El Tribunal de Derechos Humanos se pronuncia hoy sobre el último recurso presentado por José Antonio Fernández por vulneración de sus derechos a la libertad ideológica y de expresión
Tras quince años de pleitos, el caso agota hoy la vía judicial con el último recurso del demandante ante la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo. En mayo del año pasado, el Tribunal Europeo desestimó los argumentos del docente y apoyó la autonomía religiosa para tomar estas decisiones. El caso reabre el debate sobre el estatus jurídico de los profesores de religión en España, contratados por el Estado pero sólo si la Iglesia católica da su conformidad mediante la llamada Declaración Eclesiástica de Idoneidad.
Desde 1997 José Antonio Fernández no ha dejado de pelear en los tribunales para que se reconozca que su despido vulneró sus derechos a la privacidad, la libertad ideológica y de expresión. Y eso es lo que volverá a hacer hoy en Estrasburgo, según ha explicado en declaraciones a la SER. "Todo el mundo, incluido el obispo, conocía mi condición personal de ex cura casado y con hijos. Y eso nunca fue problema para ejercer como profesor de religión. Nadie podrá decir nunca que no fui un profesor responsable y profesional, siempre ejercí mi función con completo respeto a mi fe y a mis convicciones religiosas como cristiano. Y así espero que lo reconozca la justicia".
A sus 76 años Fernández es el primer profesor de religión despedido en España cuyo caso ha llegado al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Hace ocho meses, Estrasburgo desestimó su demanda por seis votos contra uno, señalando que los motivos para no renovarle el contrato fueron de "naturaleza estrictamente religiosa" y añadiendo que el demandante tuvo que ser consciente "de las particularidades de la relación laboral en este tipo de puesto y del derecho del obispo de proponer o no a los candidatos".
Ordenado sacerdote en 1961, Fernández pidió la dispensa en 1984. En los años posteriores se casó por lo civil y tuvo cinco hijos. Una condición, la de excura casado, conocida tanto por la Iglesia como por su entorno escolar, que no impidió que el Obispado de Cartagena le diera el visto bueno para trabajar como profesor de religión en varios institutos murcianos entre 1991 y 1997. La relación laboral se suspendió cuando Fernández acudió como público a una reunión del Movimiento Pro Celibato Opcional y su imagen apareció en una fotografía publicada por un periódico local. El Obispado le retiró el plácet y justificó entonces su despido porque "se había hecho pública y notoria su situación" y eso podía afectar a la sensibilidad de muchos padres de familia.
