Los expertos condicionan que la Iglesia pague impuestos por sus inmuebles a un cambio en la ley de Mecenazgo de 2002 y en los acuerdos con el Vaticano suscritos por España
Mientras el Ayuntamiento de Oviedo acaba de anunciar que subirá el valor catastral de los inmuebles, que supondrá a miles de ciudadanos la subida del IBI, la popular contribución urbana, en la calle crece la polémica sobre si la Iglesia debe o no pagar este impuesto.
Los expertos consultados por LA NUEVA ESPAÑA -sacerdotes, juristas y defensores de una sociedad laica- coinciden en avalar el pago de tributos, pero con matices y siempre que se cambien la ley de Mecenazgo de 2002 y los acuerdos con la Santa Sede. En ese caso, indican que la Iglesia debería abonar el impuesto en las situaciones de edificios que se destinen a usos distintos de los fines sociales a los que corresponden las exenciones vigentes en las relaciones con el Estado.
El Pleno municipal ovetense rechazó el pasado 9 de mayo la urgencia de una petición de IU en ese sentido. La introducción de nuevas cargas fiscales para la Iglesia sí se ha aprobado en Zamora, Palencia y Salamanca, y anteriormente en Italia, donde el tecnócrata Monti lo planteó al llegar al poder.
Las relaciones entre la jerarquía católica y el Gobierno español se rigen por el Concordato con la Santa Sede aprobado en 1979 y la ley de Mecenazgo de 2002, bajo el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero. La Conferencia Episcopal considera un error comparar el régimen fiscal de Italia con el de España, donde la exención del IBI la permite la ley de Mecenazgo, que también se aplica a ONG, partidos políticos y sindicatos.
Javier Gómez Cuesta, titular de la parroquia gijonesa de San Pedro, opina que la Iglesia debe comportarse como todas las instituciones que componen la sociedad. «Por eso veo bien que se paguen impuestos en el caso de inmuebles y edificios que son productivos y no cumplen estrictamente un fin social». Gómez Cuesta se refiere a pisos o locales propiedad de la Iglesia, recibidos a través de donaciones y herencias.
Otra cosa, a su juicio, son los templos y monumentos -en manos de la Iglesia está buena parte del patrimonio histórico-artístico de España-, por ejemplo la catedral de Oviedo. Ahora bien, el párroco de San Pedro matiza que la polémica tiene un origen interesado: «Al final, todo lo relativo a Iglesia se utiliza políticamente, quisiera ver si todas las instituciones que piden el pago del IBI hacen lo mismo con sus bienes». A ello une el afán recaudatorio de los ayuntamientos.
El constitucionalista Ignacio Villaverde destaca el estatus jurídico especial de la Iglesia en España. «La Constitución lo recoge y la ley de Mecenazgo y los acuerdos con la Santa Sede que integran el ordenamiento jurídico español lo refrendan». Añade que esos acuerdos están para cumplirlos y cambiarlos implicaría también modificar tratados internacionales. «Quizás haya que revisar las medidas de exención del IBI y el régimen impositivo especial derivado del Concordato. Es verdad que la mayoría del patrimonio arquitectónico con valor histórico está en manos de la Iglesia o del Ejército».
Ángel Garralda, ex párroco de San Nicolás de Bari, en Avilés, tiene claro que la Iglesia no debe pagar contribución por sus inmuebles. «No es ningún negocio, deben respetarse las exenciones porque se presta un servicio a la sociedad impagable».
El lucro, a su modo de ver, se pone al servicio de la sociedad. «Otra cosa es que se conserven las obras de arte, de propiedad eclesial, un patrimonio que muchas veces se han cargado esos mismos señores, a los que más les valía pensar en los pobres que comen gracias a la ayuda de la Iglesia», asegura.
