El tribunal dictamina que «la reducción horaria en sí no cercena la libertad religiosa» ni el «derecho a recibir una enseñanza» que la incluya, respalda la reducción de la carga lectiva a una hora semanal en Aragón y consolida la jurisprudencia que ya aplicó en Asturias y Extremadura.
Una clase de religión a la semana, y como asignatura optativa de libre elección los alumnos, es suficiente para cumplir las exigencias de los Acuerdos Jurídicos con el Vaticano de 1979, popularmente conocidos como «el concordato», según ha establecido el Tribunal Supremo, que acaba de rechazar el recurso con el que cinco obispos y un arzobispo reclamaban aumentar la carga lectiva de esa materia en las cursos de Secundaria en Aragón.
«La reducción horaria en sí no cercena la libertad religiosa de los padres y alumnos ni (…) su derecho a recibir una enseñanza religiosa conforme a sus convicciones», ya que esta «es de oferta obligatoria y es voluntario cursarla», señala el tribunal, que ya había avalado antes ese recorte en Asturias y en Extremadura, y que hace unos meses había hecho lo mismo con las clases de Infantil y de Primaria en Aragón.
Básicamente, la jurisprudencia del Supremo, que zanja definitivamente la disparidad de criterios de los tribunales superiores autonómicos, señala que la obligación de mantener la religión en los planes de estudios «en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales» que establecen los acuerdos con Roma «no requiere una carga horaria determinada sino la necesaria para su enseñanza adecuada».
Es decir, que no ha de tener «condiciones idénticas» a otras asignaturas como las matemáticas o el conocimiento del medio, sino que «la libertad religiosa y el derecho de los padres a que sus hijos reciban educación religiosa» se respeta si el horario «permite su completa y adecuada impartición»; es decir, si con esa hora semanal puede «impartirse un programa didáctico coherente y completo». Y el Supremo considera que es suficiente.
La resolución, que aclara que «condiciones equiparables» no significa condiciones idénticas», recuerda que la normativa española sobre enseñanza «ha evolucionado desde 1979» mientras el texto del ‘concordato’ carece «de la concreción necesaria» para condicionar «los concretos cursos» y «las horas semanales en las que debe impartirse», y tampoco identifica «las disciplinas fundamentales» con las que debería compararse.
Comunidades de todos los colores recortan horas de religión
La realidad es que varias comunidades autónomas de todos los colores políticos han recortado el peso de la religión en la enseñanza en esta legislatura.
Además de las tres que acabaron en los tribunales, y según los datos del sindicato CSIF, Castilla y León (PP), Andalucía (PSOE, ahora PP-C’s), Euskadi (PNV) y Canarias (Coca) han pasado de 90 a 45 minutos semanales mientras Galicia (PP) y Asturias (PSOE) han reducido la asignatura de 90 a 60.
Eso supone que han recortado el peso lectivo de la religión más de la mitad de las comunidades, a las que se suman Ceuta y Melilla, en las que la reducción a 45 minutos fue aprobada por el ministerio en la etapa de José Ignacio Wert.
«Un paso es un paso»
Para Leticia Cardenal, presidenta de Ceapa (Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos), «la postura del Supremo es muy positiva. Es un paso adelante. Para nosotros, no debería haber ni una hora de religión en las escuelas, pero un paso es un paso».
Juanjo Picó, portavoz de Europa Laica, que el próximo miércoles lanzará una campaña para reivindicar la eliminación de esa asignatura, considera que «no podemos seguir con la política del mal menor, hemos de seguir avanzando hacia el laicismo en las aulas». «Hay bastante margen a pesar de los acuerdos de 1979», anota.
En este sentido, lamenta cómo la disolución de las Cortes «ha hecho que se quedaran en el camino mandatos del parlamento como la derogación de la Lomce y la publicación», anunciada por el Ministerio de Justicia de los miles de edificios inmatriculados por la iglesia en todo el país.
«Esto es como lo de Sísifo, que cada vez que llegaba a la cima la piedra volvía a rodar por la ladera», ironiza.
Menos familias optan por que sus hijos estudien religión
El recorte de las horas lectivas de religión coincide con un desplome generalizado de la demanda en todas las etapas educativas, y que se da tanto en la enseñanza pública como en la privada y la concertada.
Los anuarios «Las cifras de la educación en España» que publica el ministerio del ramo revelan cómo en los últimos doce años con datos disponibles (hasta el curso 2016-2017) el porcentaje de alumnos que cursan estudios de alguna religión ha caído 16 puntos (del 81,5% al 65,46%) en Primaria, casi cinco (del 61,75% al 55,89) en la ESO pese al repunte del último ejercicio y más de veinte (del 53,65% al 31,05%) en Bachiller.
En la pública solo las estudia más de la mitad del alumnado en Primaria, mientras que la tasa se sitúa ya por debajo de ese nivel en los cursos de Bachiller de la privada y la concertada.
