Reclaman a los obispos documentos que acrediten la titularidad de los templos
El partido socialista ha pedido al Gobierno mediante una proposición no de ley registrada hoy mismo en el Congreso, que reclame la titularidad de edificios, templos y otros bienes que la Iglesia ha registrado a su nombre desde 1998 cuando los obispos no hayan aportado para ello documentos que demuestren que les pertenecían. También pide el PSOE que el Gobierno exija como propios aquellos que eran de dominio público, bien porque estuvieran catalogados como tales o porque “históricamente gozaran de esa presunción o tratamiento”.
En este último apartado estaría la Mezquita de Córdoba, por ejemplo, que la Iglesia puso a su nombre hace unos años. Los socialistas han registrado una proposición no de ley en el Congreso que insta a elaborar un estudio donde se recojan todos estos bienes y proceder a recuperar la titularidad pública cuando no haya documentos que demuestren lo contrario. La proposición concede un plazo de seis meses “improrrogable” para elaborar este inventario de inmatriculaciones.
El diputado socialista Juan Moscoso ha explicado que el objetivo de esta proposición es insistir en que “la Iglesia debe devolver los bienes que se ha apropiado con oscurantismo y de forma fraudulenta. Seguimos buscando la fórmula para que esto sea así, porque creemos que este expolio es reversible”. Los socialistas ya presentaron una enmienda en su día en este mismo sentido, que no fue admitida. La reforma de la ley hipotecaria, que despoja a los obispos de estos privilegios aún no ha acabado su trámite.
Los obispos gozan de un tratamiento similar al de un funcionario gracias a la ley hipotecaria de 1946 y eso les permite inmatricular, es decir, registrar como suyos todo tipo de edificios que nunca antes hayan tenido una titularidad. Les basta con ir y decir que esa propiedad les pertenece, no tienen que demostrarlo con documentos. De esa manera se han inmatriculado miles de viviendas, fincas rústicas, fuentes, quioscos, frontones y, desde 1998 también templos, gracias a una reforma de la ley que hizo el Gobierno de José María Aznar.
La Mezquita de Córdoba figura ahora a su nombre, la Giralda de Sevilla o la catedral de Pamplona entre otros muchos monumentos. Para las plataformas que han reclamado a la Iglesia que devuelva al patrimonio público “todo lo usurpado durante estos años” esta proposición socialista no es más que un gesto, pero “en todo caso, un gesto en la buena dirección”, dijo Carmen Urriza, la abogada de la plataforma ciudadana de Navarra.
“Es notable que se aclare que se pueda reclamar también los templos que figuran como dominio público o aquellos a los que se le presume tal condición por el uso y la costumbre de mucho tiempo atrás”, añade Urriza. Los plazos previstos en la proposición no de ley presentada son cortos, para entonces ya se habrán convocado elecciones generales, probablemente a finales de noviembre, y habrá otro Congreso y otro Gobierno. Con la actual mayoría absoluta del PP, en todo caso, poco se podría hacer ahora a este respecto.
La plataforma de la Mezquita, la navarra, Europa Laica y Redes Cristianas, las cuatro organizaciones más movilizadas en este asunto, han agradecido el gesto socialista, que «defiende el patrimonio público usurpado por la jerarquía católica», pero les sorprende que si aprecian inconstitucionalidad no recurran al tribunal correspondiente.
A pesar de ello, creen que es conveniente que el inventario de bienes inmatriculados que se reclama abarque no desde 1998, sino desde 1978, cuando entró en vigor la Constitución. «Hemos denunciado muchas inmatriculaciones de bienes públicos que se realizaron con anterioridad a 1998, de la gravedad de la Seo de Zaragoza o la plaza de la Fuensanta en Córdoba. En ambos casos y similares, la Iglesia ocultó que se trataba de templos, en un evidente fraude de ley y abuso de derecho, porque de haberlo dicho no podría haberlos inmatriculado», señalan. «En el caso de Zaragoza, a la catedral la llamaron ‘monumento’ y en el caso del Pocito, en Córdoba, la iglesia y la plaza pública se registraron como ‘otras dependencias’. Casos tan flagrantes como estos demuestran que, aunque la voracidad inmobiliaria se desató a partir de las reforma de Aznar, la Iglesia ya utilizó esta vía para apropiarse de infinidad de bienes obrando con demostrada mala fe». añaden.
