en torno a la inseguridad y la injusticia producidas por el orden social actual” y “para aprovechar la ansiedad, la vergüenza y la ira causadas por el neoliberalismo”. El discurso de ataque a los valores tradicionales y a la familia es útil para que los partidos populistas dirijan el sufrimiento de personas en condiciones inestables hacia un falso sueño, tanto de un pasado estable como de un futuro estable, donde la familia heteronormativa, en la que los hombres eran y seguirán siendo hombres, las mujeres eran y seguirán siendo mujeres tal y como Dios quiso que fueran como núcleo de la sociedad.
El Convenio de Estambul y la política de género en Turquía
El Convenio de Estambul concluyó y se abrió a la firma durante la presidencia rotatoria de Turquía del Consejo de Europa el 11 de mayo de 2011. Turquía fue el primer signatario y el primer país en ratificarlo en el parlamento el 24 de noviembre del mismo año. El Gobierno de entonces era el mismo que el de hoy, el AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo), pero el AKP de 2011 era una bestia distinta.
El AKP llegó al poder por primera vez en 2002 como un partido conservador liberal que ponía fin a una década de gobiernos de coalición asociada a la inestabilidad política y la crisis económica. Contrariamente a la tradición antioccidental del islam político en el que estaban arraigados muchos de sus cuadros y simpatizantes, se posicionó como un aliado occidental a favor del mercado y la democracia en la región en el mundo posterior al 11 de septiembre. Populista desde sus inicios, el nosotros del AKP eran los piadosos desvalidos; el ellos a los que se enfrentaban, las élites seculares, los kemalistas.
Desde el inicio, el AKP adoptó una serie de reformas para democratizar el sistema político y adherirse a los “paquetes de armonización” de la Unión Europea. Alcanzar el tan anhelado sueño turco de la adhesión a la UE fue un objetivo importante para el partido ya que sirvió para hacer de Turquía un país musulmán ejemplar y, al mismo tiempo, ayudó a socavar la hegemonía de los kemalistas sobre el aparato estatal.
La violencia contra las mujeres se disparó en la década de 2000 y las tasas de feminicidio se multiplicaron por 14 entre 2002 y 2009
Desde su fundación en 1923 la emancipación de la mujer se había enmarcado como un proyecto kemalista en Turquía enraizado en la figura de su fundador Mustafa Kemal. Comprometido a llevar a Turquía de los vestigios del Imperio Otomano a la liga de civilizaciones occidentales, en las décadas de 1920 y 1930, el régimen kemalista secularizó los ámbitos legal, institucional y cultural a través de una serie de reformas. Se mostró a mujeres instruidas y sin velo que fueron “emancipadas” del islam como abanderadas del proyecto de modernización de Turquía. Pero, a pesar de otorgar a las mujeres los mismos derechos en muchos ámbitos de la vida, el proyecto kemalista también institucionalizó el patriarcado al establecer la familia nuclear como la base de una sociedad en la que los hombres eran oficialmente reconocidos como jefes de familia, mientras que las mujeres laicas e ilustradas estaban obligadas a ser buenas esposas y madres de los hijos ideales que necesita la nación turca en su carrera por alcanzar a Occidente.
Las clases medias urbanas que asimilan y regeneran esta consagración kemalista a las familias nucleares, las zonas rurales de Turquía que permanecen algo distantes de las reformas y la ideología, y las regiones kurdas que se resisten a la asimilación han evidenciado que el estatus y los problemas de las mujeres en Turquía siempre han presentado múltiples facetas entre diferentes posiciones étnicas, regionales y de clase. Pero la violencia contra la mujer ha prevalecido en todos los segmentos de la sociedad.
Por este motivo, la violencia de género siempre ha sido un asunto central para las feministas de Turquía. En la década de 1980, cuando surgió un movimiento feminista independiente, la primera campaña a gran escala fue la Marcha por la solidaridad contra el maltrato (1987). Esta campaña surgió en un momento en el que, a pesar de que Turquía se había adherido al Convenio sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en 1985, las leyes locales seguían siendo insuficientes y la implementación de las leyes era inadecuada debido a jueces sexistas y a la falta de mecanismos para proteger a las mujeres de la violencia como refugios.
