El coste de acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las familias y sus causas

La educación concertada es un elemento central del sistema educativo español. Mientras que un 67% del alumnado acude a centros de titularidad pública, cerca de un 30% lo hace en centros financiados con fondos públicos pero de titularidad privada, llamados centros concertados (y solo un 4% acude a centros privados auto-financiados). La escuela concertada cumple una función instrumental del desarrollo del Artículo 27 de la Constitución: la libertad de enseñanza. Sin embargo, la otra función de dicho artículo, el derecho a la educación, no se ha cumplido. A día de hoy no hay gratuidad universal para acceder a la escuela concertada. Además, la concertada, en comparación con la pública, escolariza en una proporción mucho menor al alumnado de renta baja y origen migrante, lo cual daña significativamente la igualdad de oportunidades y la equidad, uno de sus objetivos fundamentales.

La razón principal que explica la no gratuidad es el sistema de financiación establecido para la escuela concertada y una regulación más laxa de sus servicios: ambos incentivan el cobro de cuotas, que son ilegales en teoría pero habituales en la práctica. El fenómeno de las cuotas ha sido ampliamente discutido en el debate público en las últimas décadas, dominando las posiciones extremas: de un lado se sugiere que la concertada debería desaparecer, asumiendo su alumnado los centros puramente públicos o privados, y de otro se reclama más dinero para el sector sin contrapartidas amparándose en la libertad educativa. Los análisis e investigaciones hasta la fecha han sido escasos, superficiales y, en ocasiones, sesgados. Así, han favorecido estas posiciones extremas y una visión homogénea de la escuela concertada, ignorando cualquier diversidad dentro de ella.

En este informe, presentamos por primera vez un análisis completo, profundo y fiable del fenómeno de las cuotas en la escuela concertada. Para ello empleamos dos bases de datos elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE): la primera mira al fenómeno desde el lado del pago de cuotas (familias) y la segunda desde el lado del cobro (centros educativos). Tanto por su representatividad estadística como por su amplitud, son las únicas fuentes que permiten abordar la cuestión con el rigor metodológico necesario. La consistencia entre ambas fuentes de datos es muy alta y muestra patrones y magnitudes semejantes del fenómeno.

El resultado más importante es que, al contrario que lo que sugería el debate público hasta la fecha, nos encontramos ante un sector más diverso que monolítico, tanto desde el punto de vista territorial (cada comunidad autónoma muestra un modelo de escuela concertada distinta) como desde el punto de vista del cobro de cuotas y de las razones más probables por las que aquellos centros que las cobran deciden hacerlo.

En primer lugar estudiamos el pago de cuotas en las etapas del Segundo Ciclo de Educación Infantil, Primaria y ESO por parte de las familias. A partir de la Encuesta de Gasto de los Hogares en Educación (EGHE), realizada por última vez en 2019/20, encontramos que:

• Dependiendo de la etapa educativa, entre un 81% y un 95% del alumnado paga cuotas.
• La cuota media se encuentra entre los 680€ y los 860€ al año por alumno (incluyendo a las familias que no pagan como equivalentes a una cuota de 0€).
• Esto supone una cantidad total entre los 947  y los 1.186 millones de euros para las tres etapas, dependiendo de la definición de cuotas que se use
• Hay un 13% del alumnado que no paga cuota en las etapas consideradas, mientras que un1 8% pagan una cuota muy baja (de menos de 20€ al mes por alumno). En el lado opuesto, el 10% de alumnado con más cuotas paga asume el 45% del gasto total.
• Existen importantes diferencias de pago de cuota por renta de las familias: el 20% de renta más baja paga una media de 310€ anuales de cuota, mientras que el 20% de renta más alta paga cuotas ligeramente superiores a los 1.000€.

En cuanto a las comunidades autónomas:

→ El grueso de las cuotas (70% del total) se concentra en Cataluña, Madrid y País Vasco, donde más del 90% de las familias que acceden a centros concertados pagan cuotas.

→ El porcentaje es algo menor en el caso de la Comunidad Valenciana (82% de las familias) y se reduce significativamente para Andalucía (60%).

