“En relación con una gestión compartida” de la Mezquita Catedral de Córdoba “en la que puedan participar instituciones públicas, el ordenamiento jurídico de la Comunidad Autónoma de Andalucía prevé esa circunstancia. Cuestión distinta es que no haya desarrollado o no se hayan puesto en marcha las instituciones creadas a tal efecto”. Así de contundente es la respuesta que ha dado el Gobierno central al diputado socialista en el Congreso Antonio Hurtado. La Junta podría reclamar a la Iglesia una gestión conjunta de la Mezquita Catedral de Córdoba y así lo prevé la ley.
En la respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso este periódico, el Ejecutivo de Mariano Rajoy cita la Orden de 2 de abril de 1986 que aprobó el propio Gobierno andaluz para “la constitución, composición y funciones de la Comisión mixta Junta de Andalucía-Obispos de la Iglesia Católica para el patrimonio cultural, modificado por adenda de 13 de abril de 1999″. Esta comisión mixta se creó, además, para cumplir los acuerdos firmados entre el Estado y la Santa Sede en 1979 y cita “de forma explícita al artículo 15″ de este acuerdo, que prevé, precisamente, la gestión conjunta del patrimonio cultural de la Iglesia Católica.
LO QUE DICE EL ARTÍCULO 15
El artículo 15 dice lo siguiente: “La Iglesia reitera su voluntad de continuar poniendo al servicio de la sociedad su patrimonio histórico, artístico y documental y concertará con el Estado las bases para hacer efectivos el interés común y la colaboración de ambas partes, con el fin de preservar, dar a conocer y catalogar este patrimonio cultural en posesión de la Iglesia, de facilitar su contemplación y estudio, de lograr su mejor conservación e impedir cualquier clase de pérdidas en el marco del artículo 46 de la Constitución”.
El Defensor del Pueblo de Andalucía, Jesús Maeztu, ya instó a la Junta a convocar esta comisión mixta con la Santa Sede para resolver el asunto de la Mezquita Catedral de Córdoba, tras atender las reclamaciones que planteó la plataforma ciudadana cordobesa y que ha recogido miles de firmas.
Ahora, el Gobierno defiende una tesis idéntica a la del Defensor del Pueblo Andaluz. “El Gobierno es partidario de cumplir la ley y lo dispuesto en las normas vigentes, así como de respetar las competencias de las Comunidades Autónomas”, insiste en su respuesta a Antonio Hurtado. No obstante, hace una precisión: “En todo caso, el Gobierno aboga por el uso cultual y el cultural, predominando el primero sin excluir el segundo, tal y como señala la legislación vigente”.
LA ESPINOSA CUESTIÓN DE LA TITULARIDAD
Hurtado no solo pregunta al Gobierno por la gestión de la Mezquita. También lo hace por su titularidad. El Ejecutivo, en una extensa respuesta parlamentaria, plantea que esta cuestión es más complicada, y también cita a los acuerdos con la Santa Sede firmados en 1979. Así, dice que “existe una gran variedad de situaciones en cuanto a la titularidad en los Bienes Patrimonio Mundial, que puede ser pública o privada, compartida, etcétera”.
En el caso de la Mezquita Catedral, “al igual que para el resto del conjunto del patrimonio histórico-artístico español de titularidad de la Iglesia Católica, existe un acuerdo internacional, suscrito entre el Reino de España y la Santa Sede, de fecha de 3 de enero de 1979, sobre Enseñanza y Asuntos Culturales que, entre otros muchos aspectos, prevé la creación de una Comisión Mixta de seguimiento del Convenio”, insiste el Gobierno.
