El Govern balear prestará apoyo a los municipios «que reivindiquen la titularidad pública» de bienes inmuebles «que han sido apropiados por la Iglesia» mediante inmatriculaciones, ha anunciado hoy en el Parlament la consellera de Hacienda, Catalina Cladera.
Cladera ha criticado el derecho concedido a la Iglesia desde el final de la Guerra Civil hasta el año pasado de inscribir a su nombre en el registro de la propiedad bienes inmuebles «de forma muy dudosa», pero ha subrayado que esta regulación es de competencia estatal y «al final será la justicia» la que resuelva los conflictos que se planteen.
El Govern respaldará a los municipios que acudan a los tribunales, como es el caso de Artà respecto a las murallas y el recinto de Sant Salvador, ha incidido la consellera, que ha apuntado también que «detrás» de la inmatriculación de inmuebles por parte de la Iglesia Católica «hay una evasión fiscal». Cuatro horas después de la intervención de Cladera, su departamento ha emitido un comunicado en el que aclara que la expresión «evasión fiscal» es inadecuada, se disculpa por «las molestias» que puedan haber causado esas palabras y apunta que su intención era censurar «el mantenimiento de ciertos privilegios tributarios que van en detrimento del concepto de justicia fiscal».
La consellera había abordado el tema de las inmatriculaciones en respuesta al diputado de Podemos, Baltasar Picornell, que le ha acusado de «tapar sus responsabilidades» porque los gobiernos centrales del PSOE se ha comportado igual que los del PP en beneficio de la Iglesia. «El PP y el PSOE es lo mismo», ha resaltado Picornell, que ha cifrado en medio centenar los bienes inmuebles que han inmatriculado a su nombre los obispados de Baleares.
