El Ejecutivo aduce el riesgo de conflictos para desplazar la protesta del centro de Madrid – Los convocantes mantendrán la manifestación de no lograr un acuerdo
"No daremos marcha atrás". Los organizadores de la manifestación convocada el próximo día 17 para protestar por la implicación del Estado en la financiación y el desarrollo de la Jornada Mundial de la Juventud, no se dan por vencidos tras la decisión del Gobierno de vetar por razones de orden público los tres itinerarios propuestos para marchar por el centro de Madrid. El Ejecutivo les autoriza a manifestarse la víspera de la llegada del Papa, sí. Pero en un emplazamiento que les resta visibilidad. Y ellos quieren hacerse notar en esta cita que reunirá en la capital a más de millón y medio de personas entre el 16 y el 21 de agosto, según el Gobierno. Las asociaciones convocantes (más de un centenar, entre ellas partidos y sindicatos de izquierda, iglesias católicas de base, el Foro de Curas, Redes Cristianas, los teólogos de la Asociación Juan XXIII y Europa Laica) confían en poder negociar con el Ejecutivo un itinerario acorde con sus deseos.
Si pese a todo persistiese la prohibición, el día 17 se produciría igualmente una concentración ante la sede del Club de Amigos de la UNESCO, en la plaza de Tirso de Molina, a la espera de "acontecimientos posteriores". "Nos reuniremos y expresaremos nuestra posición. Nadie puede aplastar nuestros derechos fundamentales", dijo anoche el presidente de Europa Laica, Francisco Delgado, que espera convocar a 500 personas. El plazo para recurrir la prohibición acabó anoche, sin que se presentase reclamación alguna.
Ha sido la Delegación del Gobierno de Madrid la encargada de emitir la resolución de este conflicto tras estudiar un informe del Ayuntamiento. "La presencia de grupos antagónicos supone una tensión o un reto para la seguridad ciudadana", dice el texto. "La ocupación del espacio público hace inviable el establecimiento de un operativo policial y de emergencias adecuado para garantizar la seguridad de un elevado número de manifestantes", añade. El Ejecutivo apela también a la imagen de la ciudad como argumento para justificar el veto y al derecho de manifestación para explicar las razones del nuevo itinerario propuesto.
La manifestación iba a transcurrir desde las 19.30 a las 21.30 horas del día 17 entre la plaza de Tirso de Molina y la Puerta del Sol, con recorrido por Puerta de Toledo y Plaza Mayor. Como alternativas, los convocantes proponían recorridos muy parecidos, siempre con final en la Puerta del Sol. A última hora, habían aceptado regresar de nuevo a Tirso de Molina, para despejar dudas sobre coincidencias con los indignados del 15-M acampados allí durante semanas.
Este movimiento había anunciado que se sumaría a la marcha, así como a otras iniciativas que protesten contra el gasto público de la visita papal. Según algunos de sus portavoces, las protestas podrían ir desde la "ocupación" de algunos de los colegios públicos cedidos para albergue a peregrinos, a acudir al parque del Retiro mientras Benedicto XVI esté confesando a jóvenes.
El teólogo Evaristo Villar, uno de los convocantes en su doble condición de miembro de la Asociación de Teólogos Juan XXIII y del Foro de Curas de Madrid, hizo notar ayer que el "decreto de prohibición reconoce que los objetivos que se persiguen con la manifestación (proteger la aconfesionalidad del Estado que proclama el artículo 16 de la Constitución, y el no uso de los fondos públicos para subvencionar eventos particulares) están ajustados a derecho". Tampoco se justifica la supresión de la manifestación por el llamado elemento temporal porque, pese a coincidir en el tiempo con la JMJ, no incide ni entorpece "el evento confesional".
Una de las críticas más agrias contra la decisión del Gobierno es que ha cedido a las presiones de la "derecha y el catolicismo más rancios". El Ayuntamiento de Madrid emitió un informe contrario a la convocatoria y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, también del PP, reclamó con energía hace una semana la prohibición de la marcha, calificándola de "manifestación 'antipapa". Pero Europa Laica insiste en que "no lo es. Es una protesta porque el Gobierno financie de diversas maneras ese evento religioso. "Tratamos de mostrar una opinión diferente, pacífica y respetable", afirma Francisco Delgado. No quieren "que se gaste el dinero del erario público para un evento religioso privado", ni que se trate "con honores de Estado" al papa Benedicto XVI. Los organizadores tachan las palabras de Esperanza Aguirre de "totalitarias". "Muestra su lado más antidemocrático y arcaico".