El tribunal europeo considera legítimo el cese por nueve votos contra ocho La Iglesia retiró a José Antonio Fernández el permiso para dar clase tras salir en una foto con su familia
La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha respaldado este jueves el despido de José Antonio Fernández, el exsacerdote que denunció al Estado español por haberle despedido en 1997. La Iglesia católica le retiró el permiso para ser profesor de Religión después de que se publicara una fotografía en un periódico en la que se evidenciaba que este excura está casado.
El tribunal, con sede en Estrasburgo, ha respaldado ese despido como “legítimo y proporcionado” en un fallo positivo con un margen muy estrecho, por nueve votos contra ocho. Considera que no vulnera el derecho a que se respete la vida privada y familiar de Fernández, el exsacerdote de 77 años que sigue casado y tiene cinco hijos. “Hemos perdido por un voto y con dignidad tras 18 años de lucha”, ha valorado Fernández nada más conocer el fallo. “Sigo pensando que es una injusticia porque nunca han podido demostrar con pruebas que yo haya escrito o enseñado contra la Iglesia católica”, ha añadido. Este era el último paso previsto por Fernández, que acudía por segunda vez a Estrasburgo a defender su caso. En la primera ocasión, en 2012, tampoco le dieron la razón.
La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluye que "no ha habido violación del artículo 8 de la Convención (Europea de DDHH)" en este caso. Según ese artículo, "toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia" y "no podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley".
Fernández alegó que la no renovación de su contrato de profesor constituía una injusta interferencia con el ejercicio de su derecho a la vida privada y añadió que la publicidaddada a su familia y a su situación como cura casado había sido la causa de su despido, algo a su juicio incompatible con los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión.
Estrasburgo, sin embargo, considera que la interferencia con el derecho del demandante al respeto de su vida privada "no fue desproporcionada". De hecho, ve la decisión "legítima y proporcionada" al objetivo perseguido: "evitar el escándalo".
El abogado de Fernández, José Luis Mazón, considera que el fallo “es una victoria moral aunque sea una derrota material”. Mazón valora que el tribunal “se ha dividido en dos mitades” y considera que los votos particulares de los magistrados ponen en evidencia que “los motivos del despido” fueron la publicación en un periódico de la condición de cura casado y de miembro del Movimiento pro Celibato Opcional de su cliente, “algo que ya conocía todo el mundo en su entorno”.
Fernández alega que, con la retirada de su permiso para ser profesor, se vulneraron hace casi 20 años sus derechos a la privacidad y a la libertad ideológica y de expresión. En España, la Administración contrata a los profesores de religión católica de la escuela pública entre aquellos que reciben el visto bueno de la jerarquía católica. Los elegidos reciben la Declaración Eclesiástica de Idoneidad (DEI), pero cuando un obispo considera que ya no son idóneos los despide y si un tribunal declara ese despido improcedente, son las Administraciones las que han de pagar la indemnización, porque es la que contrata. La potestad para elegir a docentes de religión en los centros públicos corresponde a los obispos por los acuerdos firmados con la Santa Sede en 1979.
Fernández sostiene que nunca ocultó su matrimonio. “Hola, me llamo José Antonio Fernández y soy un cura casado”, decía para presentarse a los alumnos en sus clases. La última sentencia del tribunal europeo, de mayo de 2012, consideraba que la retirada del certificado de idoneidad fue una decisión “de naturaleza estrictamente religiosa” aunque admitía que los tribunales nacionales podían sopesar si se están vulnerando los derechos fundamentales.
José Antonio Fernández, el exsacerdote que denunció al Estado español por haberle despedido en 1997. / Julián Rojas Ocaña
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