El Gobierno va a hacer un listado de todas las propiedades que la Iglesia inmatriculó a su favor gracias a la reforma legal que impulsó el Ejecutivo de José María Aznar en 1998 hasta 2015. Y luego pretende guardarlo sin más en un cajón, según ha explicado en una respuesta parlamentaria.
Las inmatriculaciones masivas han hecho que, por ejemplo, la mezquita de Córdoba, uno de los monumentos más visitados del mundo, se pusiera a nombre de la Iglesia católica… por 30 euros. Éste, quizá, sea el caso más escandaloso de los más de 4.000 inmuebles que, en virtud de la modificación de la Ley Hipotecaria concedida por Aznar pudieron ponerse a nombre de la Iglesia católica en España en ese periodo. Pero no es el único.
Más de la mitad de los cementerios españoles son de titularidad eclesiástica, lo que –además de un uso fraudulento de la gestión del suelo público, según los expertos– genera pingües beneficios a las arcas de la Iglesia. El «negocio de la muerte» sigue siendo uno de los más estables, y el monopolio continúa en manos de la institución.
Sólo en Córdoba, según la asociación Europa Laica, se inscribieron en este tiempo 180 propiedades. En Pamplona, Asturias o Galicia se estima una cantidad similar. Casi todas las catedrales católicas, muchas de las cuales son patrimonio cultural, fueron inmatriculadas en este período. Así sucedió, por ejemplo, con la catedral de Málaga, «adquirida por inmatriculación» según el Registro de la Propiedad en febrero de 2011.
Desde hace meses, medio centenar de ayuntamientos de toda España se han reunido en la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia, denunciando la «apropiación masiva» de bienes de dominio público por la Iglesia, logrando que capitales de provincia como Oviedo, Segovia, Córdoba, Santa Cruz de Tenerife, Vitoria, Zaragoza, Salamanca, Almería, Málaga o León hayan planteado peticiones para solicitar la devolución de algunos de los templos más famosos de nuestro país. Desde la catedral de Salamanca a la basílica del Pilar de Zaragoza, pasando por las ermitas de Sangüesa en Navarra, la ermita de Aranda de Duero o las murallas de Artá en Baleares.
El Colegio de Registradores
Ahora, y tras las presiones de plataformas por todo el país, y del acuerdo mayoritario del Congreso, el Gobierno ha solicitado «al Colegio de Registradores de la Propiedad una relación de todas las inmatriculaciones llevadas a cabo por vía del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que fue derogado por la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria, desde 1998 hasta la citada derogación».
El Ejecutivo respondía así al diputado socialista Antonio Hurtado, quien desde hace años lleva denunciando la «actitud de rapiña» de los obispos que «ha mermado los derechos y las propiedades de dominio público y, por tanto, del Estado.
Todo ello, sin tener en cuenta que, para las plataformas anti-inmatriculación, el «expolio de la Iglesia» no arranca en 1998, sino en 1946, cuando se aprobó la Ley Hipotecaria. En 1998, en realidad, lo que se hizo fue abrir la posibilidad de inmatricular templos de culto, con lo que la cifra global de bienes puestos a nombre de la Iglesia en los últimos setenta años podría alcanzar los 40.000, aunque todas las fuentes consultadas admiten que sería imposible cuantificarlos.
El anuncio está condenado a ser agua de borrajas. El propio Gobierno de Rajoy ha dejado claro, en la misma respuesta, que considera que «las inmatriculaciones practicadas con anterioridad» a la reforma de la Ley Hipotecaria en 2015 «son plenamente válidas», con lo que «no se entiende procedente realizar ninguna acción» para recuperar bienes inmatriculados por la Iglesia, «por considerarse que no hay ninguna legalidad conculcada». Esto es: habrá próximamente un listado completo de bienes inmatriculados por la Iglesia… pero no servirá para que éstos regresen a ser de titularidad pública.
Para el diputado socialista, resulta «inadmisible que el Gobierno dé por válidas todas las inmatriculaciones sin hacer comprobación alguna sobre los títulos aportados, que deben ser escritura notarial, resolución judicial o resolución administrativa». Del mismo modo, el diputado cordobés incide en que la resolución aprobada en abril instaba al Ejecutivo a «que comprobase los títulos aportados». Sin embargo, «transcurridos los seis meses, nos dicen que la está elaborando, pero no la ha hecho pública y, por otra parte, da por buenas y no cuestiona ninguna de las inmatriculaciones, sin comprobar el título aportado».
Iglesias, terrenos, museos…
Desde hace años, distintas plataformas en favor de la devolución de los bienes expropiados por la Iglesia, llevan denunciando el «negocio inmobiliario» de la institución católica en España que tiene su máxima expresión en la inscripción a nombre de la Iglesia de todos aquellos terrenos, locales y edificios que considerara suyos, con la mera firma del Obispo, que resulta tan válida como la de un notario.
En Córdoba, Pamplona, Asturias, Madrid… han sido muchos los que han reclamado la devolución no sólo de los templos -cuyo uso litúrgico, en ningún caso, se pone en cuestión-, sino de los terrenos anexos, que van desde edificios que hoy se alquilan a terrenos cultivables, bienes de interés cultural o la gestión de los cementerios.
Cabe resaltar que la reforma de la Ley Hipotecaria en la que se basan las inmatriculaciones no sirvió para que cualquier otra institución –o confesión religiosa– reclamara como suyos diversos inmuebles, sino únicamente la Iglesia católica. Por decirlo de otro modo: la comunidad islámica jamás tuvo la más mínima posibilidad de intentar inscribir a su nombre la misma mezquita de Córdoba que hoy, por apenas 30 euros, pertenece a la Iglesia católica.
Los obispos responden
La Conferencia Episcopal, por su parte, que celebra este domingo su Día de la Iglesia Diocesana bajo el lema «Somos una gran familia, contigo», ha elaborado un especial sobre el particular en su portal Xtantos, donde critica cómo «las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia vuelven a estar en boca de todos y eso que durante siglos nadie había puesto en cuestión la propiedad de muchos edificios, porque era evidente a quién pertenecía la catedral de Burgos o una pequeña ermita perdida de cualquier pueblo de España».
Para los obispos, algo similar ocurrió, en su día, con los edificios públicos y los ayuntamientos. «También éstos estaban sin registrar, pero nadie dudaba de quién eran y de quién son. En el caso de los edificios públicos y de los ayuntamientos, es evidente que del pueblo al que sirven. En el caso de los edificios religiosos, la evidencia es la misma: pertenecían y pertenecen al pueblo cristiano en su conjunto, el de ayer y el de hoy, también pertenecerán a los cristianos del mañana».
«La Iglesia solo ha inmatriculado aquellos edificios que en su momento construyó el pueblo cristiano con un fin muy determinado: rezar, celebrar la eucaristía juntos, reunirse, etc. Ha inmatriculado, por tanto, también las casas anexas a las parroquias», concluye Xtantos. Hace unas semanas, y preguntado sobre el particular, el portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, denunciaba el «clima de desamortización encubierta» que se escondía, en su opinión, detrás de la elaboración de dicho listado. «Es una manipulación de un bien de dominio público, subrayaba.