Cardenal, partidaria de la enseñanza laica y de restringir la práctica de la religión al ámbito privado, destaca que uno de los motivos por los que se mantienen los actuales niveles de demanda es el hecho de que tanto en Primaria como en Secundaria la calificación de esa asignatura cuente para la nota media del curso, lo que inclina a una parte importante de quienes la cursan a elegirla en detrimento de otras optativas más exigentes.
El último de esos anuarios incluye datos llamativos como los elevados niveles de laicismo en comunidades tradicionalmente conservadoras como Euskadi y Catalunya, donde el porcentaje de escolares que no cursa materias religiosas supera el 55% y el 80%, respectivamente, tanto en Primaria como en ESO, frente a la demanda que se da en otras como Andalucía y Extremadura, líderes en Primaria con tasas superiores al 80% y destacadas en Secundaria.
Solo se mantenía entonces como obligatoria en Baleares, única comunidad que alcanza el 100% de matrículas, mientras Andalucía deja la decisión de dar una o dos clases semanales a criterio de cada centro.
La Conferencia Episcopal asume la pérdida de cuota
Las propias estadísticas de la Conferencia Episcopal admiten ese desplome generalizado, aunque se mantiene el volumen de alumnos.
Así, entre el curso 2006-2007 y el 2016-2017 el número de alumnos de enseñanzas obligatorias que cursaban religión se mantuvo en el entorno de los 3,5 millones mientras el volumen de los que no seguían esa clase se duplicaba al pasar de 1,05 a 2,13, con lo que el porcentaje de los primeros caía quince puntos, del 77% al 62,6%.
Las cifras apenas han variado en los colegios religiosos privados, donde siguen estudiándola 1,1 millones de niños que suponen el 98% del alumnado.
Donde sí han cambiado los porcentajes ha sido en la escuela pública, en la que la tasa de alumnos de religión ha caído al 52,6% tras descartarla un millón de estudiantes en una década y situar la balanza en 2,16 millones por 1,92 (2,25 por 0,98 en el curso 2006-2007) , y en los colegios privados no religiosos, donde se halla en el 60,1% tras retroceder más de 16 puntos y situar la relación en 286.690 por 189.390.
El constante avance del laicismo
Esa caída de la demanda de clases de religión va ligada al avance del laicismo en la sociedad española, tal y como indican los datos que el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) recoge en sus barómetros.
Estos indican que el número de ciudadanos que se definen como católicos, aunque sigue siendo el más numeroso con más de dos tercios de la población, ha descendido más de tres puntos en cinco años mientras el de quienes se consideran ateos o no creyentes avanzaba casi dos y medio para superar la cuarta parte del censo.
Ese descenso es mayor si la perspectiva se amplía a la última década, entre febrero de 2009, periodo en el que los católicos han pasado del 76,6% al 67,5% mientras ateos y no creyentes avanzaban del 18,8% al 26,8%.
También la asistencia a oficios religiosos católicos ha caído de manera notable en esta última década, en la que, mientras los que lo van semanalmente siguen siendo casi uno de cada seis (16,1%), los creyentes que no van a misa han aumentado siete puntos (del 55,1% al 62,1%) a costa de los que lo hacían de manera esporádica (del 27,6% al 20,3%).
Cuantitativamente, esa reducción se ve acentuada por el hecho de correr paralela a la que se está dando en el conjunto de los españoles que se definen como católicos, lo que sitúa en el 10,86% a la población de misa diaria o semanal y en el 13,7% a la que acude esporádicamente; es decir, que los practicantes cada vez son menos y van con menor frecuencia a iglesia: un 24,5% del censo frente al 33,47% de hace una década.
El limbo laboral de los profesores de religión
Los responsables de enseñanza de varios sindicatos llaman la atención sobre un eventual efecto colateral en el empleo de esa reducción de la carga lectiva de la asignatura de religión: el futuro laboral de los alrededor de 13,370 maestros y profesores que, según datos del sindicato CSIF, la imparten.
«La demanda se va reduciendo y los horarios lectivos se van recortando, y eso puede tener efectos en el empleo», explica Luis Fernández, de CCOO.
Mario Gutiérrez, de CSIF, anota que «se trata de un colectivo profesional cuyas condiciones laborales deben ser respetadas. Son personal laboral de la administración educativa, como cualquier otro, que entró en ella con las condiciones que se les exigieron, y a los que ahora no se puede dejar de lado». Coincide con Maribel Loranca, de UGT, que recuerda que «mientras formen parte del sistema educativo tienen sus derechos».
Los maestros de religión, que requieren la autorización previa de los obispados para ejercer, están incorporados a las plantillas autonómicas salvo en Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Ceuta y Melilla, donde siguen dependiendo del Ministerio de Educación, que les mantiene el sueldo con independencia de las horas de dedicación.
Los tres sindicalistas coinciden también en destacar que ese recorte de las horas de religión viene recogido en la Lomce, aprobada por el PP de Mariano Rajoy en la legislatura de la mayoría absoluta. «Las comunidades autónomas se han limitado a ejercer sus competencias. Ni se han saltado la ley ni esos horarios vulneran los acuerdos de 1979», apunta Loranca.