El puño de hierro que sometió a pruebas de virginidad a manifestantes egipcias

Casi nadie creyó el dolor de las egipcias Salwa Husseini y Rasha Azeb. Los hechos que narraban las dos jóvenes sucedieron en Tahrir el 9 de marzo, unas semanas después de la caída del dictador.

Los uniformados que prometieron proteger el alma de la revolución desalojaron la plaza y 18 egipcias, que habían participado la víspera en el Día Internacional de la Mujer, fueron detenidas, golpeadas y sometidas a descargas eléctricas. De ellas, 17 fueron amenazadas con cargos de prostitución y obligadas a someterse a pruebas de virginidad.

"La jóvenes no eran como su hija o la mía. Habían acampado con manifestantes varones en Tahrir y encontramos cócteles Molotov y drogas en sus tiendas de campaña", declaró este martes un general desde el anonimato a la televisión estadounidense CNN. El militar admitió que las fuerzas armadas obligaron a las detenidas a una prueba médica para certificar su virginidad y defendió una práctica que Amnistía Internacional considera una forma de tortura cuando se obtiene por coacción.

A su juicio, las pruebas se efectuaron para impedir que las mujeres pudieran denunciar que habían sido violadas por las autoridades. "No queríamos que dijeran que las habíamos asaltado sexualmente o violado, por lo que debíamos demostrar desde el principio que no eran vírgenes", agregó el general. Y apostilló: "Ninguna de ellas lo era".

La confesión ocultó la realidad de las 18 rosas egipcias silenciadas y olvidadas. "Fueron detenidas mientras se manifestaban en Tahrir y condenadas a un año de cárcel por supuesta tenencia de cócteles molotov y armas blancas, resistencia a las fuerzas del orden e interrupción del tráfico", señaló a EL MUNDO.es Magda Adly, directora del Centro 'El Nadeem' para la rehabilitación de las víctimas de la violencia.

A sus oficinas llegaron tres de las mujeres, que fueron juzgadas por un tribunal militar y permanecieron bajo arresto hasta el 11 de marzo. La denuncia se fraguó en esta organización, creada en 1993 para auxiliar a las víctimas del régimen policial de Hosni Mubarak, y fue difundida por Amnistía Internacional semanas después de que ocurrieran los hechos. Las sentencias de cárcel están suspendidas pero la organización remitió una solicitud de investigación al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de la que no ha obtenido respuesta.

Adly denuncia que ha perdido el rastro de las jóvenes. "Han cambiado los teléfonos y hace un mes que no logro contactar con ellas. Desaparecieron porque tienen miedo. Es un grupo de mujeres muy diverso. Las hay universitarias, con educación secundaria o que solo saben leer y escribir. El caso es dramático porque dos de ellas han sido repudiadas por sus familias", agregó.

Según esta abogada, "en lugar de hablar para defender estas prácticas, el ejército debe pedir perdón y abrir una investigación seria". Para Amnistía Internacional, la confesión del militar es una justificación perversa de una forma degradante de abuso.

"Las autoridades egipcias deben condenar tales actitudes discriminatorias, abusivas e insultantes, que se han utilizado para justificar las torturas a manifestantes y que se dan a los más altos niveles", indica la organización en un comunicado.

"A medida que el país comienza a mirar hacia su futuro, las mujeres corren el riesgo de ser dejadas otra vez a un lado. A pesar de sufrir décadas de discriminación y desigualdad, a las egipcias se les niega su papel en la creación de un nuevo país", afirmó a este diario Katya Nasim, una portavoz de Amnistía Internacional.

Desde que el ejército ocupara el pasado 11 de febrero el vacío de poder dejado por el dictador, sus actos apuntan itinerarios contradictorios. Mientras reitera la salvaguarda de las aspiraciones democráticas del pueblo y administra el calendario de las que deben ser las primeras elecciones limpias y justas, los tribunales militares juzgan y condenan a civiles.

Varias mujeres se manifiestan en Egipto. | Efe