El Gobierno considera que ha llegado el momento de revisar determinados aspectos de la fiscalidad de la Iglesia católica y ha dado un paso al frente para intentar modificar la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. El objetivo principal es establecer que los lugares que gestionan las entidades religiosas y que no están dedicados al culto paguen su correspondiente impuesto sobre bienes inmebles, el IBI. La Conferencia Episcopal, por su parte, explica que si el Ejecutivo cambia el marco legal para ellos también deberá hacerlo para el resto de confesiones y para los sindicatos o las organizaciones no gubernamentales, ONG, entre otras entidades.
Es la vicepresidenta Carmen Calvo quien ya ha reanudado las conversaciones con la Conferencia Episcopal dirigidas a revisar estas cuestiones económicas. En cuanto al IBI, el Gobierno considera que la Iglesia católica debería pagar el impuesto como ya hace en Italia. Fuentes cercanas a las conversaciones indican que en el país transalpino se lleva cobrando esta tasa, conocida como ICI, a los lugares eclesiásticos no dedicados al culto tales como colegios, gimnasios, comedores o viviendas particulares. Lo mismo ocurre en Francia. El objetivo de Moncloa y de Hacienda, por tanto, pasa por que la Iglesia española tribute como lo hace en otros países de nuestro entorno.
Gobierno e Iglesia han acordado constituir un equipo negociador para avanzar en las cuestiones técnicas de la medida. Lo cerraron Carmen Calvo y el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, la pasada semana en una reunión celebrada en Moncloa. Hay que recordar, no obstante, que los trabajos están avanzados y que el Ejecutivo del PSOE en solitario ya planteó durante la pasada legislatura el cobró del IBI a estos bienes directamente a El Vaticano a través de la propia vicepresidencia. Viajó hasta Roma en noviembre de 2018 para hablar con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, que, según fuentes gubernamentales, consideró «razonable» esta reclamación. En este nuevo comité estará presente el número dos de Calvo en Moncloa, Antonio Hidalgo, subsecretario de Presidencia y conocido por ser uno de los representantes del Gobierno presentes en la exhumación de Franco del Valle de los Caídos el año pasado, junto a Dolores Delgado y Félix Bolaños.
Fuentes cercanas a la Conferencia Episcopal explican, por su parte, que el cambio de la ley debería que ser, bajo su punto de vista, para todos por igual. «No queremos privilegios pero tampoco exclusiones«, señalan. Apuntan, por tanto, que, si se cambia la normativa vigente, sindicatos, fundaciones, ONG, federaciones deportivas… y el resto de confesiones religiosas, así como la Cruz Roja deberán también pagar el IBI de los bienes que gestionen. «¿Por qué deberíamos salir nosotros de este régimen fiscal y no otras entidades dedicadas a fines no lucrativos?», se preguntan.
El punto clave que el Gobierno debería modificar para modificar el régimen fiscal especial de la Iglesia es el artículo 15 de la citada Ley 49/2002. En él se puede leer: «Estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los bienes de los que sean titulares, en los términos previstos en la normativa reguladora de las Haciendas Locales, las entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades». En este sentido, las fuentes cercanas a la Conferencia Episcopal añaden que el Ejecutivo de coalición deberá valorar si le es más rentable subir los impuestos a los comedores sociales o que no paguen esa tasa y «que esas ayudas vayan directamente a la sociedad».
La Conferencia Episcopal recuerda también el motivo por el que se aprobó la Ley 49/2002 y los beneficios que aporta la Iglesia a la sociedad: «Cuando aceptas una excepción en un impuesto es por el efecto multiplicador que tiene para la economía». En este sentido, Fernando Giménez Barriocanal, responsable de Asuntos Económicos de la CEE, recuerda que la Iglesia española gestiona más de 3.100 bienes que generan para la sociedad un alto beneficio. Un informe de KPMG lo cifra en 32.000 millones de euros al año.
Otro asunto que el Gobierno quiere dialogar con la Conferencia Episcopal es de los bienes inmatriculados. Hay casi 40.000, según fuentes del equipo de Omella. El Ejecutivo quiere proceder a una revisión de los mismos para «recuperar para el patrimonio público» algunos de ellos. Así quedó reflejado en el pacto PSOE-Unidas Podemos de diciembre: «Haremos las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia basadas en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros».
Moncloa ya ha asegurado que respetará los monumentos y los lugares de culto, tales como la Mezquita de Córdoba, la Catedral de Sevilla o la Seo de Zaragoza. Pero la Iglesia discrepa y considera que todos los bienes que gestiona actualmente son de su propiedad porque han sido registrados de acuerdo a la ley. En este sentido recuerdan que la normativa recoge que si en dos años ningún particular ha reclamado la titularidad de esa propiedad con un título mayor no se podría dar marcha atrás.
En estas conversaciones con el Gobierno la Iglesia sitúa como prioritaria la cuestión de la educación. El proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE) ya ha llegado al Congreso y la Conferencia Episcopal quiere dialogar con el Ejecutivo sobre una normativa que, tal y como fue aprobada en consejo de ministros establece que la asignatura de Religión pierda peso.
Relaciones Gobierno de Sánchez – Iglesia
Las relaciones de la vicepresidenta Calvo y la Iglesia católica son correctas y fluidas. Lo eran con Ricardo Blázquez desde la moción de censura y pretenden seguir siéndolo con Juan José Omella, que se ha estrenado con el Gobierno de coalición. También con la Santa Sede. Las negociaciones siempre han sido discretas. Es el caso del acuerdo al que llegaron ambas partes en relación al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). En junio de 2017 una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) obligó a que la Iglesia tuviera que pagar esta tasa, poniendo en peligro así la exención recogida en el Concordato.
Así, Conferencia Episcopal y Gobierno se sentaron a negociar y acordaron realizar una consulta vinculante a Hacienda para definir cómo hacerlo. Al final, tras varias conversaciones, el departamento de María Jesús Montero estableció que la Iglesia podría prescindir de una parte de esa exención en el ICIO y pagar el impuesto en los casos en los que el organismo lleve a cabo una actividad económica.
El Gobierno de coalición no ha comentado en ningún momento la revisión de los acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979 que dan continuidad al Concordato de 1953. El PSOE sí reflejó en su programa electoral «el cumplimiento del precepto constitucional que establece la aconfesionalidad del Estado y la libertad religiosa» para impulsar «un nuevo acuerdo bilateral entre ambos Estados, basado en el principio de laicidad, para mantener unas relaciones de cooperación moderna con la Iglesia Católica». Sin embargo, en el pacto con Unidas Podemos esta medida desapareció.