Se necesitó más de una década de organización feminista y una tremenda campaña por parte de organizaciones de mujeres para que en 2001 el parlamento aprobara un nuevo Código Civil, que puso fin a la supremacía del marido en el matrimonio como “cabeza de familia” y estableció la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos civiles. El AKP, elegido en 2002, al principio colaboró con el movimiento de mujeres. Ese mismo año, las organizaciones de mujeres formaron la Plataforma para la Reforma del Código Penal turco y, después de tres años de arduo trabajo e intensa presión, el 26 de septiembre de 2004 se aprobaron en el parlamento enmiendas de gran alcance y sin precedentes.
En mayo de 2012, Erdoğan instó a las mujeres a tener al menos tres hijos para construir una nación fuerte, un llamamiento que ha estado repitiendo durante años
El AKP aumentó considerablemente su porcentaje de votos en las elecciones de 2007 gracias a una oleada de apoyo tras las medidas progresistas y los éxitos económicos resultantes de la reestructuración neoliberal y las políticas de recortes sociales respaldados por el Fondo Monetario Internacional. Poco después consolidó su poder, expulsando a los kemalistas del poder judicial, a altos cargos públicos y del ejército, y contratando para estos puestos a gülenistas, el principal aliado del AKP en ese momento. Dirigir el país durante la crisis económica global de 2008 y salir relativamente ileso aumentó aún más la confianza del AKP. También se iniciaron conversaciones de paz con el Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) para poner fin a la guerra de 30 años en este período, lo cual sirvió como piedra angular de la promesa de democracia en la primera década de gobierno del AKP.
Sin embargo, la violencia contra las mujeres se disparó en la década de 2000 y las tasas de feminicidio se multiplicaron por 14 entre 2002 y 2009. En 2009, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) determinó que Turquía incumplía sus obligaciones de proteger a las mujeres de la violencia doméstica. Un informe de la ONU de 2011 señalaba que las tasas de violencia doméstica en Turquía casi doblaban las de Estados Unidos y eran 10 veces superiores que en algunos países europeos. A falta de estadísticas oficiales, los grupos de mujeres comenzaron a controlar los casos de violencia masculina en los medios de comunicación nacionales y locales, crearon plataformas y organizaron campañas para llamar la atención sobre el asesinato sistémico de mujeres, en la mayoría de los casos por parte de exmaridos tras una separación o por exparejas durante las rupturas, señalando que era el empoderamiento de las mujeres y la negativa a subordinarse lo que había creado esta nueva ola de violencia.
En 2011, dos mandatos del gobierno del AKP, con el sinsabor de los sueños de adhesión a la UE debido al conflicto de Chipre, y con una nueva doctrina neotomanista en materia de política exterior que llevó a Turquía a buscar apoyo en sus países vecinos para el comercio y la expansión, se estaba produciendo un cambio de paradigma. Pero Turquía seguía aferrándose al papel de “país musulmán ejemplar” en muchos foros internacionales y la promoción de la igualdad de género era un elemento importante de su imagen. Por consiguiente, el gobierno del AKP hizo un esfuerzo enorme para que se abriera el período de firmas del Convenio en Estambul y, de este modo, acuñar el nombre de la convención, un movimiento calculado para ganar influencia y legitimidad internacionales.
Sin embargo, el Gobierno no estaba tan interesado en la implementación. La única legislación importante para proteger a las mujeres de la violencia según el Convenio es la Ley 6284, que definió la violencia económica, psicológica y sexual como formas de violencia hacia las mujeres y cuyo objetivo era implementar una serie de políticas que incluyen la apertura de Centros de Prevención y Monitoreo de la Violencia (ŞÖNİM) y refugios para mujeres en ciudades de toda Turquía. Se aprobó en marzo de 2012. Pero las feministas ya habían iniciado la movilización a favor de esta Ley antes de la aprobación del Convenio de Estambul.
Un mes después de firmar el Convenio de Estambul en 2011, el AKP reemplazó el Ministerio de la Mujer y Asuntos Familiares por el Ministerio de la Familia y Políticas Sociales, borrando a las mujeres del título oficial. De forma similar, la Ley 6284 se denominó Ley de Protección a la Familia y Prevención de la Violencia contra la Mujer, proclamando que los derechos de las mujeres solo se reconocerían dentro de las limitaciones de la familia. Las mujeres eran muy conscientes de la duplicidad del AKP. En una reunión de 2010 con organizaciones de mujeres, Erdoğan no se anduvo con rodeos y proclamó que “no creía en la igualdad entre mujeres y hombres”.
