A la Iglesia Católica Argentina le pedimos que se pronuncie al respecto de las violaciones de los derechos humanos por parte de EIDICO, que se jacta de sostener valores cristianos y de sus lazos con las autoridades eclesiales.
COMENTARIO: Un nuevo incidente interreligioso. En Argentina una empresa vinculada al Opus quiere hacer una urbanización y para ello arrasa lo que otro grupo religioso, Movimiento en Defensa de la Pacha, es un lugar sagrado, con restos arqueológicos. Está claro que la economía se impone sobre lo religioso, y que la iglesia católica sólo defiende la libertad religiosa cuando es para ella conseguir sus privilegios.
Desde el Movimiento en Defensa de la Pacha junto a organizaciones sociales movilizaremos en el mes de octubre al Municipio de Tigre y a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) dependiente del Ministerio de Planificación Federal en la Capital Federal. La medida fue decidida en asamblea luego de que el lunes pasado trascendiera que los operarios de los camiones que trabajan para los emprendimientos del Complejo Villa Nueva de EIDICO –empresa vinculada al Opus Dei dependiente de la Iglesia Católica– tienen la orden de rellenar todo el predio donde se encuentran los restos del sitio arqueológico Punta Canal, ubicado en el norte de la localidad tigrense de Dique Luján, a 50 kilómetros de la Capital Federal. El mismo día, dos directivos de esta empresa – que cuenta con funcionarios compartidos con el Municipio de Tigre – violaron la Apacheta (montículo de piedras que identifica un lugar sagrado y de ofrenda a la Pachamama). Los integrantes del Movimiento en Defensa de la Pacha que acampamos en el lugar desde hace 8 meses para evitar su privatización y destrucción, advertimos que resistiremos cualquier intento de trabajo en el predio por parte de EIDICO. Repudiamos la acción de esta gente que se denomina Católica Apostólica Romana y pedimos una disculpa por parte de las autoridades eclesiales que los representan.
El lunes amaneció con una situación rara. Dos directivos de EIDICO estaban dentro del predio en conflicto, sonrientes. Minutos después encontramos destruida la Apacheta que fue montada por más de 200 personas en el cierre del mes de la Pachamama el 29 de agosto. Y se supo que los operarios de los camiones que trabajan en el relleno de lotes aledaños tenían la orden de rellenar todo el sector del sitio Punta Canal. Días antes la empresa ya había plantado enredaderas alrededor del cerco que separa la calle Brasil del predio en conflicto, anticipando su decisión de avanzar de hecho sobre el terreno.
Consideramos la acción de EIDICO como una burda provocación y a la vez un manotazo de ahogado, ya que llega luego de que el 23 de septiembre el presidente de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), José Nicanor Villafañe, respondiera a una petición del Movimiento en Defensa de la Pacha afirmando que están analizando el reclamo de los pueblos originarios por las tierras de Punta Canal, correspondientes a la antigua parada intermedia kilómetro 4 del ex ramal Mitre que unía Ingeniero Maschwitz (Escobar) con Dique Luján (Tigre). Estas tierras fueron transferidas en dos boletos de compra-venta en abril de 2007 sin tener en cuenta su importancia social e histórica para los pobladores de la región en general y en especial por las organizaciones indígenas del Gran Buenos Aires debido a que allí se encuentran restos de milenarios enterratorios de los primeros pobladores de la provincia.
Si bien la decisión sobre el dominio de las tierras depende de ADIF, el Gobierno de Tigre a cargo de Sergio Massa tiene diversas maneras de actuar en este conflicto a favor de los pobladores y de los pueblos originarios, por lo que no puede hacerse el desentendido. Los boletos de compra-venta tienen una cláusula que habilita al municipio a reclamar una parte de las tierras para calles, plazas u otros espacios públicos sin que la empresa pueda reclamar resarcimiento alguno. Mas allá de esto, las obras de EIDICO requieren de la habilitación municipal, por lo que está en sus manos garantizar que exista paz en el paraje. Más que lógico en estos momentos que ADIF anunció que está analizando el caso.
