Patrimonio considera que no hay «indicio alguno» de que el monumento sea público y pasa de puntillas sobre la constitucionalidad de su inmatriculación
La Mezquita de Córdoba se ha convertido en uno de los símbolos más visibles de la lucha de plataformas ciudadanas contra los privilegios de la Iglesia. Y en esa pelea, el Estado acaba de ponerse del lado de la jerarquía eclesiástica. La Dirección General de Patrimonio del Estado, encargada de la defensa de los bienes públicos, no considera que el Obispado de Córdoba haya “usurpado” los más de 22.000 metros cuadrados del monumento, como planteaba un particular en una denuncia que ha decidido archivar.
Patrimonio, dependiente del Ministerio de Hacienda, se coloca al margen del debate asegurando que de su investigación “no ha resultado indicio alguno de que dicho inmueble pudiese ser de titularidad de la Administración General del Estado”. Añade que el único “titular catastral” del monumento es el Obispado de Córdoba y pasa de puntillas sobre la constitucionalidad del artículo de la Ley Hipotecaria que convierte a los clérigos en una suerte de notarios.
El artículo 206 de esta norma franquista de 1946 les ha permitido inmatricular (registrar por primera vez) a su nombre miles de propiedades con un proceso sencillo que distintos expertos jurídicos consideran inconstitucional. La citada Ley Hipotecaria equiparó a la Iglesia con un funcionario para registrar propiedades. En 1998, el Gobierno de José María Aznar extendió este privilegio para que también pudiera aplicarse a los templos de culto. Desde entonces son miles las propiedades de todo tipo —cementerios, huertos, ermitas o catedrales— que han pasado a sus manos.
Solo en Navarra se han registrado 1.087 propiedades con esta fórmula, entre ellas la Catedral. Una estimación realizada por este periódico hace un año con fuentes cercanas al Registro de la Propiedad aludía a unas 4.500 en España, aunque la cifra real no se conoce porque el Gobierno no da datos.
En medio de este debate, en el que las plataformas ciudadanas piden el fin de esos privilegios con carácter retroactivo, el Ministerio de Justicia presentó en abril una reforma de la Ley Hipotecaria que elimina el artículo 206. Pero, además de los meses de tramitación que quedan por delante, ha fijado un año desde su publicación el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que entren en vigor los cambios.
El Obispado de Córdoba registró la Mezquita en 2006 por 30 euros. A finales de 2013 un grupo de ciudadanos crearon una plataforma cívica para exigir que la titularidad y la gestión pasaran a manos públicas y tratar así frenar el intento del obispado de borrar las huellas islámicas del monumento (llegó a borrar el término mezquita de folletos y carteles). Otra Administración, la Junta de Andalucía, ha dado también algún paso en este debate y pidió un informe en febrero que le indique si es competente para pedir su gestión o la titularidad del monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad hace 30 años.
La postura del Estado ha quedado definida por ahora en la respuesta a la denuncia de un particular, Fernando Jabonero, que acudió por su cuenta a la Dirección General de Patrimonio para denunciar la “usurpación” de este bien por parte de la Iglesia. Patrimonio le responde en un escrito fechado el 6 de mayo, haciendo suya la misma referencia histórica que usó el Obispado de Córdoba cuando inmatriculó la Mezquita a su nombre en 2006. Ambos citan que Fernando III el Santo decidió en 1236 que fuera “consagrada y convertida en Catedral”.
“El Código Civil no recoge la consagración de un bien como una de las fórmulas para adquirir una propiedad, eso es solo un acto religioso”, señala Isabel Urzainqui, abogada de la Plataforma de Defensa del Patrimonio de Navarra, el colectivo que ha sido referencia en esta batalla ciudadana contra la inmatriculación de más de un millar de propiedades en la Comunidad Foral y ha conseguido arrebatar algunas de ellas a la Iglesia. Urzainqui considera que los argumentos de Patrimonio para archivar la denuncia por la Mezquita son una “dejación del Estado por no defender un patrimonio público”.
El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pública de Navarra, Alejandro Torres, comparte que la postura del Estado incluye argumentos “más políticos que técnicos”. “Es sorprendente que el órgano que debe defender el patrimonio no se plantee la menor duda sobre la inconstitucionalidad” de las inmatriculaciones, añade. Patrimonio lo zanja señalando que no existe un pronunciamiento contrario del Tribunal Constitucional, que ni siquiera tiene encima de la mesa una petición para analizar este asunto.
“Deberíamos inundar con denuncias las Administraciones hasta que esto se pare»
Fernando Jabonero es un informático que nació hace 56 años en Pastrana (Guadalajara). En esta localidad de la Alcarria empezó su particular pelea quijotesca contra los privilegios de la Iglesia. Descubrió que el convento de Santa Teresa había sido registrado en 1999 por los frailes. Acudió indignado a la Abogacía del Estado para intentar que se diera marcha atrás. El asunto todavía colea. Cuando un grupo de ciudadanos se unieron para reivindicar la gestión pública de la Mezquita de Córdoba, Jabonero presentó por su cuenta una denuncia ante la Dirección General de Patrimonio por la “usurpación” del monumento por parte de la Iglesia. La respuesta no le ha convencido.
Pregunta. ¿Por qué denunció este asunto?
Respuesta. Veía por Internet mucho movimiento alrededor de este tema. Y tras mi experiencia con el convento de Pastrana, consideré que la única vía de intentar recuperar la Mezquita era presentar una denuncia en Patrimonio del Estado.
P. ¿La respuesta le ha convencido?
R. Me ha sorprendido por contradictoria. Por un lado, citan un informe de la Abogacía del Estado que dice que fue el Rey Fernando III quién decidió qué hacer con la mezquita. Es decir, fue el rey el que decidió sobre algo que era suyo y dejó a la Iglesia como gestora. Y luego añaden que no hay nada que hacer. Está llena de incongruencias.
P. ¿La presentó en solitario?
R. Sí, hacerlo solo tiene una ventaja y es que nadie te lleva la contraria. Llevo años investigando y consultando a amigos que conocen el tema y con el paso de los años he adquirido suficiente experiencia para elaborar los escritos y presentar los documentos.
P. ¿Considera que denunciar es una buena vía para los ciudadanos?
R. Lo que deberían hacer los ciudadanos es una revolución, inundar la Dirección General de Patrimonio con miles de peticiones, aburrir al poder hasta que tenga determinación y derogue el artículo de la Ley Hipotecaria que beneficia a la Iglesia. Debemos atosigar a la Administración para que trabaje al servicio del pueblo y no de los partidos y de los Gobiernos en las prerrogativas abusivas a la Iglesia Católica. Es increíble que se persiga más al ciudadano por una multa que a la Iglesia. Te rastrean durante años si no pagas mientras que en el caso de la Iglesia, le dejan que registre propiedades sin pruebas documentales o que campe a sus anchas.
P. ¿Va a responder al escrito de Patrimonio?
R. Estoy preparando una nueva denuncia argumentando que lo que me ha respondido es una broma pesada y no una verdadera argumentación. Desde el punto de vista político, los ciudadanos nos merecemos un esfuerzo mayor por parte de las Administraciones. Patrimonio debería indagar mejor para dejar esto claro y no darle carpetazo tan pronto. Al final resulta que los principales abogados de la Iglesia en todo lo que tiene que ver con sus privilegios y prebendas han sido los sucesivos Gobiernos del Estado.
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