En mayo de 2012, Erdoğan declaró que “cada aborto es un Uludure”, conectando el aborto con la masacre más sangrienta de la historia del AKP hasta ese momento e instó a las mujeres a tener al menos tres hijos para construir una nación fuerte, un llamamiento que hizo por primera vez en 2008 y que se ha estado repitiendo con diferentes niveles de urgencia desde entonces. Miles de mujeres salieron a las calles contra la ley antiaborto elaborada tras el discurso de Erdoğan. El controvertido proyecto de ley fue retirado pero se puso en marcha una prohibición de facto. Un estudio mostró que solo el 7,8 % de los hospitales públicos del país permitían la práctica de abortos si únicamente lo pedía una mujer.
La política de género del AKP en este período, a pesar de algunas medidas consideradas un progreso, se basó en el familismo neoliberal y neoconservador. En este sentido, la dedicación kemalista a la familia nuclear como lugar de realización del sujeto turco moderno no cambió, sino que se fortaleció mediante una reconfiguración neoliberal de la familia nuclear. La desaparición del Estado de bienestar quedó confundida en el familismo neoconservador cuyo fortalecimiento fue necesario para llenar el vacío dejado por la retirada del Estado. En esta nueva configuración, a las mujeres se les continuó asignando sus roles tradicionales como madres y esposas, mientras que el creciente énfasis del AKP en el fitrat (concepto islámico de disposición) apuntaba a garantizar que el patriarcado no solo fuera institucional, sino también un mandato de Dios. A medida que el AKP aumentaba su poder, el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género se presentaban cada vez más como una oposición a la ideología de protección de la familia.
El giro autoritario de Turquía: el régimen kayyum
Las razones que explican el giro del AKP hacia una política populista ultranacionalista, antioccidental y ultraconservadora podrían remontarse a acontecimientos geopolíticos como los levantamientos populares de la Primavera Árabe seguidos por el golpe en Egipto contra los Hermanos Musulmanes o a que el Partido de la Unión Democrática (PYD) sirio se está convirtiendo en un protagonista regional importante a través de su lucha con ISIS y la posibilidad de otra región kurda autónoma en el sur de Turquía, entre otras. En el plano nacional, el levantamiento de Gezi de 2013, que comenzó en Estambul y se extendió por todo el país contra las políticas del AKP, fue probablemente una alarma para Erdoğan. Aunque el levantamiento fue reprimido violentamente en un corto período de tiempo, al llevar el espíritu de Gezi a su campaña electoral y al incluir a kurdos, socialistas, feministas, miembros de la comunidad LGBTQI+ y otros opositores al AKP, el Partido Democrático Popular (HDP) afiliado a los kurdos recibió más de 6 millones de votos en las elecciones nacionales de junio de 2015 y obtuvo 80 escaños en el parlamento. Al denegársele la mayoría parlamentaria, el plan de Erdoğan de transitar a un régimen de presidencia ejecutiva fue efectivamente aplastado en las urnas.
La represalia fue rápida. En poco tiempo, el país se vio sumido en la confusión. Varios atentados con bomba se cobraron la vida de decenas de manifestantes pacíficos en Suruç y Ankara. El proceso de paz con el PKK fue descartado de la noche a la mañana y el gobierno del AKP inició operaciones militares en ciudades kurdas donde murieron cientos de personas. En noviembre de 2015, solo cinco meses después de las últimas elecciones, Turquía se vio obligada a volver a las urnas y el AKP, mediante su coalición con el Partido del Movimiento Nacionalista (MHP), recuperó su mayoría.
