El anuncio de Santamaría sugiere una revisión del sistema de plazos y del acceso de menores La sentencia del Tribunal Constitucional, muy dividido, puede condicionar el alcance
No ha dicho más que lo que dijo Mariano Rajoy en campaña y lo que se escribió en el programa del PP, pero ha sido muy significativo que hoy, ya instalada en La Moncloa, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría haya ratificado el compromiso de su Gobierno de reformar la ley del aborto. Preguntada en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros de la legislatura, Santamaría ha confirmado que se hará "una modificación" de esa norma "en el sentido de preservar el derecho a la vida y garantizar la situación de las menores". Rajoy, ha recalcado, siempre cumple sus compromisos. Y lo ha dicho la vicepresidenta mientras el nuevo Gobierno encajaba su primera manifestación a las puertas de La Moncloa: las de un puñado de activistas, convocados por Hazte Oír y Derecho a Vivir, que gritaban "aborto abolición" sin dar ni siquiera unas horas de margen a Rajoy para abordar este asunto.
Entonces hay reforma a la vista de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010, aunque no se habla de plazo alguno. ¿Qué significa modificar la ley con esos dos objetivos? En primer lugar, obvio, que no se va a derogar completamente la ley para volver a la de 1985, como defendía Rajoy hace no tantos meses, en abril. Será una reforma parcial, lo que no significa menor.
El asunto de las menores es fácil de entender. La ley de 2010 dice que pueden decidir sobre la interrupción del embarazo desde los 16 años y que deben informar de su decisión a sus padres, pero se establece una excepción: en caso de "conflicto familiar grave" pueden sortear el requisito. Dicen las clínicas que es una pequeña minoría la de adolescentes que acuden a sus centros sin visto bueno paterno, pero no existen datos oficiales. Este punto fue uno de los más polémicos en la tramitación del proyecto de Bibiana Aído, negociado hasta el último momento con los demás grupos. Lo que el PP discute no es que las menores aborten, sino que lo hagan sin consentimiento paterno. Lo previsible: se exigirá siempre la autorización de padre o tutor. No afecta al núcleo de la ley.
Lo que nadie ha explicado es qué se puede hacer para "preservar el derecho a la vida". Eso sí implica cambios de gran calado. El Constitucional vivió un agitado debate al descartar una suspensión cautelar de la ley, pero no se ha pronunciado todavía sobre el asunto de fondo: que esta es una ley de plazos, es decir, que durante las primeras 14 semanas la mujer puede abortar sin tener que alegar ninguna razón. Es el gran cambio respecto a la ley anterior, que es de supuestos y obliga a alegar un motivo (violación, riesgo para la madre, malformación). En la práctica, el supuesto del riesgo psicológico era un gran coladero y sirvió a más del 95% de las mujeres que interrumpieron un embarazo. En la práctica, con ley de plazos o sin ella el número de abortos se ha mantenido en las mismas cifras: la ley entró en vigor en julio de 2010, y en el segundo semestre hubo un leve descenso respecto al primero. De un año a otro hubo una variación al alza del 1,3%, tras un descenso el año anterior, pese a lo cual algunos periódicos se empeñaron en afirmar que el aborto se había disparado. No es así: las cifras pueden parecer elevadas (lo son: más de 100.000 abortos al año), pero no tienden al alza sino, ligeramente, a la baja.
El tema en cuestión es la ley de plazos, que no se exija alegar un motivo, aunque sea el modelo dominante en Europa
El tema en cuestión, por tanto, es la ley de plazos, aunque sea el modelo dominante en Europa. En su sentencia de 1985, el Constitucional estableció que el nasciturus es un bien jurídico protegido por la Constitución. A esta idea de que se proteja al no nacido salvo que estén en riesgo otros derechos, se agarra el recurso que el PP presentó contra la nueva ley. Que ayer Santamaría subrayara el objetivo de "preservar el derecho a la vida" hace pensar en que la ley dejara de ser de plazos. El nuevo Gobierno prefiere un modelo por el cual todo aborto se justifica en un motivo. Aunque fuera el coladero del riesgo psíquico.
Una posibilidad para acabar con el sistema de plazos sería suprimir el plazo del aborto por libre decisión (hasta la semana 14 de gestación), manteniendo el aborto por supuestos hasta la semana 22 en caso de riesgo para la madre o malformación (la violación habría que recuperarla, pues no se cita). Después de la semana 22, considerado el límite de viabilidad fetal, la ley solo prevé abortos en caso de malformaciones "incompatibles con la vida", que examina un comité de expertos, lo que es más restrictivo que la norma anterior.
El PP tiene una mayoría más que holgada para reformar la ley si así lo decide. La tarea de elaborar la delicada reforma debería corresponder a la nueva ministra de Sanidad, Ana Mato. Pero lo que diga el Constitucional en la sentencia que tiene que emitir tendría gran influencia en lo que pueda hacer el Gobierno. Sería complicado derogar el sistema de plazos si el Alto Tribunal lo avalara; del mismo modo, una sentencia desfavorable a la ley de plazos puede ayudar al PP a encarar este asunto. Después habría que evaluar qué efectos prácticos tiene la reforma, más allá de obligar a las mujeres que interrumpen su embarazo a alegar que les deprimiría tener un hijo, como hacían antes.
Simpatizantes de Derecho a Vivir han acudido hoy a las puertas del Palacio de la Moncloa para reclamar la derogación del aborto al nuevo Gobierno / J.J.Guillén (EFE)
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