El informe de fiscalización, todavía pendiente de aprobación por el pleno, desvela tanto la opacidad de la Iglesia como la inacción del Estado
La auditoría, a cuyas conclusiones provisionales ha accedido infoLibre, desvela un desfase de 300.000 euros en la última memoria económica de la Iglesia
El insuficiente control sobre el destino del dinero del IRPF y las ventajas fiscales comprometen el cumplimiento de las leyes europeas sobre «ayudas de Estado»
La auditoría da la razón a Europa Laica, que lleva años desmontando las campañas de la Iglesia católica sobre su supuesta «transparencia»
El Tribunal de Cuentas ya tiene un primer examen a la Iglesia católica. El resultado provisional de la histórica auditoría, que ya está en manos de los miembros del pleno de la institución, es un duro revés para el privilegiado estatus económico de la milenaria institución, así como para el Estado por su permisividad y escaso control. El texto, que todavía puede experimentar alteraciones antes de su aprobación, obliga a cambios en la relación entre el poder político y la Iglesia.
El proyecto de informe de fiscalización, a cuyas conclusiones ha tenido acceso infoLibre, pone de manifiesto cómo la Iglesia utiliza con opacidad el dinero público que recibe y las ventajas fiscales de las que disfruta. Los controles flaquean. Del informe, que llega a pedir al Gobierno que ponga medidas para garantizar que no se incumplen las leyes europeas contra las «ayudas de Estado», se extraen un puñado de conclusiones demoledoras:
– El Estado no comprueba el destino final de los fondos que entrega a la Iglesia por la casilla del IRPF.
– La falta de control sobre los destinatarios últimos de los fondos compromete el cumplimiento de la normativa europea.
– En la memoria de la Iglesia correspondiente al año 2017, ejercicio al que el Tribunal de Cuentas presta mayor atención, hay un desfase de 300.000 euros entre la cantidad entregada por el Estado y la justificada por la Iglesia.
– El superávit que la Iglesia logra gracias al dinero de la casilla del IRPF, que como ha publicado este periódico va destinado en más de un 50% a 13TV, no está previsto en ningún acuerdo, ni tampoco hay un pacto Estado-Iglesia sobre el destino que se le debe dar a dicho beneficio.
– Los sucesivos gobiernos no han impulsado la anunciada y comprometida autofinanciación de la Iglesia, en espera desde 1979.
– Hay un desfase entre los distintos listados oficiales de entidades que se benefician de exenciones fiscales.
– El sistema para comprobar si las exenciones son «procedentes» es fácil de sortear.
El informe se encuentra en la fase conocida como de «dictámenes y observaciones», la última antes de su aprobación por parte del pleno del Tribunal de Cuentas, explica el órgano fiscalizador a preguntas de infoLibre. En su actual fase, el informe, junto con las alegaciones de todas las partes afectadas –entre ellas la Conferencia Episcopal y los departamentos del Gobierno concernidos–, es remitido a los miembros del pleno para que formulen sus observaciones, antes de la votación. El proyecto de informe que sea llevado al pleno puede todavía experimentar cambios en función de esas observaciones, que deben tener en cuenta también las alegaciones, señala el Tribunal de Cuentas. El órgano no tiene certeza de si la posible aprobación del informe será sometida a votación en el pleno de finales de febrero o ya en marzo. Es pronto para saberlo.
Las conclusiones provisionales suponen un grave cuestionamiento de la posición económica de la Iglesia católica en España y sitúan a la institución en el ojo del huracán justo en los primeros compases del nuevo Gobierno de izquierdas. El documento es un golpe para todos los gobiernos hasta la fecha, sin excepción, al quedar señalados por su inacción para poner luz en la relación económica del Estado con la Iglesia.
El informe da la razón al grueso de las denuncias que viene realizando la organización Europa Laica, que lidera desde hace años la batalla social contra los privilegios económicos de la Iglesia católica. La realización de esta auditoría se aprobó a finales de 2017 en medio de un clima de creciente exigencia política y social, que tuvo uno de sus desencadenantes en las denuncias de Europa Laica.
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