El portavoz de Educación del Grupo Popular, Fernando Rodríguez Porres, rechazó ayer que la Junta de Castilla y León regule sobre los símbolos religiosos en los colegios públicos porque no se trata de «un problema» en Castilla y León y sostuvo, por tal motivo, que la propuesta de la oposición socialista no es «oportuna, ni necesaria». La socialista Ana Redondo defendió una proposición no de ley, en la segunda sesión del pleno de las Cortes, desestimada por el PP, en la que instó a la Junta a regular sobre el asunto de los símbolos religiosos en las aulas públicas, después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, del pasado mes de septiembre, en la que reconoce al Gobierno regional la competencia para revisar decisiones de los consejos escolares en el mantenimiento o retirada de símbolos religiosos en los centros.
Redondo se inspiró en su propuesta en la existencia de un vacío legal y en los derechos fundamentales de la Constitución como el de libertad ideológica, religiosa y de culto tanto a los ciudadanos como a las comunidades, la garantía de igualdad en el acceso a la educación sin que los alumnos sean discriminados por la creencia o no creencia religiosa. Por ello, añadió que la presencia en las aulas de símbolos religiosos discrimina a quien profesa otras religiones o a quien es agnóstico, derechos reconocidos en la norma magna en el fomento de la pluralidad de culto. En tal sentido, manifestó que los crucifijos en las aulas afectan a la libertad religiosa de las personas. Rodríguez Porres replicó que las prioridades de la Junta en materia de educación se centran en la calidad, excelencia, esfuerzo, profesionalidad, lucha contra el fracaso escolar o bilingüismo, y recordó a la procuradora que solicita una regulación que rechazó la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, y el consejero catalán del ramo, cuando surgió el problema del velo de una niña de religión islámica. Por otro lado, el Pleno de las Cortes regionales aprobó ayer, con los votos a favor de la mayoría popular y en contra de la oposición socialista, la propuesta de modificación de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León con objeto de que más de 20.000 empresas e instalaciones no se queden sin amparo legal por no tener la renovación de la licencia el 30 de octubre y unos 2.000 municipios se vean abocados a paralizar su actividad.
