Los gobiernos instan “a la Comisión Europea, como guardiana de los Tratados, a utilizar todas las herramientas a su alcance para garantizar el pleno respeto de la legislación de la UE, incluso remitiendo el asunto al TJUE”. Los firmantes son: Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, España, Suecia, Letonia e Italia.
Catorce países de la UE censuran a la Hungría de Viktor Orbán por las leyes que “discriminan” a los colectivos LGTBIQ y piden al Ejecutivo comunitario que considere llevar el caso ante la Justicia europea. Así lo han expresado en una declaración difundida este martes durante la reunión de ministros de Asuntos Europeos de la UE en Luxemburgo.
En la declaración, los países –Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, España, Suecia y Letonia, a la que se añadió después Italia– expresan su “profunda preocupación” por la adopción por el Parlamento húngaro de una legislación que “discrimina a las personas LGTBIQ y violan el derecho a la libertad de expresión con el pretexto de proteger a los niños”.
A medida que han pasado las horas, se han sumado otros tres –Grecia, Austria y Chipre– como ha anunciado el ministro alemán de Asuntos Europeos.
Cyprus is EU member state number 17. Thanks.— Michael Roth MdB ?? (@MiRo_SPD) 23 de junio de 2021
Los países que no están: Portugal (presidente de turno de la UE y por eso permanece neutral, aunque expresó su apoyo verbalmente), Bulgaria, Croacia, Malta, Polonia, República Checa, Eslovaquia,, Rumanía y Hungría (como es de esperar).
Hace exactamente una semana una ley aprobada por el Parlamento húngaro prohíbe, entre otras cosas, hablar sobre homosexualidad en las escuelas, lo cual ha desatado una lluvia de críticas de las principales organizaciones de derechos humanos y colectivos en defensa de los derechos LGTBI.
Las polémicas medidas se encuadran en un proyecto de ley contra la pedofilia, en la que se prohíbe también exponer a menores de 18 años a pornografía y a cualquier contenido que fomente el cambio de sexo y la homosexualidad.
En respuesta a esa legislación, el alcalde de Múnich, Dieter Reiter (SPD), propuso iluminar el estadio de Múnich en solidaridad con las personas LGTBI húngaras y como símbolo de protesta ante la nueva legislación LGTBfóbica promovida por el ultraconservador Viktor Orbán. Pero la UEFA ha prohibido este martes iluminar el estadio con la bandera LGTB en el partido de Alemania contra Hungría. En un comunicado oficial, la UEFA ha afirmado que “el racismo, la homofobia, el machismo y otras formas de discriminación son una mancha en nuestras sociedades y representan uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos a día de hoy en el terreno de juego” y también ha reconocido que “los comportamientos discriminatorios han ensuciado tanto los partidos como las conversaciones online con respecto al deporte”.
Las enmiendas aprobadas hace una semana en el Parlamento húngaro a una serie de leyes (Ley de protección de la infancia, Ley de actividades publicitarias comerciales, Ley de medios de comunicación, Ley de protección familiar y Ley de educación pública) “introducen la prohibición de ‘la representación y la promoción de la identidad de género diferente del sexo al nacer cambio de sexo y homosexualidad’ para menores de 18 años”, afirman los Gobiernos de la UE, que sostienen: “Representa una forma flagrante de discriminación basada en la orientación sexual, la identidad y la expresión de género y, por lo tanto, merece ser condenada. La inclusión, la dignidad humana y la igualdad son valores fundamentales de nuestra Unión Europea y no podemos negociar con estos principios”.
Según los Gobiernos de la UE, “estas enmiendas también violan la libertad de expresión, al limitar la libertad de opinar y recibir y difundir información sin participación de la autoridad pública, consagrada en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”.
Por tanto, “la estigmatización de las personas LGTBIQ constituye una clara violación de su derecho fundamental a la dignidad, según lo dispuesto en la Carta de la UE y el derecho internacional”. Y concluyen: “instamos a la Comisión Europea, como guardiana de los Tratados, a utilizar todas las herramientas a su alcance para garantizar el pleno respeto de la legislación de la UE, incluso remitiendo el asunto al TJUE”.
