Europa Laica reclama la denuncia inmediata del Concordato

La organización, que en sus ‘contrainformes’ sobre la Iglesia detectó descontrol antes que el Tribunal de Cuentas, exige al Gobierno que elimine la casilla de la Iglesia del IRPF

La organización que preside Antonio Gómez Movellán censura que los sucesivos gobiernos hayan vulnerado el «principio de aconfesionalidad»

Existe una elevada «coincidencia» del informe provisional del Tribunal de Cuentas con las «críticas» de Europa Laica. Lo señala en un comunicado la propia organización que preside Antonio Gómez Movellán, reforzada tras publicar infoLibre las conclusiones iniciales de la fiscalización del órgano supervisor sobre las relaciones del Estado con las confesiones religiosas, especialmente con la Iglesia católica. Antes incluso de que el informe sea llevado al pleno de la institución fiscalizadora para su aprobación, Europa Laica apunta contra el fondo de las relaciones entre el Estado y la Iglesia y pide la reforma clave, la que mayor incidencia tendría, la que enterraría el actual statu quo. «Es el momento de que el Gobierno progresista cumpla con las promesas electorales de los partidos que lo componen, proceda a denunciar los Acuerdos con la Santa Sede del año 1979 [conocidos coloquialmente como ‘Concordato’, por ser continuadores del Concordato de 1953] y acabe con este vergonzoso sistema de detraer de nuestros impuestos dinero para una Iglesia que, de forma arrogante, ni siquiera justifica sus gastos, además de contradecir el principio constitucional de aconfesionalidad del Estado», señala la organización, que hace hincapié «en la desidia de los gobiernos y las administraciones en el control del dinero público cuando se trata de regalárselo a la Iglesia católica».

«El Tribunal de Cuentas», señala Europa Laica, ha comprobado que «la única obligación que tiene la Iglesia de justificar estos ingresos públicos» es a través de la entrega de una «memoria justificativa de gastos» que, en opinión del órgano fiscalizador y en sintonía con lo que Gómez Movellán viene denunciando, «no es tal». La memoria es una «patraña», añade, y sólo debería considerarse «una memoria de actividades». El documento con el que la Conferencia Episcopal da cuenta del destino de los fondos asignados por el Estado «no responde a lo acordado de justificar el gasto de los ingresos tributarios» y el Gobierno debería «exigir una memoria en verdad justificativa con criterios analíticos y de contabilidad, acordados con la Administración del Estado», señala la organización defensora de la separación estricta entre la esfera pública y la religiosa.

Una denuncia continuada

No es extraño que la entidad que preside Gómez Movellán –y que, antes que él, presidió Francisco Delgado– ponga especial énfasis en la memoria que cada año publica la Conferencia Episcopal. Año tras año Europa Laica ha presentado un «contrainforme» [ver aquí el último, con la autoría de Enrique Ruiz del Rosal] poniendo de relieve las omisiones y contradicciones de la supuesta política de «transparencia» de la Conferencia Episcopal. Sin el acceso que el Tribunal de Cuentas ha tenido a la información y con las limitaciones propias de una organización que vive de sus afiliados, Europa Laica ha llegado grosso modo, antes que el Tribunal de Cuentas, a varias conclusiones similares. La diferencia es que Europa Laica lleva su análisis más allá de la casilla de la Iglesia y las exenciones fiscales, para recorrer toda una miríada de subvenciones, ayudas, retribuciones y conciertos por valor de miles de millones de euros de dinero público.

Europa Laica cuestiona todo el caudal de fondos públicos que recibe la Iglesia para multitud de entidades, y que calcula en unos 11.000 millones al año sumando todos los conceptos y metiendo ahí desde el presupuesto de la Fundación Pía de los Santos Lugares, hasta todos los conciertos educativos y sanitarios con organizaciones de la iglesia, pasando por subvenciones a ONG católicas, IRPF, sueldos de profesores de religión y capellanes castrenses, una estimación de las exenciones… La organización que preside Gómez Movellán continuará denunciando todos los espacios de intersección entre las esferas pública y religiosa, pero de momento obtiene una reforzamiento en cuanto a aquellos aspectos en los que se centra el Tribunal de Cuentas.

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