El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la capital vallisoletana dejó ayer visto para sentencia el juicio impulsado por la Asociación Cultura Escuela Laica de Valladolid (ACEL) con la pretensión de que sean retirados todos los símbolos religiosos del Colegio Público Macías Picavea, de titularidad municipal, por entender que su presencia vulnera principios constitucionales y supone una discriminación para los alumnos que profesan otras religiones ajenas a la católica.
Durante la vista, que se prolongó por espacio de casi una hora, el letrado de la parte demandante, en representación del referido colectivo, ratificó la demanda y, frente a la petición de desestimación de la misma por falta de legitimidad alegada por el abogado de la Junta, recordó que ACEL actúa en el litigio en nombre de un miembro de la comunidad escolar del colegio.
El abogado de ACEL, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas, también se mostró disconforme con la afirmación de la Junta de que el Macías Picavea cuenta con símbolos religiosos desde su creación en 1930, sobre todo porque, tal y como recordó el demandante, en el estadillo sobre el mobiliario existente entonces aportado por la Administración regional tan sólo se hacía referencia a cuatro crucifijos «y ahora hay muchos más».
El letrado en representación de la Junta y del propio colegio, alegó también que la competencia sobre la retirada o no de los símbolos religiosos es de los consejos escolares, si bien el abogado de ACEL negó tal extremo y apuntó que tales órganos no pueden resolver cuestiones de ideología sino sobre problemas de gestión de los centros.
El conflicto en el Macías Picavea se inició en el curso 2005 cuando padres de dos alumnos del mismo se pusieron en contacto con la dirección para solicitar la retirada de los crucifijos. Una vez cerrada la vía administrativa, en la que tanto los padres como luego ACEL se encontraron con la oposición del Consejo Escolar del colegio, así como de la Dirección Provincial de Educación y la Consejería del ramo, los demandantes acudieron en mayo de 2006 a la vía de lo contencioso-administrativo, que ha dado ahora lugar al presente juicio.
