En 2022, Estados Unidos dio un gran paso atrás al revertir una sentencia histórica que garantizaba el derecho a interrumpir libremente el embarazo. Políticas y expertas advierten de que Europa no es inmune a estos retrocesos
El pañuelo verde que se ha convertido en un símbolo de la lucha por el derecho al aborto en América Latina ha lucido en el cuello de más de una política europea en los últimos meses. El derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo sufrió un gran revés en 2022 en todo el mundo con la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de derogar la sentencia Roe contra Wade, que servía de base legal para la interrupción voluntaria del embarazo desde 1973, lo que demostró que esta conquista social y feminista no era irrevocable. Europa tampoco es inmune a esta oleada regresiva que podría socavar un derecho que tanto ha costado conseguir y llevarse consigo, de paso, otras libertades fundamentales. Porque los ataques al derecho a abortar, advierten muchas voces, son solo un primer paso o síntoma de algo potencialmente mucho más grave.
“Estamos en una batalla entre gobiernos mucho más totalitarios, que están utilizando las políticas de igualdad, los derechos y libertades de las mujeres para avanzar en su agenda totalitaria y autocrática en sus países”, sostiene la eurodiputada de Ciudadanos Soraya Rodríguez, miembro de la comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad del Parlamento Europeo.
El ejemplo más denunciado es Polonia, que hace dos años impuso leyes tan restrictivas al aborto que suponen una prohibición total de facto a este derecho hasta entonces garantizado, aunque fuera con limitaciones. Al menos seis mujeres han muerto desde el cambio en la ley, aunque las activistas están convencidas de que son muchas más, en vista de que las restricciones obligan a muchas a optar por abortos clandestinos y peligrosos.
Junto con Estados Unidos, Polonia tiene el dudoso honor de ser uno de los cuatro países del mundo —además de El Salvador y Nicaragua— que han dado marcha atrás en el derecho al aborto desde 1994, según la ONG Centro para Derechos Reproductivos. Pero el Gobierno polaco no es el único en intentar limitar una práctica que va más allá del derecho de la mujer a decidir libremente sobre su cuerpo.
En septiembre, el Gobierno de Viktor Orbán en Hungría emitió un decreto por el que las mujeres que quieran abortar estarán obligadas a “escuchar el latido fetal” antes de poder interrumpir su embarazo. La directora para Europa de International Planned Parenthood Federation (IPPF), Caroline Hickson, señala como otros países “preocupantes” a Rumania y Eslovaquia, donde “se está produciendo otro intento de restringir el acceso” al aborto. Y la llegada al Gobierno de Italia de la también ultra Giorgia Meloni, muy alineada con Orbán en la defensa de los “valores de la familia tradicional”, hace temer a muchas activistas que la alianza antiabortista no sea solo ya un problema de países del Este.
Porque, como advierte Hickson, para tener la “imagen completa” de la situación europea del derecho al aborto, también hay que analizar “cuán accesible” es en la práctica el acceso a ese derecho. “En muchos países de la UE donde el aborto es legal, las mujeres afrontan obstáculos inaceptables para acceder a estos cuidados”, señala por correo electrónico.
En 2021, IPPF elaboró un “atlas de políticas abortivas en Europa” donde analizó la situación de 52 países y territorios europeos. Su diagnóstico: en 31, el aborto no está cubierto por la seguridad social, lo que penaliza sobre todo a las mujeres más vulnerables; 19 países, “incluidos varios conocidos por sus posturas progresistas”, obligan a las mujeres a someterse a requisitos médicos innecesarios antes de poder abortar, como periodos obligatorios de espera o asesoramiento a veces “partidista”. Además, 16 países europeos siguen regulando el aborto principalmente a través de su código criminal o penal, lo que, advierte IPPF, “estigmatiza el procedimiento”. En 26, los trabajadores de la salud pueden alegar su derecho a la objeción de conciencia, lo que “pone potencialmente a las mujeres en un peligro grave”. Finalmente, en 18 países no se proporciona información “clara y precisa” sobre la práctica.
Actualmente, Malta es el único país de la UE en donde el aborto está totalmente prohibido, aunque un proyecto de ley para permitir algunos supuestos avanza (lentamente) en el Parlamento y se espera que sea aprobado este 2023. Más allá de los Veintisiete, hay otros países europeos que siguen prohibiendo o limitando severamente la interrupción voluntaria del embarazo: también en Andorra sigue totalmente prohibido, mientras en Liechtenstein o Mónaco las leyes al respecto son “extremadamente restrictivas”, recuerda Hickson.
Para la eurodiputada y jurista María Eugenia Rodríguez Palop (Unidas Podemos), hay tres grandes riesgos para un derecho que muchas europeas (y estadounidenses) creían irreversible: está el “retroceso respecto de lo que ya hay”, como ha pasado en Polonia o Hungría y podría pasar en Italia o Suecia, donde la llegada de un Gobierno apoyado por la extrema derecha también causa inquietud entre las feministas para las que este país, que ahora asume la presidencia de la UE, era ejemplar. También está el riesgo “no ya de retroceder, sino de no avanzar en la dirección adecuada, que también es una forma de retroceso”, señala Palop. Y un tercer peligro “enorme”, advierte, es “retroceder sobre el concepto de familia” y tratar de imponer la idea de “familia natural”, donde “lo más importante es la mujer en su calidad de madre”, a través de la cual “se articulan políticas racistas y xenófobas asociadas a la teoría del gran reemplazo: las europeas debemos tener hijos para evitar que los inmigrantes nos sustituyan”. Todo ello con un elemento religioso, “la mujer como garante de usos y costumbres tradicionales asociados a una visión clásica de la Iglesia”. Así, alerta Palop, la familia “se convierte en elemento central no ya solo de políticas antifeministas, sino de otras que identifican a la extrema derecha”.
La buena noticia es que no todo son retrocesos. La Asamblea Nacional francesa dio en noviembre el primer paso para consagrar el derecho al aborto en la Constitución. Aunque no es seguro que el proyecto supere todo el proceso legislativo, es un mensaje contundente. Como el que envió el Parlamento Europeo este verano al aprobar, solo dos semanas después del revés del Tribunal Supremo estadounidense, una resolución en la que se pide que el derecho al aborto “seguro y legal” se consagre también en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que recoge los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los europeos. Para que ello suceda, se requiere la unanimidad de los 27 países de la UE, algo a día de hoy imposible, reconocen sus impulsores. No obstante, supone un precedente y un gesto político importantes, defienden. Y esos van a seguir siendo necesarios en el futuro.
“La anulación de [la sentencia] Roe contra Wade en Estados Unidos fue un aviso fuerte para los europeos de que no se pueden dar por sentadas las protecciones para los derechos de las mujeres que tanto han costado lograr”, señala Hickson. Al menos, celebra, “estamos viendo un despertar entre feministas, jóvenes y partidos progresistas conscientes de que los derechos e igualdades están en riesgo si los ciudadanos no se movilizan en su defensa”.
