Compromís denuncia que sólo los alumnos de este centro privado pueden hacer prácticas en el Instituto de Medicina Legal
Compromís ha pedido explicaciones a la Generalitat valenciana, que presidente Alberto Fabra, por el trato de favor hacia la Universidad Católica San Vicente Mártir, cuyos estudiantes, según denuncia el citado Grupo parlamentario, son los únicos que tienen la posibilidad de hacer prácticas en el Instituto de Medicina Legal, mientras se niega la misma posibilidad a los alumnos de la Universitat de València.
La universidad no da ninguna compensación económica
Compromís denuncia, además, que gracias a un convenio firmado en marzo de 2008, durante el Gobierno de Francisco Camps, por la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas y la Universidad Católica San Vicente Mártir, la Administración no recibe ningún tipo de compensación económica por el servicio prestado por el Instituto de Medicina Legal.
Piden la comparecencia del consejero
Los diputados de Compromís han pedido la comparecencia del consejero de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, para que explique la ejecución del convenio firmado hace cinco años, cuando se creó este centro de la Iglesia.
Un profesional del Instituto de Medicina Legal, que prefirió mantenerse en el anonimato, ha declarado a El País que existe malestar porque con el convenio de la Generalitat con la universidad “no se obtiene ningún beneficio”, sino todo lo contrario, ya que la dedicación de algunos miembros a tareas docentes hace que recaiga sobre otros la sobrecarga de trabajo.
Oltra denuncia los privilegios dados al centro
La diputada de Compromís Mónica Oltra ha denunciado que “la Universidad Católica de Valencia ha contado desde sus inicios con el apoyo incondicional del gobierno del PP, que a base de prebendas ha favorecido su expansión”.
Oltra ha recordado que la Facultad de Medicina se puso en marcha en 2008 contra el criterio de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), “debido a sus graves carencias en medios materiales y humanos”. Esas carencias, añade, “han sido suplidas por el Gobierno del PP con la cesión de recursos públicos como poner a su disposición los institutos de medicina legal”.
La Facultad de Medicina se abrió sin cumplir la legalidad
El expresidente valenciano Francisco Camps impulsó la creación de la Universidad Católica, como parte de su amplio plan de ayudas a la Iglesia. Incluso, llegó autorizar su Facultad de Medicina sin que ésta cumpliera la legalidad: el Ministerio de Educación no había aprobado su plan de estudios ni el centro tenía fijado su cupo de alumnos. La universidad abrió su matrícula para la citada facultad sin contar con esos requisitos.
Un insulto a la universidad pública
La oposición lleva años criticando los “privilegios” que el Gobierno valenciano ha otorgado a la Universidad Católica, que según denunció el PSPV-PSOE “cobra por unos cursos y por una formación gracias a los favores del PP”. Además, ha considerado que tales privilegios constituyen un insulto para la Facultad de Medicina de la Universitat de València, “con mucha mayor tradición y cualificación, además de ser un centro público”.
Se cedió un terreno que se necesitaba para levantar un colegio público
Desde el comienzo del proyecto del centro privado, tanto Compromís como los socialistas criticaron que se recalificara un solar de 13.000 metros cuadrados para levantar la universidad privada en el barrio de Campanar, donde existía la urgencia de construir un colegio público de Infantil y Primaria y un instituto de Secundaria en una zona en la que se habían censado más de 18.252 viviendas nuevas desde el año 2000 sin que el Ayuntamiento hubiera construido ningún equipamiento público.
El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, en una intervención en las Corts. EFE
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