En defensa del «burka»

Surge en Cataluña una oleada en contra del burka, esa horrenda tienda de campaña que extienden sobre sí mismas algunas mujeres musulmanas. Lérida, Tarragona, El Vendrell y Barcelona son municipios que ya han proscrito el uso de la prenda. Y el Gobierno del Estado dice ahora que pondrá manos a la obra, alarmado porque el asunto no tiene normativa. Asombra ver hasta qué punto la democracia ha extraviado sus valores fundacionales, cómo se sacude una larga tradición que logró decantarla, trabajosa y lentamente, hacia la libertad individual. Y es paradójico, además, que los mismos que se apresuran a liquidar el patrimonio moral de Europa, sean los que imponen, bajo nuevos presupuestos, su dictadura a las minorías que llegan de otros sitios.

El burka. Como podría decirse de la práctica de la prostitución, el consumo de tabaco o el rezo del rosario, nadie debería meterse en la vida de nadie en tanto su conducta no dañe a terceros. Esto es criticable cuando lo hacen personas privadas, pero cuando el poder público dicta por decreto cómo deben vestirse las personas alcanza el grado de policía moral. Si un Estado que se cree laico se convierte en instrumento para imponer los valores de aquellos que ocupan el poder, o ha dejado de ser laico o a lo mejor nunca quiso serlo.

No está claro por qué un mastuerzo sudado puede mostrar en la vía pública la pelambrera del sobaco o lucir en la ternilla de la nariz y en los belfos agujereados más arandelas que una cortina para el baño, mientras una mujer musulmana no puede ir vestida, nunca mejor dicho, como Dios le dé a entender. Cuando el poder público se propone redimir a las masas, y estando como está desprovisto de valores seguros, resulta tan arbitrario como incierto. Una mujer puede cubrirse la cabeza porque es musulmana, porque es monja o porque sale de la peluquería y va a subirse a una moto. No se sabe qué demonios pinta nadie diciendo si eso es legal o es ilegal. Los enemigos de la libertad no se identifican tanto por lo que prohíben como, más perversamente, por lo que permiten. Pero como hoy pensamos que el poder tiene derecho a regularlo absolutamente todo, no nos escandaliza que prohíba algunas cosas; aún peor, no nos escandaliza que pueda permitirlas. En ese sentido, no habría sido mejor que el hecho de prohibir el burka el hecho de autorizarlo.

La única situación en que el poder público debe actuar es cuando la musulmana en cuestión lleve el burka no porque quiera, sino porque le obligue su marido, porque le obligue su padre, o porque le obligue su imán. La autoridad sí debe intervenir con energía cada vez que haya violencia o amenaza de violencia de unos sobre otros; en este caso, cuando el burka no sea una opción personal, sino una carga impuesta. Pero a estas alturas, tal deslinde conceptual resulta demasiado sutil, seguramente.

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