La Corte Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo ha rechazado la solicitud de la Comunidad Autónoma, que había querido personarse en el caso abierto a raíz de la denuncia presentada por un profesor de Religión que fue despedido por hacer pública su condición de sacerdote casado.
La resolución, a la que ha tenido acceso EFE, señala que la intervención del Ejecutivo murciano en este asunto ha sido desestimada porque no se considera necesaria dentro "de una buena administración de Justicia".
En la base de esta negativa, según ha indicado a EFE el letrado José Luis Mazón, autor de la demanda presentada en Estrasburgo en nombre del profesor despedido, José Antonio Fernández, "está el hecho de que el Estado español ya está representado por el abogado del Estado, por lo que no hacen falta dos defensores de la misma parte".
El Tribunal sí ha aceptado la presencia de una ONG francesa que se dedica a la defensa de los derechos humanos porque considera que está legitimada, por los fines que persigue, para participar en este pleito.
En el escrito por el que la Comunidad Autónoma de Murcia solicitó que se admitiera su personación en esta demanda contra España se pedía que se le diese traslado de la misma y de cuantas actuaciones posteriores pudieran producirse.
En opinión de los servicios jurídicos de la Administración regional, ésta "está interesada y afectada en sus legítimos derechos e intereses por la sentencia que pueda dictar el Tribunal".