→ La cuota media por alumno al año (solo de las familias que pagan) es de 1.696€ en Cataluña, 1.156€ en la Comunidad de Madrid, 959€ en el País Vasco, 597€ en la Comunidad Valenciana y 453€ en Andalucía.

→ Cataluña, seguida del País Vasco y Madrid, son las CCAA con mayor homogeneidad en el pago de cuotas entre familias, mientras que Andalucía muestra el reparto más desigual.

A partir de la Encuesta de Financiación y Gasto de la Educación Privada (EFGEP), analizamos el cobro de cuotas por parte de los centros educativos concertados y las razones por las que lo hacen. Al calcular el resultado económico de los centros (es decir, ingresos – gastos pero sin tener en cuenta en los ingresos las cuotas, ni en los gastos aquellos no susceptibles de ser financiados por las arcas públicas vía concierto) encontramos que:

• La financiación es extremadamente desigual, con un 20% de centros con resultado económico negativo o esencialmente cero, otro 50% con un resultado económico positivo e inferior a los 300 euros por alumno al año y un 30% que tienen una clara situación de sobre-financiación.
• El porcentaje de centros que cobra cuota oscila entre un 66% y un 75%, dependiendo de la etapa educativa.
• La probabilidad de cobro de cuotas y la magnitud de la cuota pagada es mayor en los centros con peor y mejor financiación, y más bajo en la zona intermedia de la financiación.
• El 90% los centros educativos de mayor tamaño cobran cuota, mientras que en los centros medianos y pequeños, la proporción baja a entre un 60% y un 70% de los centros: este fenómeno explica que haya menos porcentaje de centros cobrando cuotas que porcentaje de familias pagándola.

Exploramos las razones por las cuales los centros educativos cobran cuotas. Para ello, tomando como referencia el resultado económico y añadiendo un margen de 200 euros por alumno, diferenciamos tres situaciones posibles: centros infra-financiados que cobran cuota para sobrevivir, centros adecuadamente financiados que cobran cuotas para hacer frente a gastos no concertados (esto es, partidas de gasto no contempladas por las administraciones educativas y que permiten ampliar los servicios ofertados) y centros bien financiados que cobran cuota por diferenciación o beneficio económico. A partir de aquí podemos segmentar de manera precisa, para cada etapa educativa (Segundo Ciclo de Educación Infantil, Primaria y ESO), todos los centros del sector concertado en cinco grupos:

• Un 17%, 20% y 19% respectivamente no cobran cuotas y están adecuadamente financiados.

• Un 14,5%, 12% y 14,5% respectivamente no cobran cuotas y están infra-financiados.
• Un 23% en todas las etapas educativas sí cobran cuotas para cubrir el hecho de que están infra-financiados.
• Un 28%, 29% y 28% respectivamente sí cobran cuotas para cubrir gastos no concertados.
• Un 17,5%, 15% y 15% respectivamente cobra cuotas por diferenciación o beneficio económico.

Finalmente, realizamos un análisis específico para las cinco comunidades autónomas con mayor presencia del sector concertado, lo que nos muestra que:

• Andalucía se caracteriza por una financiación baja respecto a la media nacional, unos gastos no concertados razonablemente contenidos en la mayor parte de la distribución de financiación y, sobre todo, el nivel más bajo de cuotas de entre todas las CCAA consideradas.
• Cataluña muestra una financiación de la red concertada muy polarizada (centros muy bien financiados o muy mal financiados) y un cobro de cuotas casi universal que responde con la misma herramienta a realidades económicas opuestas, ya sean las de infra-financiación (entre un 46% y un 53% de centros dependiendo de la etapa educativa) o las de diferenciación de la oferta o beneficio económico (entre un 25% y un 33% de los centros dependiendo de la etapa educativa).
• En la Comunidad de Madrid, hay una relación muy fuerte entre el cobro de cuotas y el resultado económico (los centros mejor financiados tienen una mayor probabilidad de cobrar y cobrar cantidades altas) y una enorme importancia del tamaño de centro para entender las dinámicas de cobro de cuotas. Se identifica una proporción baja de centros infra-financiados y una proporción ligeramente superior respecto a la media nacional de centros que cobran por razones de diferenciación respecto a otros centros o beneficio económico.

