Los socialistas creen que la institución ha cometido un «abuso» durante décadas
COMENTARIO: Como suele decir el refrán, más vale tarde que nunca. Basta recordar que el PSOE ha gobernado este país durante década sin que adoptara, en el caso de las inmatriculaciones, el IBI, los Acuerdos,… o que subieron la asignación tributaria del IRPF. O puede que sea parte de la estategia cuando se está en la oposición, porque tampoco se nota el cambio en las Comunidades o Ayuntamientos donde gobiernan.
El PSOE pidió ayer al Gobierno que revise las miles de propiedades que no estaban registradas y que la Iglesia ha puesto a su nombre —lo que se conoce como inmatriculación— desde 1998. La ley hipotecaria, de tiempos de Franco, y sus reglamentos, permite a los obispos registrar propiedades sin demostrar que les pertenecen: su palabra basta. De ese modo son ahora dueños de plazas, fincas, cementerios, frontones, viviendas. En 1998, Aznar les amplió los privilegios y pudieron registrar también templos de culto: ya tienen cientos de iglesias, ermitas, la mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla… Y podrán seguir haciéndolo durante más de un año, porque la reforma de la ley hipotecaria les da ese plazo una vez entre en vigor.
Ayer se rechazó en el Congreso, con los votos del PP, CiU y la abstención de PNV y ERC, la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE contra esta reforma. Los socialistas consideran que la Iglesia ha cometido un “abuso”, amparada por la ley franquista, durante décadas. En todo caso, el diputado Víctor Morlán dijo que no tienen “nada en contra de que conserven aquellas propiedades de las que puedan presentar títulos de propiedad, pero deberían devolver las que no puedan acreditar”, señaló.
Otros diputados de la oposición acusaron a los socialistas de haber tenido el poder durante años y no haber hecho lo que ahora piden. PP y CiU solicitaron la retirada de la enmienda a la totalidad porque con ella solo conseguirían prolongar las inmatriculaciones, al menos “hasta la siguiente legislatura”. Ni los Gobiernos de Zapatero ni el de Rajoy han facilitado la cifra de bienes inmatriculados desde 1998.