Se atacaron derechos adquiridos de las mujeres como la pensión alimenticia, a la que ahora se oponen los grupos conservadores
En 2016 un intento de golpe de Estado contra Erdoğan permitió una nueva contraofensiva del AKP, que marcó a los gülenistas, antiguos aliados, como su principal enemigo. El AKP declaró el estado de emergencia apoderándose y reorganizando las instituciones estatales mientras avivaba el frenesí populista contra un número cada vez mayor de aquellos a los que consideraba enemigos. Los kurdos, los izquierdistas y las organizaciones de la sociedad civil se convirtieron en el punto de mira. Se cerraron medios de comunicación, obligaron a cerrar las organizaciones de mujeres y LGBTQI+, y se prohibió y atacó el Orgullo Gay. Cientos de periodistas, defensores de los derechos humanos y miembros del movimiento de libertad kurdo, incluidos diputados y alcaldes elegidos democráticamente, fueron encarcelados.
El régimen kayyum de Erdoğan comenzó en septiembre de 2016 cuando asignó kayyums, fideicomisarios designados por el gobierno, en 28 municipios, 24 de ellos kurdos, por orden ejecutiva. En las elecciones locales de marzo de 2019, cuando el HDP ganó 65 municipios en las regiones kurdas a pesar de tener a sus líderes y a varios de sus organizadores experimentados en prisión, el régimen kayyum se expandió. Se apoderaron de seis de estos municipios por orden de la Junta Suprema Electoral (YSK) y al resto se les asignaron kayyums. El AKP pasó por alto el proceso democrático, encarceló a políticos y personal municipal y expropió dinero de los presupuestos municipales a través de los kayyums. A la toma de los municipios kurdos le siguió un cambio constitucional en 2017 en el que se instauró un sistema presidencial que reemplazó la estructura parlamentaria ya debilitada. Erdoğan se había apoderado de todo el control restante del Estado, consolidando su control sobre los medios de comunicación y las redes financieras en el país, y había concretado un régimen kayyum bajo su gobierno autocrático.
Con este giro autoritario, los derechos de las mujeres y del colectivo LGBTQI+ se convirtieron en un lugar más de disputa política en el que los discursos políticos homófobos y antigénero se fusionaron con el familismo neoconservador. Se atacaron derechos adquiridos de las mujeres como la pensión alimenticia, a la que ahora se oponen los grupos conservadores alegando que carga a los hombres con un lastre financiero excesivo y que las mujeres se enriquecen después del divorcio. Los llamamientos de Erdoğan a las mujeres para que tuvieran tres hijos se transformaron en llamar a las mujeres sin hijos “mujeres a medias”. Las organizaciones feministas, lesbianas, de mujeres y LGBTQI+ fueron atacadas en sus discursos al tildarlas de inmorales.
En 2016, una enmienda en el artículo 103 del código penal turco introdujo una distinción en los casos de abuso sexual infantil para los mayores de 12 años
Si bien gran parte de esto sucedió a través de edictos y proclamaciones del propio Erdoğan, los ataques legislativos continuaron. La lucha del movimiento de mujeres contra el matrimonio de menores de edad en particular ha sido objeto de ataques. En 2015, a los imanes se les otorgó el derecho de oficiar matrimonios civiles sin ningún requisito. En 2016, una enmienda en el artículo 103 del código penal turco introdujo una distinción en los casos de abuso sexual infantil para los mayores de 12 años. Se aprobó una ley en 2017 que permite a los muftis celebrar matrimonios civiles. “¡Lo quieran o no, esto será aprobado por el Parlamento!” anunció Erdoğan en respuesta a las protestas, una declaración que resume cómo funcionan las cosas en el régimen kayyum de Turquía.
Animada por las declaraciones de Erdoğan, creció la oposición organizada contra el Convenio de Estambul. Antes de las elecciones presidenciales de 2018, una petición firmada por grupos cercanos al AKP advertía contra el “asalto internacional a la familia” que pretendía “destruir todos los valores como la religión, la moral, el padre, el honor, la dignidad, la tradición y la costumbre”. El grupo exigió la anulación del Convenio de Estambul y la Ley 6284; y el reemplazo de las “políticas de igualdad de género por políticas basadas en la justicia en las que la mujer sea mujer, el hombre sea hombre y los niños sean niños”.
