Hace unos días, ante la noticia de que en Castilla La Mancha las clínicas en las que se hacen las intervenciones de interrupción voluntaria del embarazo dejaban de atender las derivaciones del sistema público de salud, debido al impago de este servicio por parte del gobierno regional, algunas organizaciones de planificación familiar y de mujeres, emitimos un comunicado recordando que estamos hablando de una prestación pública que, al menos en teoría, debería ser atendida desde los hospitales públicos.
En estos días, además, estamos teniendo diferentes declaraciones por parte de representantes del Partido Popular que nos informan de su intención de derogar la actual ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, aprobada hace algo más de un año y cuyos efectos aún no conocemos. Se argumenta que no es necesaria y me pregunto ¿Para quién?
Se pueden dejar de pagar las clínicas que realizan la intervención y bloquear esta prestación a través de la objeción de conciencia de los profesionales del sistema público, aún no regulada. Se puede cambiar la ley y volver a poner miles de condicionantes a una interrupción del embarazo para que sólo pueda realizarse en determinados supuestos, algunos de ellos con peores condiciones y garantías jurídicas tanto para las mujeres, como para el ejercicio de la protección del derecho a la vida que debe ejercer el Estado.
Es posible que con estas medidas haya mujeres que no puedan abortar y tengan que seguir adelante con un embarazo que no desean, incluso si añadimos alguna dificultad más puede que esto tenga algún impacto sobre las cifras globales del aborto en España, exactamente, las que se correspondan con las mujeres que no tienen capacidad de reunir unos cuantos cientos de euros para pagarse la intervención y el viaje a cualquiera de los países europeos que tenemos cerca. Es decir, las más pobres, las que tienen menos apoyo de las redes familiares y las más jóvenes, casi me atrevería a decir que por este orden
Bien, si es lo que queremos, porque volver a argumentar que ”…La licitud del aborto practicado durante las primeras semanas del embarazo -sin necesidad de que la mujer tenga que dar ninguna clase de explicaciones sobre las razones que la impulsan a una decisión tan personal- es la única manera de que no se atropellen masivamente sus derechos constitucionales a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a su dignidad y a la libertad ideológica…”, (la frase no es mía sino de Enrique Gimbernat, y forma parte de una tribuna titulada “La secularización del Derecho y el aborto” publicada en El Mundo 06/10/08), empieza a parecerse bastante al día de la marmota.
Como dijo en algunas de sus declaraciones el propio Rouco Varela, no estamos abordando que haya o no abortos. Abortos ha habido siempre y posiblemente los seguirá habiendo – fin de la cita- , porque –añado yo-, desgraciadamente siguen siendo muchas las situaciones sociales en las que una mujer prefiere poner en peligro su salud y su vida, antes que llevar adelante un embarazo que no desea. Estamos hablando de salud sexual y reproductiva, de libertad de elección y de derechos, frente a la doble moral del turismo abortivo para unas pocas, que ya conocemos, o la clandestinidad de la aguja y perejil o el trago del desequilibrio psicológico, para las demás. Hay que trabajar en prevención, y mucho, para conseguir con educación sexual y acceso universal y utilización responsable de la anticoncepción, una disminución, ojalá que definitiva, del número de embarazos no deseados y de abortos. Sólo así ganaremos todas y todos. Pero mientras tanto, de lo que hablamos es de prestación pública para todas o privilegio sólo para algunas; las que se lo puedan pagar. Será pecado, sin duda, pero convertirlo en delito para todas tendrá diferentes efectos: para las pobres condicionará su vida, para las demás, se puede comprar bula.