Fernando Fueyo, titular de la parroquia de El Coto, en Gijón, aclara que los integrantes de la Iglesia pagan impuestos sobre sus rentas como el resto de los españoles. Lo que se dirime en estos momentos atañe exclusivamente al patrimonio inmobiliario. «Si no se paga IBI es porque la ley reconoce que el patrimonio está al servicio de la mayoría de la gente, que por el momento en España se declara católica. Asimismo, señala que los inmuebles de un Ayuntamiento tampoco tributan «porque están al servicio de los demás. Ese trato de favor se extiende a las ONG». Es consciente de que un sector de españoles es crítico con los privilegios de la Iglesia católica. «Pero mientras los acuerdos estén ahí habrá que respetarlos».
Juan Vázquez, ex rector de la Universidad de Oviedo y catedrático de Economía, comenta que los impuestos son un elemento que iguala a los ciudadanos y hace que todos contribuyan en función de sus capacidades. «Todos somos iguales ante los tributos, debemos contribuir en función de nuestras capacidades».
Dicho esto, considera que también pueden y deben establecerse incentivos para quienes retribuyen a la sociedad de otros modos. «La labor social debe ser valorada en función de que realmente lo sea, no sólo por un criterio religioso. Si se exime de un impuesto es porque se da algo a la sociedad, el ejemplo más claro es el mecenazgo, no sólo en la cultura, también en investigación y atención a discapacitados. No por una razón meramente confesional. Con los impuestos se debe contribuir al bienestar social», sentencia.
José Luis Iglesias, presidente de Asturias Laica, es uno de los firmes defensores de que la Iglesia abone IBI. «Nos dicen que debemos agradecer la enseñanza concertada que es más barata, lo cual es falso», señala. En su opinión, Cáritas sale ganando si se gasta 237 millones de euros y se ahorra la contribución». La organización realiza un estudio para cuantificar los bienes de la Iglesia en Asturias susceptibles de pagar IBI. «Teniendo en cuenta sólo propiedades de las que se obtienen beneficios económicos, que no están incluidos en los acuerdos con el Vaticano». Para Iglesias, la institución cuenta con un poder tan grande en España que es inútil querer cambiar su estatus. «Sería necesario instaurar otro tipo de Estado, ahora no es neutral, porque sostiene a una religión con 10.000 millones de euros», recalca.
El catedrático de Derecho Constitucional Ramón Punset remarca que para poder pronunciarse sobre la cuestión del IBI de la Iglesia habría que leerse la letra de los acuerdos de la Santa Sede, «pero los miembros de la Iglesia pagan el impuesto sobre la renta». A su modo de ver , «el IBI es para sufragar los servicios que nos ofrece el Ayuntamiento y nadie puede estar exento de participar en la debida proporción».
Begoña Sesma. Profesora de Derecho Financiero y Tributario, considera que los ayuntamientos no puede desconocer la normativa económica vigente. «Quizá pueda aplicarse el impuesto a inmuebles no vinculados al culto, dependencias parroquiales o seminarios», afirma.
«La Iglesia no debe pagar la contribución porque presta un gran servicio social» Ángel Garralda Cura en San Nicolás (Avilés)
«Todos debemos contribuir en función de nuestras capacidades» Juan Vázquez Ex rector de la Universidad
«La polémica tiene un interés político, como todo lo que afecta a la Iglesia» Javier Gómez Cuesta Párroco de San Pedro (Gijón)
«Los miembros de la Iglesia sí abonan su impuesto sobre la renta» Ramón Punset Catedrático de Constitucional
«El estatus jurídico especial se recoge en la ley de Mecenazgo de 2002» Ignacio Villaverde Catedrático de Constitucional
«Si no se paga IBI es porque ese patrimonio sirve a una mayoría de españoles» Fernando Fueyo Párroco de El Coto (Gijón)
«Tienen un poder tan grande que todo cambio que se plantee es inútil» José Luis Iglesias Asturias Laica
«Tal vez pueda aplicarse a los inmuebles no vinculados al culto» Begoña Sesma. Profesora de Derecho Tributario
