El Parlamento de Andalucía vota la tarde de este jueves una proposición no de ley que pide al Gobierno de la Junta que recabe la lista completa de las propiedades que la Iglesia católica ha puesto a su nombre en la etapa democrática para reclamar aquellas que se inscribieran en los registros sin una acreditación fiable de que les pertenecían. Se solicita, además, que evalúe el estado en que se encuentran los declarados como patrimonio histórico. Es el cuarto Parlamento regional que solicita algo así. Lo han hecho con anterioridad Navarra, País Vasco y Aragón; esta última comunidad está a la espera de resultados.
La proposición andaluza la ha presentado el grupo parlamentario de Podemos, pero los socialistas han redactado unas enmiendas para modificar en parte esa solicitud: no quieren que sea el Gobierno regional el que se encargue de esta tarea, sino el nacional y que el listado de bienes inscritos por la Iglesia se recabe desde 1998 en lugar de 1978. “Es que Andalucía es una comunidad muy extensa y eso es competencia del Gobierno central, nosotros podríamos hacerlo también, sí, pero otras comunidades lo han pedido al Gobierno de la nación y se lo han dado, es más fácil que lo hagan ellos. No nos resignamos a que el Gobierno se moje en esto, aunque siempre podemos negociar una enmienda transaccional y que lo hagamos las dos administraciones a la vez”, concede la diputada socialista andaluza Soledad Pérez.
El PSOE de la región se resiste, estratégicamente, a tomar esta iniciativa de forma unilateral, a pesar de que desde la Consejería de Presidencia están pidiendo a todos los Ayuntamientos andaluces que inspeccionen los bienes que la Iglesia ha puesto a su nombre en cada municipio, como también solicitó Podemos. Esta tarea no está exenta de complejidad, porque al fin y al cabo hay más Ayuntamientos que registros de la propiedad.
Pero no es cierto que sea una competencia del Gobierno central, como dice Pérez. El Gobierno vasco, a instancias de su Parlamento, acaba de proporcionar un listado de bienes inscritos por la Iglesia que suma más de 530 propiedades. Son las famosas y polémicas inmatriculaciones. La Iglesia, haciendo uso de una ley franquista que concede a los obispos prerrogativas de funcionarios, podía inscribir a su nombre cualquier propiedad, lo mismo una finca, que un local, que un huerto o un polideportivo con solo pedirlo. No necesitaba demostrar que eran propietarios, como se le exige a cualquier ciudadano.
Así lo han hecho desde aquel año hasta convertirse, según los expertos, en la gran inmobiliaria de este país. En 1998, el Gobierno de Aznar amplió ese privilegio al permitir que inmatricularan también los templos de culto y ahora están a nombre de los obispos catedrales, ermitas, iglesias y hasta fuentes y plazas, sin que los Ayuntamientos hayan reparado en ello hasta que los ciudadanos, agrupados en plataformas, han denunciado la “voracidad y el expolio de la Iglesia” y han reclamado bienes que consideran públicos.
Por eso, la enmienda de los socialistas andaluces pone como referencia la fecha de 1998, aunque la proposición de Podemos pide desde 1978, en el entendimiento de que la ley franquista que amparaba a la Iglesia se convirtió en inconstitucional en aquella fecha. “Bueno, es una cuestión estratégica”, reconoce la diputada Soledad Pérez. “Fue Aznar quien complicó todo con aquel decreto de 1998 y la inmensa mayoría de las inmatriculaciones se han hecho desde entonces”, sostiene. Pero eso es imposible saberlo, precisamente porque no se tiene el listado de los registros de la propiedad.
Los socialistas en el Congreso de los Diputados se han negado meses atrás a llevar esta ley hipotecaria al Tribunal Constitucional, como pedían las plataformas de ciudadanos que están dando esta batalla. Eso, dicen en estas organizaciones, hubiera permitido, en caso de ser declarados inconstitucionales estos privilegios de la Iglesia, un colchón jurídico para cualquier Ayuntamiento o ciudadano que quisiera recuperar en tribunales los bienes apropiados. Pero el grupo socialista de Pedro Sánchez no quiso porque no tenían todas consigo de que el Constitucional fallase a su favor. Ahora cada uno pelea por su cuenta. El Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos) acaba de recuperar una ermita que la Iglesia había puesto a su nombre. Otros no lo han conseguido por más pleitos que han iniciado.
Esta legislatura, el PP reformó esa ley para quitar el privilegio a la Iglesia. Los obispos ya no pueden inmatricular nada si no demuestran que es suyo, aunque desde que se anunció han tenido un año entero para acabar lo empezado. Y a algunos el plazo no les ha sido suficiente y han seguido haciéndolo hasta después de que las Cortes modificaran el polémico artículo franquista, en el tiempo de descuento hasta que han entrado en vigor los cambios, como queda constancia en el País Vasco.
Esta tarde el Parlamento andaluz votará la proposición de Podemos. Si al final es el Gobierno central el que recibe el encargo de recabar esos bienes puede que pase como en el País Vasco, que ni siquiera responda. Allí la solicitud era para ambos Gobiernos, autónomo y central, pero solo el autónomo ha hecho los deberes. ¿Qué respuesta esperan los socialistas andaluces del Gobierno en funciones de Rajoy a este respecto? “Bueno, no renunciamos a ello, queremos que se mojen”, dice la diputada Pérez. ¿Y por qué no se moja el Ejecutivo andaluz? “No estamos cerrados, no nos vamos a escaquear, pero el Gobierno ha de implicarse, esto es importante”.