En 2019, sesenta y seis ONG islámicas se unieron para condenar el Convenio de Estambul e instaron al gobierno a retirarse. La declaración afirmó que el concepto de género que promovía el Convenio negaba los sexos biológicos que Dios creó y apunta a “normalizar la homosexualidad y otras orientaciones degeneradas”; que el objetivo de términos como “igualdad de género” era la feminización de los hombres y la masculinización de las mujeres que derivan en un aumento de los divorcios. Hüda-Par, un partido islámico kurdo, anunció que el Convenio de Estambul estaba derivando en la subordinación cultural a Europa, amenazando a la sociedad al demonizar a los hombres y promover los “géneros híbridos”. Los medios de comunicación conservadores atacaban el Convenio todos los días en diferentes columnas de opinión. Con el covid-19 haciendo estragos en Turquía y la economía en caída libre, era fácil aprovechar el miedo y la rabia generalizados. Y de este modo se preparó el escenario para retirarse del Convenio. Pero no se dejó de luchar. A partir del verano de 2020 las feministas y la comunidad LGBTQI+ lanzaron una campaña masiva en apoyo del Convenio de Estambul. Las protestas callejeras se extendieron a varias ciudades, algunas fueron atacadas, las campañas en las redes sociales motivaron a decenas de miles de personas, incluidos personajes famosos, bajo el lema #İstanbulConventionSavesLives e involucraron a nuevos grupos de activistas.
La retirada de Turquía es un alejamiento continuo de lo que una vez representó Europa, ya que se alinea con la Europa populista neoconservadora de derechas
Lo que hay que señalar es que la retirada de Turquía del Convenio de Estambul no se basó en el apoyo público, ni siquiera de la base de votantes del AKP. La ONG de derechos de la mujer organizada por el gobierno, la Asociación de Mujeres y Democracia (KADEM), por ejemplo, hizo declaraciones en apoyo del Convenio hasta que se intensificó la presión de los grupos antigénero. Estos grupos no son mayoría, pero están presionando por consolidar el poder del régimen kayyum de Erdoğan. Se están haciendo eco y movilizan el lenguaje y las ideas formuladas por el Vaticano y que utiliza el movimiento global antigénero tanto para atacar el Convenio de Estambul como para lograr sus fines locales. De este modo, el populismo islámico neoconservador de derechas y el populismo cristiano neoconservador de derechas están coordinando sus ataques contra las mujeres y las personas LGBTQI+ incluso cuando se posicionan enfrentándose entre sí.
En este sentido, por una parte, la retirada de Turquía es un alejamiento continuo de lo que una vez representó Europa, ya que se alinea con la Europa populista neoconservadora de derechas. Por otra parte, los nuevos discursos antigénero adoptados por el AKP son una continuación de sus políticas para limitar el empoderamiento de las mujeres, pero van más allá al aprovechar las dificultades de la gente que vive en un régimen que se derrumba y una recesión económica para revertir los logros que las mujeres alcanzaron hace mucho tiempo.
¿Qué será lo siguiente?
Si la actual alianza conservadora de derechas no se define a sí misma como antimujer, antifeminista y antiLGBTQI+, sino como antigénero, se debe al extraordinario éxito de los movimientos de mujeres y LGBTQI+ para llevar el concepto emancipatorio de género a los tratados jurídicos, la política dominante y los debates públicos. Sí, la alianza contra la igualdad y la libertad es más grande que nunca, pero los movimientos por la igualdad de género y la libertad sexual están luchando en todos los países en los que el populismo de derechas se ha afianzado y en todas partes. La unión de fuerzas de los movimientos feministas y LGBTQI+, y de otros grupos que luchan por la justicia racial, económica y ambiental y la autodeterminación es fundamental para oponer resistencia a esta alianza de derechas, neoconservadora, neoliberal y populista.
En lo que respecta a Turquía, el efecto inmediato de su retirada es la amenaza que suponen los movimientos antigénero a la legislación vigente, los códigos civiles y penales, en particular la Ley 6284, y otros derechos adquiridos. La violencia contra las mujeres continúa y los sentimientos y discursos homofóbicos y transfóbicos están generalizados. En este contexto, la pérdida del Convenio de Estambul, que propuso un marco para combatir estos síntomas del patriarcado heteronormativo, no puede subestimarse. Las mujeres y las comunidades LGBTQI+ son muy conscientes de que se encuentran en un punto de inflexión, pero también son muy conscientes de que sus derechos arrebatados están sumamente ligados a otros derechos civiles y mecanismos democráticos de toma de decisiones de los que se ha apoderado el actual régimen kayyum. Por lo tanto, el camino a seguir es el de la unidad.
