El Parlamento de Andalucía, con la abstención de PSOE-A y C’s y los votos en contra de PP, ha rechazado la iniciativa de Podemos a través de la cual se instaba a la Junta de Andalucía a solicitar el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia y reclamar la titularidad de aquellos que la jerarquía eclesiástica se ha apropiado de manera irregular. La iniciativa ha contado con los votos a favor de los parlamentarios de Podemos e IU-LV-CA. Pese a ello, la iniciativa se aprobado parcialmente con el apoyo mayoritario a los puntos 2 y 3.
El posicionamiento de PSOE-A ha sido calificado por la portavoz de Cultura de Podemos, Lucía Ayala, como “contradictorio”, toda vez que la iniciativa recogía una proposición presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados en mayo de 2015. “Es insólito que un partido que proclama la igualdad de todos los españoles tolere que haya comunidades autónomas que ya estén reclamando sus bienes públicos usurpados mientras los andaluces vemos como la Junta no hace nada para recuperar la titularidad pública de la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, por señalar patrimonio histórico, así como centenares de iglesias, plazas, caminos o viviendas”.
“En un mismo pleno, el PSOE-A es capaz de dar la espalda a la mayoría social votando contra una ley para frenar los desahucios y, al mismo tiempo, colaborar con los obispos para que sigan haciendo negocios inmobiliarios con bienes públicos y privados aprovechando la alegalidad como si fueran un fondo buitre” ha afirmado Ayala, que ha resaltado la “terquedad” del Gobierno de Susana Díaz que “condena a los andaluces a ser menos que el resto de españoles”.
Por último, la diputada de Podemos ha lamentado el perjuicio económico y el agravio comparativo que el “saqueo sistemático” de estos bienes supone para Andalucía, puesto que la Iglesia no paga impuestos por ninguno de sus inmuebles, a diferencia del resto de ciudadanos de a pie.
Dentro de la misma proposición, sí han sido aprobados los puntos relativos a la elaboración en un plazo máximo de seis meses de un estudio de impacto de las inmatriculaciones en la gestión, conservación y difusión de los bienes incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz; así como la redacción de unas directrices para una correcta presentación y difusión del significado cultural e histórico de los bienes inmatriculados.
