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El Grupo Inmatriculaciones Asturias pide una ley para pasar al Estado los bienes eclesiales

Ayer, 18 de abril, se celebraba el “Día Internacional de los Monumentos y Sitios”. El Día Internacional de los Monumentos y Sitios fue propuesto por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) el 18 de abril de 1982 y aprobado por la Asamblea General de la UNESCO en 1983. El fin es promover la toma de conciencia acerca de la diversidad del patrimonio cultural de la humanidad, de su vulnerabilidad y de los esfuerzos que se requieren para su protección y conservación.

Con ese motivo, el Grupo Inmatriculaciones Asturias envió una nota de prensa recordando que mientras se celebra este día, nuestro patrimonio histórico y cultural está siendo esquilmado y privatizado.

Algunas de las cuestiones planteadas en el comunicado, las refleja hoy el diario El Comercio

R.M. El Comercio

El Grupo de Inmatriculaciones pide una ley para pasar al Estado los bienes eclesiales

La Iglesia Católica inmatriculó a su favor 549 bienes en Asturias desde 1998 en base a la Reforma Hipotecaria aprobada ese año. La norma permitía atribuirse esa propiedad presentando un título de certificación eclesiástica, fórmula que se siguió en la mayoría de los casos. El arzobispo Jesús Sanz Montes asegura haber revisado el listado sin encontrar casos dudosos.

La norma «permitió inmatricular también bienes de culto cosa que, hasta la fecha, incluso durante el franquismo, estaba taxativamente prohibido», opuso ayer en un comunicado el Grupo de Inmatriculaciones de Asturias, que demanda la aprobación de una nueva ley de Patrimonio que permita revertir la situación.

«No es suficiente que los gobiernos central y autonómicos se limiten a informar, tarde y mal, acerca de ello. Es un problema de Estado y, dada su envergadura, requiere de soluciones de Estado; así se apuntaba en los programas electorales, en el acuerdo de gobierno suscrito y en el propio discurso de investidura», manifiesta el colectivo.

La entidad toma como referencia a Portugal y Francia, países donde «se garantiza que, con independencia del uso religioso de dichos bienes y la continuidad de dicho uso, la titularidad de los mismos corresponde al Estado; es decir no son bienes privados sino de toda la ciudadanía». Es lo que reclama al Ejecutivo nacional que refleje en una nueva normativa.

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