• La Comunidad Valenciana presenta una relación positiva entre el cobro de cuotas y el resultado económico (especialmente en la ESO), una enorme importancia del tamaño de centro para entender las dinámicas de cobro de cuotas y una proporción elevada de centros con infra- financiados (casi un 40%) con cuotas bajas que viven una situación precaria a nivel financiero.
• El País Vasco presenta unos niveles de financiación muy elevados en relación con la media nacional y la proporción más baja de centros infra-financiados. También se observa una relación más débil entre el tamaño del centro y el cobro de cuotas, que son generalizadas y superiores a la media nacional y, sobre todo, una enorme importancia de los gastos no concertados, los más elevados de todas las CCAA analizadas, que constituyen la razón principal para el cobro de cuotas. La escuela concertada del País Vasco es el paradigma, simultáneamente, de un muy buen nivel de financiación combinado con unos elevados gastos no concertados.

Los resultados encontrados muestran una consistencia muy notable entre lo que pagan las familias y lo que cobran los centros, lo que refuerza la fiabilidad del análisis. También nos ofrece por primera vez una estimación muy precisa de la magnitud económica de las cuotas del sector concertado, que oscila entre los 950 y los 1.200 millones de euros para las etapas que van de los 3 a los 16 años. Estos resultados demuestran con rotundidad la hipótesis de la diversidad y complejidad del sector y vienen a mostrar que el sector concertado, tratado como bloque unitario, es en realidad la suma de realidades educativas, geográficas, sociales y económicas muy diversas y a las que no convendría aplicar una política educativa de talla única.

El sistema actual ha llegado a un equilibrio muy estable, donde los incentivos a cambiar la situación son escasos para la mayoría de los actores implicados, en buena medida debido a la baja inversión pública en educación que hay en España: la existencia de la red concertada reduce la presión sobre el gasto público de las administraciones educativas (entre otras cosas, por sus menores costes salariales por alumno y porque son centros más grandes), facilita un sistema de selección social para familias de mayor renta a cambio de un copago y garantiza una demanda amplia que asegura la continuidad del sector concertado. Mientras que la calidad de las escuelas concertadas es semejante a la de las públicas cuando comparamos dos centros con las mismas características del alumnado, las condiciones de acceso son muy distintas: los centros concertados escolarizan un alumnado con un nivel socioeconómico más alto y escolarizan en muy menor medida alumnado inmigrante, lo cual aumenta la segregación escolar en España.

Para garantizar que la doble red no se convierta en un factor importante de segregación escolar y para asegurar la gratuidad del acceso a la educación sostenida con fondos públicos, proponemos las siguientes medidas:

1. Desarrollar un análisis detallado del coste teórico de la plaza escolar en el sector público y concertado en todas las CCAA.
2. Ampliar la periodicidad de la recogida de datos del gasto privado de las familias y el coste de la enseñanza privada que lleva a cabo el INE.
3. Auditar los gastos no concertados, así como las cuotas de aquellos centros que, aun no estando en una situación de sobre-financiación, están prestando servicios no concertados que se financian a través de cuotas.
4. Desarrollar mecanismos e incentivos para acabar con el sistema de conciertos plenos de los centros claramente sobre-financiados y cuyas cuotas son elevadas y que se sitúan notablemente por encima de los gastos no concertados de su contabilidad. De acuerdo con las simulaciones realizadas, esto permitiría, además, redistribuir el excedente disponible para acabar con la infra-financiación que afecta a una parte del sector concertado.
5. Supervisar el coste del comedor escolar en los centros concertados y equipararlo con los costes de los centros públicos, para evitar que se convierta en una fuente indirecta de financiación escolar.
6. Regular las aportaciones que las familias puedan realizar en concepto de actividades complementarias y otros servicios, y establecer umbrales idénticos para centros públicos y concertados.

Finalmente, y con el objetivo de garantizar un mayor equilibrio en la composición social del alumnado de las dos redes escolares, proponemos la articulación del instrumento de los “contratos-programa” que permitan a las CCAA incorporar unas cuantías económicas vinculadas específicamente al objetivo de luchar contra la segregación escolar por la vía económica. Para ello, la administración puede incentivar a los centros públicos y concertados a cumplir determinados estándares tanto en el acceso de alumnado vulnerable como en el servicio que se le presta.