El triángulo de legitimación entre el poder político, económico y religioso y la erosión de los derechos humanos

Teodora Vásquez, salvadoreña, encarcelada más de diez años por un aborto espontáneo

Costa Rica es un país donde supuestamente el ejercicio de los poderes del Estado está sujeto al ordenamiento jurídico nacional y al derecho internacional de los derechos humanos. Curiosamente, es el único Estado confesional en todo el continente americano donde la religión católica es la oficial, aunque se garantizan las libertades individuales de conciencia y de culto, siempre y cuando no se opongan a “la moral universal ni las buenas costumbres” (artículo 75 de la Constitución Política). Un Estado jamás podría profesar una fe determinada, pues ello pertenece al ámbito íntimo, espiritual y personal, pero aquí la religión católica es incluso financiada con los impuestos de toda la ciudadanía, contradiciendo de forma muy sui generis el mismo principio de pluralidad religiosa.

Roberto Blancarte (2008) nos dice que “…Un Estado laico es fundamental para asegurar derechos y libertades fundamentales de las personas, reconocer y respetar las diversidades y promover, de esta manera, una convivencia social armoniosa. Para lograrlo es esencial garantizar la autonomía de lo civil y de lo político frente a lo religioso y lo sagrado, de manera que el Estado no fundamente ni legitime sus decisiones a partir de la influencia que pueda infringir alguna religión, creencia o filosofía en particular.”

Ello significa que para que un Estado de Derecho funcione en sintonía con un sistema democrático, se requiere el establecimiento a nivel legal y social de un Estado laico que fortalezca políticamente la democracia, el respeto a la pluralidad religiosa, la tolerancia, la libertad de conciencia y un espacio público secularizado donde la moral religiosa no tenga cabida, sino que trabaje en función del interés público. De allí que ningún funcionario, de ninguno de los tres poderes, estaría legalmente facultado para imponer o ejercer sus creencias religiosas o de cualquier otro tipo en el ejercicio de su función pública.

Ahora bien, el hecho de que Costa Rica sea un Estado confesional, no deroga éste principio base de la actuación política democrática, que parece estar siendo violentado a través de: a) La imposición de prácticas y rituales religiosos en la Asamblea Legislativa costarricense por parte de los y las diputadas de un partido de corte fundamentalista evangélico, que claramente viola los derechos y libertades de las demás personas; y b) La participación de partidos evangélicos que utilizan el púlpito religioso para influenciar y manipular las decisiones políticas del electorado, y así ganar votos para acceder a cualquiera de los tres poderes de la República.

El artículo 28 de la Constitución Política prohíbe explícitamente que se invoquen motivos religiosos en la propaganda política, como una limitación excepcional a la libertad de expresión. Es decir, las normas constitucionales que separan la esfera política de lo religioso, aún en nuestro Estado confesional, pretenden evitar que lo religioso influencie a los creyentes al momento de optar por una posición política, electoral o ideológica. Si bien el artículo 54 inciso b) del Código Electoral establece el respeto de la orientación ideológica y doctrinaria de los partidos, la norma 136 del mismo cuerpo legal prohíbe toda forma de propaganda que se valga de las creencias religiosas del pueblo o invoque motivos de religión para incitar a la ciudadanía a que se adhieran o se separen de partidos o candidaturas determinadas. El mismo Tribunal Supremo de Elecciones recordó que la prohibición de invocar motivos religiosos está pensada por el legislador para proteger al elector de manipulaciones.
El proceso electoral que culminó el 1 de Abril de éste año en Costa Rica, evidenció lo que el movimiento feminista ha denunciado por muchos años: Que los pactos patriarcales de legitimación entre los poderes político-económicos de derecha, el fundamentalismo evangélico neo-pentecostal, y el neo-integrismo católico, impulsan una agenda capitalista neoliberal religiosa de control institucional, que está socavando lo poco que queda del Estado de Bienestar Social y erosionando los derechos humanos, especialmente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los de la población LGTBIQ .

Tal y como sucedió en Brasil, Colombia, y Estados Unidos, los discursos religiosos que polarizaron a la sociedad se dieron en torno al control de las sexualidades, la familia “tradicional”, el aborto y la educación sexual, con el fin de mantener la heteronormatividad así como el orden jerárquico de géneros, clases, etnias, y otras condiciones de opresión, exclusión y discriminación.

En este ambiente de división social y crisis económica por el déficit político y fiscal, la ola neo-fascista/neo-nazi mundial, impulsada en gran medida por la corporación transnacional de la supremacía fundamentalista blanca, evangélica, hetero-religiosa del norte, ha venido legitimando los discursos de odio, racistas, xenofóbicos y clasistas en toda región, que unidos a la misoginia, la aporofobia y la homolesbotransfobia, revelan la descomposición del tejido social de sociedades fragmentadas, donde la desigualdad, la inseguridad, el desempleo y la extrema pobreza contrastan con la alta concentración de la riqueza y del poder en pocas manos, poder y recursos en muchísimos casos unidos a la redes internacionales mafiosas del narcotráfico. Legalmente toda manifestación de religión o creencias puede ser limitada por razones de protección de otras personas. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 20, inciso 2) prohíbe toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia.

