En línea con la sempiterna connivencia de la derecha, especialmente la ultra, con la Iglesia, en 1998 José María Aznar le regalaba al clero una reforma de la Ley Hipotecaria (Decreto 1867/1998) que amplió el privilegio de la Iglesia a la hora pone a su nombre en los Registros de Propiedad, bienes públicos a nombre de los arzobispados correspondientes. Es un privilegio que ya ostentaba la Iglesia católica en España, como es de rigor, desde la época franquista. De hecho, se venían ejecutando estas inmatriculaciones desde 1946, poco después de finalizada la Guerra civil española. No hay que olvidar el papel fundamental y protagonista de la Iglesia católica en el terrible conflicto que arrasó al país, conflicto que ellos consideraban una “cruzada cristiana” contra las hordas “rojas”, es decir, democráticas. ‘La Iglesia de Franco’, del historiador Julián Casanova, es el libro de referencia para adentrarse con rigor en esta cuestión que no es ajena a estos hechos en cuestión.

No es muy democrático, ciertamente, que la Iglesia católica, en tan sólo 20 años, haya escriturado bajo su titularidad una cantidad inmensa de bienes inmuebles, con los bienes muebles que contienen, que no es pecata minuta, arrebatándoselos al Estado español, es decir, a todos los españoles. Se desconoce el número exacto y total de bienes inscritos, aunque algunos consideran que superan los 50.000, entre ellos algunos tan importantes como la mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla. Existe, según parece, disparidad en los números según las provincias, y ello es debido, según el diputado del PSOE Antonio Hurtado, a la disparidad en la “permisividad de los notarios” a la hora de estas escrituraciones.

Listado de bienes

Tras muchos años de lucha y de compromiso de un grupo de alcaldes y vecinos de pueblos navarros (Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro) por denunciar estos desmanes de la Iglesia católica, que atentan contra el patrimonio y la dignidad del pueblo español, por fin están viendo los frutos de su incansable, largo e invisible trabajo de dos décadas. Por fin el Ministerio de Justicia ha anunciado que está procesando los datos con vistas a la realización de un listado de bienes inmatriculados, y prevé su próxima publicación. Lo cual es de rigor y es un derecho que tenemos todos los españoles, puesto que la gran mayoría de esos bienes eran y deben seguir siendo de titularidad pública. Lo contrario es un dislate que nos sitúa en una situación político-social vergonzosa, inaceptable y peor que medieval; de hecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su sentencia sobre el caso Ucieza, considera estas inmatriculaciones “arbitrarias” y condenaba al Gobierno español por permitirlas.

El nuevo Gobierno, por tanto, va a hacer público un listado de muchos miles de bienes de titularidad pública de los que la Iglesia se ha estado apropiando desde 1.998 a espaldas del conocimiento de los ciudadanos y de muchas instituciones, aunque en alianza con otras tantas, entre ellas el Partido Popular, que se hizo cómplice de esas apropiaciones, en grave perjuicio de todos los españoles sean cuales sean sus creencias personales. Será un listado, sin embargo, incompleto, porque se limitará a las inmatriculaciones realizadas desde 1.998, sin tener en cuenta todos los inmuebles inmatriculados sin control desde 1.946, que son la inmensa mayoría.

Victoria ciudadana insuficiente

La coordinadora “Recuperando” (compuesta por la Plataforma de Defensa del Patrimonio navarro, a la que se le han unido una veintena de colectivos ciudadanos, como MHUEL y Europa Laica) ha hecho público un comunicado en el que expone que la publicación de este listado de bienes inmatriculados por la Iglesia, que admite que son más de 40.000 sin tener en cuenta los anteriores a 1998, es una “victoria ciudadana”, pero es insuficiente. Porque, por un lado, descarta todas las escrituraciones llevadas a cabo entre 1946 y 1998, y, por otro, no contempla una solución firme, efectiva y contundente. La coordinadora propone que se promueva un marco legislativo óptimo que resuelva de manera general “la recuperación para el dominio público” de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica.

Sea como sea, el expolio de bienes públicos llevado a cabo por la Iglesia en el territorio español es inmenso y de proporciones inconmesurables. Como bien exponía la sentencia sobre el caso Ucieza del TEDH, se ha estado llevando a cabo durante más de ochenta años en España, por parte de la Iglesia católica, quien dice que reparte espiritualidad y moral, “una violación continuada y masiva” de los derechos garantizados por la Convención Europea de los Derechos Humanos. El asunto es tan grave que mejor abstenerse de buscar adjetivarle. Aunque, si tenemos en cuenta que esas inmatriculaciones en arzobispados son, finalmente, inmatriculaciones de suelo español en manos de delegaciones (arzobispados) del Estado Vaticano, podemos afirmar perfectamente que la Iglesia católica no sólo es la mayor propietaria de suelo español después del propio Estado, sino que, además, media España es propiedad del clero, es decir, media España no es de España, es de un Estado extranjero.