Luego de que advirtiéramos nuestra voluntad de resistir, los camiones dejaron de ingresar tierra al predio. Pero exigimos un compromiso por escrito por parte del Gobierno de Tigre de que no permitirán que EIDICO continúe con las obras en el predio en conflicto. Aparte del poder de control que todo municipio puede y debe ejercer, le pedimos al ejecutivo de Sergio Massa que utilice los profundos lazos que lo unen con EIDICO. Recordemos que el asesor legal del municipio, Javier Bosch, es familiar de los directivos de EIDICO; que el subsecretario de Planeamiento Urbano, Pablo Dameno, fue directivo de EIDICO hasta el 2007 y estuvo involucrado en las transferencias de las tierras en conflicto; y que Sergio Massa cuando estuvo al frente de la Jefatura de Gabinete de la Nación entre junio de 2008 y junio de 2009 nombró como asesor a Jorge O’Reilly, uno de los principales mandamás de esta mega-empresa inmobiliaria.
La protección de este espacio público milenario por parte del Municipio de Tigre sería lógica considerando su importancia y que así lo reclaman vecinos, pobladores, organizaciones indígenas y el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Pero el lugar corresponde a una porción mucho más grande de miles de hectáreas de humedales y zonas rurales que han sido entregados por la intendencia anterior y por la actual de Massa para el mercado de los barrios privados náuticos, sin importar que para ello se deba desalojar y desplazar a la población preexistente, cerrar calles y caminos públicos, arrasar con humedales de una gran importancia ecológica y urbanizar sobre cementerios indígenas de las civilizaciones milenarias.
A la Iglesia Católica Argentina le pedimos que se pronuncie al respecto de las violaciones de los derechos humanos por parte de EIDICO, que se jacta de sostener valores cristianos y de sus lazos con las autoridades eclesiales. A pocos metros del acampe dentro del futuro barrio privado San Benito – denominado así en homenaje al Papa Benedicto XVI – se levanta una capilla pronto a estrenarse y funciona la Congregación de Mater Dei con la autorización de la Diócesis de Zárate-Campana. ¿La destrucción de la Apacheta fue una acción aislada? El 31 de agosto la Iglesia Católica emitió un documento desde Roma donde se posiciona sobre el significado del 12 de octubre. Allí afirma que todos los enemigos de la Iglesia apadrinan a los “movimientos indigenistas” y que “sin ningún argumento valedero y con falsas teorías” califican el 12 de octubre como una “fecha triste y hasta fatídica”. ¿Acaso para la Iglesia Católica las únicas creencias válidas son las de su credo?
En mayo Jorge O’Reilly (EIDICO) declaró al Diario Tiempo Argentino que los acampantes planteaban su reclamo de manera prepotente e incivilizada. “No actúan de buena fe o el origen de su actitud viene por el lado de no querer aceptar las bondades del régimen jurídico que permite la propiedad privada”, expresó. Nos preguntamos hoy quién es el bárbaro, si nosotros que defendemos nuestras creencias y los lugares públicos, o los empresarios de EIDICO que se adueñan de los espacios comunes y destruyen los lugares sagrados indígenas. ¿Cómo tomarían si hiciéramos lo mismo en la lujosa capilla que están por estrenar a pocos metros del acampe en la cual ofician curas norteamericanos? ¿Y si levantáramos nuestras comunidades y barrios arriba de los cementerios católicos?
Le pedimos que actúe al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, cuyo presidente Daniel Fernández declaró recientemente sobre la importancia de reivindicar la presencia querandí en el Gran Buenos Aires, para quebrar uno de los temas más ocultos de la historia argentina. Sin embargo, luego de dos presentaciones realizadas en septiembre no hemos tenido ninguna respuesta de este organismo. Queremos que se pronuncie ante ADIF solicitando que Punta Querandí no sea privatizada.
¿Y qué hay de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires que cuenta con un área de pueblos originarios con un funcionario indígena? Ha permanecido completamente al margen de este conflicto, al menos hasta ahora, sin ningún tipo de justificación.
