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La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 9 de abril de 2024, en Madrid (España). — Ricardo Rubio / Europa Press

El Gobierno endurecerá los criterios para la creación de nuevas universidades ante el auge de las privadas

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha abordado con los rectores en el Consejo de Universidades los retos de agilizar y flexibilizar la burocracia en el sistema universitario.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha abordado con los rectores en el Consejo de Universidades los retos de agilizar y flexibilizar la burocracia en el sistema universitario y en la administración de la ciencia y de la investigación, además de endurecer los criterios para la creación de nuevas universidades.

Morant ha señalado, tras la reunión de este lunes en Madrid, que son conscientes del «gran reto» que tiene por delante, que es facilitar la llegada de los recursos, de la financiación del Gobierno, que «está financiando más que nunca a la ciencia». Según ha indicado, se hará con las universidades y se extenderá también a los Organismos Públicos de Investigación (OPI).

«Por supuesto que el dinero público siempre tiene que tener los controles necesarios, pero no excesivos, de manera que no obstaculicemos el trabajo que tienen que hacer las universidades y los organismos de investigación que es investigar y no hacer tanto trabajo administrativo», ha afirmado. Diana Morant: «Están proliferando universidades que no cumplen con un mínimo de calidad»

Además, ha recordado la creación de otro grupo de trabajo para ser más exigentes en los requisitos de calidad que se pide a una universidad de nueva creación. «Hay preocupación de que están proliferando universidades que no cumplen con un mínimo de calidad«.

Asimismo, la ministra ha anunciado un programa para contratar 3.400 profesores ayudantes en las universidades públicas en los próximos seis años, a los que se sumarán unas 800 financiadas por las comunidades autónomas para llegar a la estimación de 4.200 de plazas que se necesitarían. El programa implica que el Gobierno financie con 150 millones de euros anuales por curso académico.

«Las comunidades autónomas tendrán que mostrar interés»

La ministra ha trasladado a los rectores que exigirá a las comunidades autónomas corresponsabilidad para abordar la Ley Orgánica del Sistema Universitario y en concreto, a las gobernadas por el Partido Popular, para afrontar el Programa para la Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Españolas, que lo ha calificado como «reto inminente».

«Se necesita corresponsabilidad de las comunidades autónomas −ha subrayado Morant− y la próxima semana remataremos el programa y tendrán que expresar su interés; a partir de ese momento les diremos cuántas plazas tendrán y en qué curso se incorporarán» a los campus.

En cuanto a la necesidad de subir las exigencias de creación de nuevas universidades, la ministra ha añadido que existe «una alta coincidencia de que necesitamos hacer más (respecto a lo que ya contemplan las normativas actuales)». «Lo que hemos hecho ha sido emplazar a la semana que viene a la constitución del grupo de trabajo entre el Ministerio y CRUE Universidades (públicas y privadas) para elaborar los nuevos criterios», entre los cuales ha enfatizado el de la investigación.

«Para nosotros es imposible ser universidad y no investigar«, ha recalcado Morant, acompañada por la presidenta de CRUE, Eva Alcón, que no ha hecho declaraciones a la prensa por problemas de agenda.

En cuanto a la transferencia esta semana de la homologación de titulaciones extranjeras en Euskadi, la ministra ha señalado que no hay problema en hacer lo mismo para aquellas que lo pidan. «Si hubiese otra comunidad autónoma que nos pidiera lo mismo, también tendrían la misma respuesta, es decir, que no se ha tratado de una cuestión particular con Euskadi, sino que Euskadi lo ha pedido y si otra comunidad lo pide, responderíamos de la misma manera», ha agregado.

La «única» diferencia entre el sistema de homologación de Euskadi y el sistema español es que el primero solo va a gestionar homologaciones de ciudadanos empadronados en su territorio.

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