Estos avances han sido posibles gracias a las mayorías parlamentarias articuladas por el Gobierno de coalición, imponiéndose sobre los vetos y votos en contra de PP y Vox.
Finalizado el mes de junio, se cierra el tercer periodo de sesiones de la XIV legislatura. La actividad ordinaria del Congreso se retomó el 2 de febrero, aunque la semana de antes, el jueves 28 de enero, se celebró un Pleno extraordinario (julio, agosto y enero son inhábiles) en el que se convalidaron varios decretos leyes y se debatió la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para limitar al Poder Judicial en funciones.
La irrupción de la pandemia en marzo del año pasado redujo en buena medida la actividad en la Cámara Baja. Así, durante el primer periodo de sesiones de la legislatura (desde febrero de 2020 a junio del mismo año), la mayoría de las iniciativas que vieron la luz estaban destinadas a hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social desatada por el coronavirus. Destacaron, entre otras, las seis prórrogas del estado de alarma, el Ingreso Mínimo Vital, las medidas sociales para la protección por desempleo (ERTE) y la regulación del trabajo a distancia.
Tras el parón estival, desde septiembre hasta diciembre (segundo periodo de sesiones), el Congreso aceleró su agenda, cobrando un ritmo frenético (incluso, albergó la moción de censura fallida de Vox contra Pedro Sánchez y una nueva autorización del estado de alarma). Con todo, salieron adelante los primeros presupuestos del Gobierno de coalición, que enterraron las cuentas de Cristóbal Montoro de 2018, y la nueva ley de educación, la Lomloe. Ambas normas fueron ratificadas a mediados de diciembre en el Senado.
En estos últimos cinco meses, el Congreso ha dado luz verde a ocho leyes ordinarias y a otras ocho orgánicas, y ha convalidado 13 normas jurídicas con rango de ley. En este sentido, el calendario marcado por el Gobierno al inicio de la legislatura, así como por los partidos que lo sostienen, ha cobrado un gran impulso con la aprobación de normas pioneras en el ámbito estatal y de gran calado, que superan con holgura la sequía legislativa de carácter social de las dos legislaturas anteriores.
Cabe destacar que estos avances han sido posibles gracias a las mayorías parlamentarias articuladas por el Gobierno de coalición, imponiéndose sobre los vetos y votos en contra de PP y Vox.
Ley de eutanasia: España conquista un nuevo derecho
Después de varios intentos, la Cámara Baja reconoció el pasado 18 de marzo un nuevo derecho, el de la muerte digna. La aprobación de la ley de eutanasia, cuya norma entró en vigor el pasado viernes, convierte a España en el sexto país del mundo que regula esta práctica, por detrás de Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia. Si bien, la eutanasia no está penalizada en países como Suiza, Alemania, Japón o algunos estados de EEUU y otro de Australia.
El camino hasta la aprobación de la ley no ha sido fácil en las Cortes Generales, donde el PP, acompañado más tarde por Vox tras su irrupción en el Congreso, han tratado de tumbar la iniciativa legislativa. De hecho, estas dos formaciones han trasladado al Tribunal Constitucional su pugna contra la norma, aunque de momento, su puesta en marcha sigue adelante después de que este órgano rechazara suspender cautelarmente la ley, como solicitaba la extrema derecha.
También en marzo, el Congreso dio luz verde a la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que castigaba con hasta tres años de cárcel a los piquetes informativos que coaccionen en una huelga. En este caso, PP, Vox y Cs votaron en contra de eliminar un precepto que criminalizaba las huelgas y el sindicalismo, como así defendieron el resto de grupos. La tramitación de la medida concluyó en abril tras su ratificación en el Senado.
Ley de cambio climático: hacia el horizonte verde
El 13 de mayo, la Cámara Baja aprobó definitivamente la primera ley estatal contra el Cambio Climático, una norma que llega tarde, pero que supone un paso firme en el desafío de alcanzar el horizonte verde. La iniciativa legislativa contó con la abstención de PP y Más País-Verdes Equo (este último por considerar que nace con unos objetivos «viejos y obsoletos») y el rechazo frontal de la extrema derecha, que niega la crisis climática.
La iniciativa plantea una reducción de gases de efecto invernadero del 23% de cara a 2030, regula las zonas de bajas emisiones en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, impulsa el autoconsumo eléctrico y fomenta la rehabilitación de edificios de las familias más vulnerables para luchar contra la pobreza energética, entre otras medidas.
La ley de protección a la infancia: Vox se queda solo
Una semana después, el Congreso ratificó otra norma pionera en España: la ley de protección a la infancia frente a la violencia, bautizada como Ley Rhodes. Tras un prolongado trabajo colectivo entre las diferentes fuerzas del arco parlamentario, la iniciativa legislativa contó, nada más y nada menos, con 297 votos a favor. Si bien, también en esta ocasión, Vox votó en contra al calificarla de «Ley Herodes».
La norma recoge que el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores no empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido 35 años, establece la obligatoriedad de la prueba preconstituida hasta los 14 años para evitar la revictimización y elimina la aplicación del falso Síndrome de Alienación Parental. También, refuerza el derecho de los niños a ser escuchados y reconoce como violencia de género aquella que, «con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres», se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad por parte de los maltratadores, lo que se denomina violencia vicaria.
Además de estas medidas, el Congreso ha aprobado otras normas relevantes que también han contado con el rechazo de PP y Vox, como son la reforma para limitar al Poder Judicial en funciones (determina que el órgano de gobierno de los jueces no puede realizar nombramientos clave ni designar a una cúpula una vez expirado su mandato), y la ley antifraude, que persigue el objetivo de luchar contra la elusión fiscal y la economía sumergida. Si bien, la tramitación de esta última, que finalizó el pasado miércoles, ha estado embarrada por la nulidad de la votación de la enmienda que bajaba el IVA a las peluquerías.