La Fiscalía de Roma ve indicios de delito en la actuación del purpurado y colabora con el Promotor de Justicia de la Santa Sede.
Las investigaciones relacionadas con el cardenal Giovanni Angelo Becciu siguen adelante. Una parte de los procedimientos irregulares tienen que ver con algunos negocios de los familiares en la región de Cerdeña, lugar de origen del purpurado al que Francisco ha suspendido sus derechos –y con el que celebró la misa de la Cena del Señor el pasado Jueves Santo–.
La fiscal del Tribunal de Roma, Maria Teresa Gerace, ha ordenado un registro de las oficinas jurídicas, administrativas y operativas de Spes, cooperativa social representada legalmente por Antonino Becciu, hermano del cardenal. Este registro ha sido promovido petición del Promotor de Justicia –título equivalente a la fiscalía– del Vaticano según ha publicado la agencia Adnkronos.
Proceso por malversación
La sede de la cooperativa se encuentra en Cerdeña, de donde procede la familia Becciu. El purpurado tiene abierto un proceso penal en el Vaticano “por varias acusaciones de malversación de fondos, cometidas como funcionario público del Vaticano, mediante la transferencia de fondos públicos del Vaticano a la cooperativa social de responsabilidad limitada Spes”. Asimismo también se están registrando otras instituciones eclesiales como la Cáritas Diocesana de Ozieri, al norte de la isla.
Para la fiscal de Roma hay “relaciones económicas entre estos sujetos” investigados y las transacciones económicas realizadas son “sospechosas”. Por ello ha dado el visto bueno a la petición de los tribunales de la Santa Sede ya que “el examen de dicha documentación es imprescindible para demostrar la existencia de la hipótesis de malversación de fondos públicos por la que Becciu está siendo investigado”.