Sin embargo, la erosión de todos los derechos humanos, producto de la legitimación corrupta entre el poder político, religioso y económico, ha ido debilitando las democracias a tal extremo, que las mismas legislaciones son “adaptadas” para permitir el ascenso al Poder Ejecutivo de dictadores evangélicos como Jimmy Morales en Guatemala, Juan Orlando Hernández en Honduras, y Daniel Ortega en Nicaragua. Dictaduras que se sostienen en el poder a base de corrupción, represión y crímenes de lesa humanidad ejecutados por su policía, las fuerzas paramilitares y otras fuerzas de apoyo no tan visibles ni legales. Estos son algunos de los países donde los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se penalizan, donde se reprime a la población LGTBIQ, y donde se asesina y/o detiene forzosamente a quienes protestan por sus derechos humanos para torturarles, desaparecerles y/o acusarles de “terroristas”.

Está claro entonces que bajo el paradigma del “progreso” neoliberal impulsado por un Estado confesional, como lo es Costa Rica, o sociedades legalmente laicas, aunque hegemonizadas por la cultura y los valores religiosos ultra-conservadores, como Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, el poder político (de derecha o de “izquierda”) está secuestrado por el poder religioso y económico, y su lógica extractivista, su doble moral, su narrativa y valores anti-derechos, son las que rigen las políticas públicas y la legislación discriminatoria. En El Salvador por ejemplo, no solo está prohibido el aborto, sino que además está tipificado como homicidio. El caso de Teodora Vásquez, quien fue condenada a prisión por 30 años por haber sufrido un aborto espontáneo, y cuya pena fue conmutada éste año, gracias a la presión de años del movimiento de mujeres salvadoreño y mundial, muestra la graves violaciones que aún viven muchas mujeres. En Nicaragua también las mujeres y niñas que interrumpen sus embarazos podrían ser condenadas hasta con dos años de prisión, y los profesionales médicos que los practican penalizados hasta por seis años.

Asimismo, los datos indican que las mujeres jóvenes y las adolescentes están particularmente expuestas al riesgo de embarazo no deseado como resultado de una violación sexual. Haití, República Dominicana, Honduras y Suriname también siguieron el errado camino de la absoluta prohibición y penalización del aborto.

El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) ha instado reiteradamente a los Estados a eliminar las disposiciones punitivas sobre aborto. En una declaración de 2014, el Comité de la CEDAW expresó:

«El aborto inseguro es una de las causas principales de mortalidad y morbilidad materna. Por este motivo, los Estados deberían legalizar el aborto, cuando menos en casos de violación sexual, incesto, amenazas a la vida y/o salud de la madre, o inviabilidad fetal severa, y además brindar a las mujeres acceso a atención de calidad luego de un aborto, especialmente en casos de complicaciones provocadas por abortos inseguros. Los Estados Partes deberían además eliminar las medidas punitivas previstas para mujeres que se someten a abortos».

Esta declaración de la CEDAW contrasta abismalmente con los discursos religiosos de culpa, castigo, obediencia, y control de los cuerpos de las mujeres, que en pleno siglo XXI siguen permeando la creación, aplicación e interpretación de las leyes. Si bien es cierto que las mujeres tienen acceso a los anticonceptivos, éstas siguen muriendo en abortos clandestinos, mientras el Presidente de la República de Costa Rica se niega a firmar una norma técnica que regula la aplicación terapéutica del aborto impune, establecido en el Código Penal desde 1970, porque según él, la vida y la salud de las mujeres no es un tema prioritario.

Asimismo, mientras la población heterosexual goza de los derechos civiles y patrimoniales del matrimonio, la adopción y el divorcio, la Opinión Consultiva 24-17 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que estableció el matrimonio igualitario para la población LGTBIQ, y que ya es parte de nuestro ordenamiento jurídico, permanece secuestrada por una fallo de una Corte Constitucional, que contra todo principio y lógica jurídica, retrasó su implementación por 18 meses más, y la subordinó, de alguna manera, a la moral religiosa homofóbica del Poder Legislativo.
Ningún Estado democrático, ni tampoco la ciudadanía, debería estar subordinada, ni moral, ni social, ni cultural, ni jurídicamente al dogma de ninguna religión, y mucho menos estar obligada a financiarla con los impuestos de toda la población, que profesa otro culto o ninguno. —¿Qué opinión válida podría dar la jerarquía católica sobre educación sexual a menores, cuando sus sacerdotes han perdido toda legitimidad moral debido a los incontables abusos sexuales que han destruido la vida de miles de niñas y niños?—. La serie de denuncias que recientemente han salido a la luz, bien podrían provocar una pérdida de poder real y simbólico que está siendo aprovechado por los protestantes fundamentalistas, quienes ante el vacío religioso de ésta y el espacio político que va dejando la corrupción de los partidos de derecha y de la izquierda autoritaria y aliada al capital, ofrecen una comunidad espiritual de apoyo, esperanza e ilusión de la prosperidad. Es así como se han ido convirtiendo en los nuevos interlocutores de las poblaciones más vulnerables social y económicamente, a cambio de su diezmo y lealtad electoral. Dichosamente, su narrativa de “manos limpias” también está siendo cuestionada por escándalos de corrupción de estructuras paralelas, que no son más que máquinas de hacer dinero, a costa del pueblo.

Es esencial seguir pensando cómo podríamos transformar las relaciones de poder en todos los espacios, para poder deslegitimar ese triángulo de poderes político, religioso y económico, y en su lugar regir la convivencia por los principios de un Estado laico jurídica y socialmente, la justicia social y económica, el fortalecimiento del Estado de Derecho, la independencia estatal de las concepciones morales o religiosas, el respeto a la diversidad, la pluralidad democrática y el marco ético-político de los derechos humanos.

Por Ana Elena Obando M.
Abogada feminista, Master en Justicia y Género, consultora y activista por los DDHH de las mujeres y la población LGTBIQ

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