Esta semana la Justicia de Río Negro condenó a un cura pedófilo a 8 años de prisión. La Diócesis del Alto Valle ocultó por años la situación. Ahora se supo que hay otro caso similar sin judicializar. El obispo Marcelo Cuenca es acérrimo defensor del cura Grassi.
La Justicia de Río Negro condenó al sacerdote católico Juan José Urrutia a 8 años de prisión, por haber abusado sexualmente de un menor en 2010. Ante esto el Obispado emitió un comunicado en el que reveló que desde 2013 “se encuentra privado de todo oficio eclesiástico y suspendido del ejercicio público del ministerio como consecuencia de la conclusión de un proceso administrativo penal canónico”. Esta semana el periódico digital Agencia Noticias Roca descubrió que esa sanción corresponde a otro caso similar que ocurrió en forma contemporánea por el que fue puesto preso.
El pasado 3 de octubre ANR publicó en exclusiva que el caso iba a ser llevado a juicio oral y público. Se inició tres días después y era la primera vez que sucedía en Río Negro. También denunciaba que la Diócesis del Alto Valle, a cargo del obispo Marcelo Cuenca, había ocultado ésa situación. Ahora se sabe que hay otro caso que no fue denunciado y se “resolvió” puertas adentro.
El fallo.
El pasado martes, el caso se resolvió cuando la Cámara Tercera del Crimen con sede en General Roca leyó la sentencia. El fiscal Andrés Nelly defendió exitosamente su acusación de “Abuso sexual con acceso carnal por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima. Y agravado por ser un ministro de culto”.
El sacerdote fue condenado a 8 años de prisión, aunque aún no irá preso porque la sentencia no está firme. Urrutia fue ordenado en 2000. Y en 2010, cuando ocurrió el abuso, prestaba servicios como sacerdote en la Iglesia Santa Catalina, de Allen. En 2011 prácticamente “desapareció” y fue reemplazado sin mayores explicaciones, ahora se sabe apañado por la Iglesia Católica.
ANR asegura en base a la sentencia que lleva la firma de los jueces Fernando Sánchez Freytes, Laura Pérez y Natalia González. Allí se brindan los detalles del proceso judicial en contra del sacerdote, quien en 2010 además de ofrecer cerveza al menor abusó sexualmente de él en tres oportunidades con acceso carnal, aunque en calidad de pasivo.
Los hechos que fueron motivo del proceso judicial ocurrieron en 2010 en el dormitorio del cura en la parroquia de Allen que tenía 30 años de edad. El joven, que entonces tenía 14 y ahora 21, contó en el juicio que cuatro años después del hecho, le relató lo sucedido a María Belén Barrios, una laica consagrada que trabajaba en la parroquia. Luego tomaron conocimiento el padre Fidel Yamanouchi y sus propios padres.
Ocultamiento.
En el marco del juicio se conocieron hechos que demostrarían una tarea de negación y ocultamiento encabezados por el propio obispo Cuenca. El ministro, que está en el cargo de 2010, tiene un triste antecedente: ser un acérrimo defensor del párroco Grassi. En 2013 dijo a periodistas locales que “Grassi es totalmente inocente y le han querido colgar, sumar, una acusación que responde a otros motivos y no a esta lamentable situación que pueden vivir otros sacerdotes por casos de pederastas y abusos de niños”, aseguró.
En esas declaraciones también cargó contra la Justicia porque “tiene sus canales y hay procedimientos que con mucha facilidad embarran la cancha y vuelven inoperantes cosas que deberían ser evidentes”.
En el desarrollo oral de la causa el joven denunciante reveló a los jueces que el Obispado trató de persuadirlo de realizar la presentación a la Justicia. “Recordó que tuvo una reunión con el Obispo Cuenca, quien le refirió que no formulara la denuncia penal, y que todo se solucionaría en el marco eclesiástico”, especifican los magistrados en los considerandos del fallo.
En el juicio, el obispo Marcelo Cuenca brindó su declaración aunque por escrito. Allí reconoció que a mediados de 2014, entre él, la víctima, la señorita María Belén Barrios y el padre se reunieron con Urrutia y éste admitió ‘actos impuros consentidos’ y por ello fue suspendido del ejercicio ministerial público en la Diócesis del Alto Valle”. Ahora hay dudas de que el alto ministro eclesiástico habría ocultado a la Justicia uno de los hechos que aún no está judicializado.
En este sentido aseguran de que el tema se ventiló durante el proceso judicial y estaría en la mira de los magistrados rionegrinos quienes estarían dispuestos a ejercitar su obligación como funcionarios públicos, es decir hacer la denuncia pertinente.