El Estado Nacional tiene en sus manos una gran posibilidad: en el año del Bicentenario, en el mes de octubre – el de las primeras resistencias a los invasores europeos -, puede realizar la primera reparación a los pueblos ancestrales del área metropolitana, aquellos que fueron barridos en los primeros tiempos de la conquista – lo cual no les resultó fácil y hoy hay ríos como el Luján que llevan como nombre el de los conquistadores muertos por nuestros ancestros. La Colonia los barrió de las cercanías de la Ciudad de Buenos Aires, la República continuó con las guerras de conquista y hoy el Estado argentino si bien ha reconocido la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, no ha hecho reparación alguna hacia estos pueblos que llevaban miles de años habitando esos territorios. La presencia de las culturas ancestrales del Gran Buenos Aires sigue invisible; mientras que sus asesinos, los que comandaron las masacres, como Pedro de Mendoza, o Juan de Garay, son homenajeados con grandes monumentos como el Obelisco.
NUESTRA PROPUESTA
El espíritu rebelde de los ancestros de Buenos Aires nos acompaña y nos empuja a seguir luchando para evitar que este lugar que consideramos sagrado sea conquistado una vez más. El campamento está asentado sobre la calle Brasil y el Canal Villanueva, desde allí vemos en la otra orilla al barrio privado Santa Catalina construido sobre un cementerio indígena inmenso, conocido como sitio Garín. En el predio que estamos defendiendo, entre la calle Brasil y el arroyo Garín (2 hectáreas), se encuentran los restos del sitio Punta Canal, en el que también han aparecido algunos restos humanos por lo que sospechamos contiene más.
Queremos que ADIF anule la venta de estas tierras y que el predio siga siendo público, en vez de ser anexado al Complejo Villa Nueva (EIDICO – Opus Dei). Luchamos para que se siga permitiendo el acceso de pescadores como hace miles de años. Queremos hacer un centro cultural y un museo de sitio para revalorizar las piezas encontradas, que puedan ser visitados por todas las escuelas del Gran Buenos Aires. Y lo más importante, queremos que los restos de nuestros hermanos descansen en paz: pedimos a las autoridades en materia arqueológica que restituyan los restos humanos de enterratorios localizados en los sitios Garín y Punta Canal, para hacer su correspondiente reentierro según la costumbre aborigen.
Los pobladores históricos del paraje recuerdan la excavación del sitio Garín donde se sacó un cuerpo completo del cual sólo faltaba un fragmento del cráneo. Son conocidas las historias de apariciones, tanto de los pobladores como de ex vecinos del country Santa Catalina que se mudaron por esa razón.
Además de los motivos humanitarios a favor de proteger estas tierras y no privatizarlas para la edificación de countries, existen diversas irregularidades en las transferencias que permiten que ADIF dé marcha atrás con las mismas. Ahora que este organismo dice estar analizando el caso, convocamos a distintos sectores a elevar peticiones sumándose al reclamo que ya han hecho pobladores, vecinos, integrantes de pueblos originarios y el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Son importantes los pronunciamientos de organizaciones indígenas y populares, ONG’s, Iglesias, partidos políticos, espacios académicos, juntas de estudios históricos, entidades culturales, personalidades, entre otros.
EL PUEBLO Y LOS TRABAJADORES NOS APOYAN
El lunes, con la amenaza de los camiones ingresando tierra al predio, los acampantes recibimos la rápida visita de pescadores de la zona que estuvieron durante toda la jornada haciendo el aguante. El respaldo al campamento por parte de la población de las localidades vecinas es total, y su resistencia ya es parte de la historia del lugar. “En la escuela nos contaron que en febrero vinieron un montón de indios y frenaron las topadoras”, nos decía hace poco un alumno de la escuela pública del humilde y popular barrio San Miguel de Ingeniero Maschwitz, detrás de la cancha de Armenio, a 2 kilómetros del acampe. Los trabajadores de las empresas tercerizadas de EIDICO también nos respaldan. Lo primero es la curiosidad, saber el motivo del reclamo; lo segundo es la solidaridad y la complicidad silenciosa hasta que son echados al poco tiempo. Nuestra lucha está inserta en las entrañas mismas de los emprendimientos de EIDICO, y no son pocos los propietarios de lotes de los countries que se preguntan si no es mejor ceder ante nuestros reclamos y apostar a una relación lo más armoniosa posible con los pobladores, indígenas y los ancestros que allí descansan.
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