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Estado laico, Religión y Derechos Humanos

Este 1 de mayo del 2017, nos deja un sabor amargo en la democracia tica: para la presidencia de la Asamblea Legislativa es elegido un diputado que es pastor, que fue investigado por tres delitos, que cumplió prisión preventiva pero que nunca tuvo juicio porque se llegó a conciliación y que cuya licencia notarial fue suspendida. Esta es la misma persona que se ha opuesto pública y ferozmente a todo lo relativo al reconocimiento de los derechos de las personas LBGTI y de las mujeres en particular bajo la argumentación sobre valores personales (dogmas) y no sobre el derecho y la ciencia.

Quien fue responsable, que asuma las consecuencias. La actuación del partido Liberación Nacional y una fracción del partido Frente Amplio hizo que esta elección tuviera un resultado funesto ya que el primero, votó directamente por el diputado fundamentalista y el segundo votó porque quienes no eran elegibles como candidatos a sabiendas que esos votos nulos se sumarían a quien tuviera más votos.

Es imperativo entender que nuestro voto individual es la piedra que lanzan desde la Asamblea Legislativa para hacer añicos nuestra democracia, entendida ésta como un Estado de derecho donde se respete la normativa. Ese voto que le damos a un partido u otro, es lo que les permite a quienes ocupan una curul decidir sobre el futuro de nuestro país, el nuestro, y del cual urge apropiarse. En resumen, la próxima vez que vote, trate de recordar las acciones de los diputados y diputadas de su partido y se han cumplido con sus expectativas.

Tener un pastor acusado de delitos, y el temor de que imponga como funcionario público sus creencias religiosas, nos hace recordar la urgencia de que Costa Rica por fin se convierta en un Estado laico ya que como afirma la teóloga Kattia Castro: “los valores morales y religiosos de una persona o institución no pueden prevalecer por encima de los Derechos Humanos, los cuales incluso han sido consagrados por nuestro propio ordenamiento jurídico”.

La laicidad del estado costarricense es la vía para el desarrollo pleno de todas las personas. El Estado laico garantiza el ejercicio de las libertades ciudadanas y los derechos humanos en el marco de la democracia. Esto se traduce en una sociedad en donde no haya ciudadanas y ciudadanos de primera y segunda categoría, porque garantiza el ejercicio las creencias religiosas de todas las personas siendo éstas obligatorias para nadie más que para quienes decidan seguirlas.

Un Estado laico reconoce, protege y garantiza la libertad de conciencia, la libertad religiosa y de culto para todas las personas y garantiza la igualdad, y la no discriminación porque reconoce el valor de las expresiones de esas creencias personales. Es decir, que protege la libertad religiosa, porque toda persona puede profesar en un Estado laico cualquier creencia ética, religiosa y espiritual pero sin obligar a toda la población a sufragar los gastos que implica el mantenimiento del culto y sus ministros.

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 El contrario de un Estado laico es un Estado confesional. En éste último, la religión oficial se impone como norma para toda la colectividad ya que los y las representantes estatales pueden intervenir en políticas públicas imponiendo su moral y su religión aún a las personas que no las comparten. El mejor ejemplo es cuando el ex-diputado Justo Orozco, hablaba de su religión y quería legislar de acuerdo a su visión de mundo y no de acuerdo a la normativa jurídica (ley nacional).

Actualmente, nuestro país es confesional ya que nuestra Constitución Política lo determina así en el artículo 75. Este mismo artículo y el 194,  le brindan privilegios a una iglesia particular. Esto significa que aunque en principio no se impide “el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres”, lo cierto es que no existe independencia y autonomía entre el Estado costarricense (en el que cabemos todas las personas sin excepción) y las iglesias (en donde están algunas personas aglomeradas por compartir una creencia religiosa en particular).

Yo no quiero pagar misas. En Costa Rica, todas las personas sin excepción tenemos la obligación de contribuir a una iglesia en particular, así sea que pertenezcamos a ella o no,  ya que constitucionalmente “la Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento”, lo quiera Ud. o no. Si bien no pagamos de manera directa, el estado usa fondos públicas para sostener las actividades de esta iglesia en particular y también le brinda ciertos privilegios como exonerarlos de impuestos  sobre la renta,  bienes inmuebles y de pago de servicios municipales. De manera adicional, les han legitimado su intervención en la educación general y por eso no tuvimos hasta hace poco educación para la sexualidad, tienen garantizada su intervención en el sistema de salud pública y privada y por supuesto, que tienen injerencia en políticas públicas sobre de sexualidad y reproducción.

Si la mayoría es de una religión ¿no debería ese Estado comulgar con esa religión?
El Estado Costarricense en plena soberanía, ha suscrito y ratificado los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, e incluso les ha otorgado un rango superior a la Constitución y por lo tanto está obligado a respetarlos e  implementarlos. Esto significa que los valores morales y religiosos de una persona o de una jerarquía eclesiástica no pueden prevalecer por encima de la normativa nacional e internacional de protección a los Derechos Humanos.

Si hubiera independencia entre el Estado y las iglesias, Costa Rica sería una verdadera democracia, ya que el Estado podría realmente garantizar los derechos humanos de todas las personas y no solamente de quienes profesen la religión oficial, aunque sea la mayoritaria. Por eso es muy grave que un diputado o dos hayan dicho que no hay que cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que esto mina nuestro Estado de derecho que es la base para un país de paz.

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Sin religión oficial, ¿el Estado sería ateo?
Solo las personas podemos tener creencias espirituales. Es falso que Costa Rica, sea católica pero lo que sí es cierto es que hay una mayoría de personas que se autodenominan como católicas. La diversidad de las creencias de las personas que habitan un país es lo que hace que implica tener que garantizar el derecho a ejercer su creencia particular de cada una de las personas sin hacer excepciones o favoritismos. Es falso que un Estado laico carezca de valores y esté orientado a la decadencia moral. ¡Todo lo contario! El Estado laico es lo que garantiza a las personas expresar opiniones con base en su credo religioso, sin que por ella vayan a ser discriminadas.

En cambio, el peligro de que un pastor fundamentalista sea presidente de la Asamblea Legislativa, es que éste no cumpla con su mandato de velar por todas las personas que habitamos el país en el marco de lo establecido por la normativa nacional y que por el contrario vele únicamente por aquella gente que coincida con su interpretación religiosa. Esto atentaría en contra de nuestro estado de Derecho y la democracia que tanto nos ha costado construir podría desaparecer.

En resumen. En un Estado laico, todas las personas tenemos derecho a nuestras creencias y a actuar de acuerdo a éstas siempre y cuando no infrinjan las leyes tal y como está planteado actualmente en el artículo constitucional 28. Ningún individuo está por fuera de la ley porque pecado y delito son cosas diferentes. Por eso, un Estado laico no es un Estado ateo ni anticlerical; tampoco está en contra de las religiones. Un Estado laico simplemente mantiene una neutralidad confesional, no privilegia un credo religioso particular sobre otros, y más bien garantiza la libertad de culto y de conciencia, a la vez que la igualdad entre todos los credos. Incorpora dentro de sus valores el respeto, a la diversidad y a la libertad y por ende garantiza la protección a los derechos humanos sin distinción alguna y por igual para todos sus habitantes.

Por eso, debemos apostar por una Costa Rica plural, diversa y en igualdad que nos garantice nuestros derechos y los de todas las personas en nuestro país. 

Larissa Arroyo es abogada feminista en Costa Rica

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